PROPUESTA DE UNA ECONOMÍA PARA EL SIGLO XXI PARA EL ESTADO ESPAÑOL

-Salida del euro y devaluación drástica de la nueva moneda. La zona euro se ha convertido en el adalid de las políticas neoliberales, por lo que, a menos que hubiera un cambio radical en su orientación, nos perjudica gravemente el permanecer en ella. Ha sido factor clave en la formación de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia y la peor depresión que hemos conocido. Una moneda mucho más débil no sólo favorecerá las exportaciones sino que, mucho más importante, provocará un efecto sustitución sumamente importante al encarecerse las importaciones. Esta salida deberá hacerse de una forma consensuada, si es posible, con la Unión Europea, para evitar rupturas bruscas que no favorecerían a nadie. En cualquier caso, y mientras las directivas europeas no interfieran en el programa económico, el estado español seguirá perteneciendo a la Unión Europea.

-Como la salida del euro hará que la banca endeudada con el exterior quiebre, así como muchas de las grandes empresas, habrá que establecer un programa de sustitución de las funciones de la banca privada por medio de la banca pública. No se rescatará en ningún caso a un banco privado, que deberán ser liquidados de forma ordenada por el Banco de España. Los depósitos serán garantizados hasta el equivalente a 100.000 euros, si es necesario mediante emisiones de deuda que comprará el Banco de España, lo que ayudará a mantener la oferta monetaria. Los servicios básicos serán garantizados nacionalizando las compañías quebradas relacionadas con las telecomunicaciones y energía.

-Auditoría de la deuda. El derecho internacional da cobertura legal a la clasificación de una parte de nuestra deuda como deuda odiosa, ya que la deuda externa del gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe a sabiendas y, por tanto dichos contratos son nulos legalmente. Dicha deuda incluiría los rescates a la banca, los avales a la banca, el déficit de tarifa y el déficit de las autopistas.

-Dado que el nivel de paro es una auténtica catástrofe nacional, habrá que aplicar unas medidas temporales de emergencia consistentes en: reducción de la jornada laboral del 10% para todos los trabajadores que cobren más de 2 veces el salario mínimo, reducción de un 10% de los salarios superiores a 5 veces el salario mínimo, establecimiento de un salario máximo de 10 veces el salario mínimo y desindexación de salarios con la inflación hasta que el paro descienda por debajo del 8%. A continuación éstos se indexarán a la productividad y se subirá el salario máximo a 20 veces el salario mínimo. Debido a que el empleo creado por el aumento de las exportaciones y el efecto sustitución no será suficiente como para reducir el paro hasta niveles razonables será necesario aplicar estas medidas de forma transitoria, con el fin de adaptar la demanda externa causada por la renta nacional a niveles sostenibles y con pleno empleo.

-Establecimiento de un contrato de trabajo único e indefinido, y con una indemnización suficiente como para promover la estabilidad laboral.

-Para evitar que aumente todavía más la desigualdad en un país ya muy desigual como el nuestro, será necesario iniciar una revolución fiscal. Como decía Rousseau, nadie debe ser tan rico como para comprar a otro ni tan pobre como para tener que venderse. Por ello la política fiscal debe tomar dos principios rectores. El primero es favorecer la producción sobre la especulación y la inversión sobre el consumo. El segundo es evitar la acumulación exagerada de riqueza. Christian Felber propone que el salario máximo sea 20 veces el salario mínimo, principio que adoptamos en esta propuesta. Por ello proponemos:
1) Establecer una exención en el impuesto de la renta personal hasta 3 veces el salario mínimo (27.000 euros brutos/año en 2013). Esto compensará la caída de renta producida por el ajuste salarial en los estratos de menor renta.
2) Establecer sólo tres tramos en el impuesto sobre la renta personal: 25% de 3 a 5 veces el salario mínimo, 35% de 5 a 10 veces el salario mínimo y 45% de 10 a 20 veces el salario mínimo.
3) Igualar los impuestos sobre los rendimientos del capital a los de las rentas del trabajo. A partir de rendimientos superiores a 20 veces el salario mínimo se establecerá un tramo único del 65% de tipo impositivo.
4) Eliminar el impuesto de sociedades para todas las actividades productivas para favorecer la inversión. Recordemos que los impuestos finalmente siempre los pagan las personas. Sin embargo este impuesto sí se aplicará a actividades de tipo especulativo para desincentivarlas. Esto será un fuerte incentivo para la inversión de tipo productivo y para la reinversión de los beneficios, tanto para inversores nacionales como extranjeros. Para que la población pueda disfrutar de unos niveles aceptables de renta es necesario incrementar la inversión y el stock de capital productivo.
5) Establecer bonificaciones en las cuotas de la SS a las empresas que contraten doctorados, así como como a aquéllas que exporten en proporción al volumen exportador y las que actúen en sectores considerados estratégicos. Esto favorecerá un sesgo del sistema productivo hacia el exterior y hacia sectores de alto valor añadido.
6) Introducir un impuesto sobre el patrimonio para acabar con la secular distribución semifeudal de la propiedad en un plazo corto de tiempo y evitar una acumulación de riqueza que ponga en peligro las reglas de juego democráticas. Este impuesto tendrá una exención equivalente a 10 veces la riqueza media del país, estableciéndose a partir de ahí tres tramos: 1% para patrimonios entre 10 y 20 veces la riqueza media del país. 2% para el patrimonio entre 20 y 30 veces y 3% para todo lo que exceda de 30 veces.
Como esto hará que muchos grandes patrimonios tengan que vender, habrá que ordenar el traspaso de la propiedad a cooperativas de trabajadores, la parcelación y distribución de las grandes propiedades rurales y establecer medidas para conservar el patrimonio natural actualmente en manos privadas. Si bien es cierto que estas medidas provocarán la fuga de activos financieros de la parte más rica de la población, ello no debe ser motivo de alarma, ya que la cantidad de activos financieros tan concentrados no es excesivamente grande (unos 300.000 millones) y además es de prever que se compense sin problemas por la entrada de capital atraído por las favorables condiciones a la inversión. En cualquier caso se pueden establecer limitaciones temporales a la salida de capital que estuviera en el país antes del cambio legislativo para no desestabilizar el cambio de la divisa.
7) Subir un 50% los impuestos sobre la energía importada y establecer una exención fiscal total para la energía generada de forma íntegra en el territorio nacional.
8) Eliminación de los impuestos sobre la herencia para patrimonios inferiores a 10 veces la riqueza media, aplicando a partir de ahí un tipo impositivo progresivo de entre el 10 y el 30%.
9) Eliminación de los impuestos de transmisiones patrimoniales, para favorecer el reparto de la riqueza que provocará el impuesto sobre el patrimonio y la herencia, la movilidad geográfica y las transmisiones de empresas.

-El déficit público podrá financiarse mediante compras de deuda por parte del Banco de España mientras la inflación esté controlada y hasta que la recuperación de la economía permita que los ingresos tributarios se aumenten.

-Dotación a la Agencia Tributaria de los recursos necesarios para la persecución del gran fraude fiscal, que según los inspectores supone más de 2/3 de éste y se persigue actualmente con muy pocos medios.

-Prohibición de la propiedad privada de los medios de información. La información en una sociedad democrática debe fluir de la forma más libre posible, pues sin información libre no puede haber democracia funcional ni mercado. Al igual que el poder judicial tenemos claro que debe ser público e independiente, lo mismo debe ocurrir con el llamado cuarto poder. Se debe dotar presupuestariamente con unos mínimos a los medios, y la dirección de éstos debe elegirse democráticamente entre candidatos que, al igual que los jueces, no podrán pertenecer a ningún partido político. Estas elecciones podrán celebrarse junto a las locales, regionales o nacionales según el ámbito de difusión del medio.

-Nacionalización de la banca, excepto aquella que esté quebrada, que se liquidará como se ha indicado anteriormente. Dado que la mayor parte del dinero lo crean los bancos, no tiene sentido que se deje una función básica como ésta en manos de grandes corporaciones que dirigirán esta creación de dinero no en función del interés social sino de su propio interés, como se ha demostrado ampliamente a lo largo de la Historia, siendo especialmente sangrante el caso de nuestra burbuja inmobiliaria.

-Nacionalización de todos los sectores básicos de la economía en los cuales no se pueda garantizar la competencia empresarial, como son el energético, transporte público o telecomunicaciones. Sin embargo, en determinados casos se podrá contemplar la regulación de precios como alternativa.

-Cogestión empresarial de todas las empresas con consideración de grandes (más de 6 millones de euros de facturación). Esta cogestión consistirá en la entrada de los representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, con derecho a la información, deliberación y decisión sobre el funcionamiento de la empresa en todos sus aspectos.

-Incentivación de las cooperativas y pequeñas empresas mediante bonificaciones en las cotizaciones a la SS. Penalizacion progresiva de las grandes empresas en este mismo concepto, con el fin de que en los sectores en que sea posible se vaya haciendo la transición hacia un modelo productivo menos alienante y en el que existan menos grandes empresas que puedan eventualmente interferir en el juego democrático.

-Prohibición de publicidad en los medios de comunicación o por cualquier medio que no sea publicidad personalizada a todas las empresas que facturen más de 30 veces la riqueza media del país. En todo caso estará prohibida la publicidad de bienes o servicios dirigidos a un público parcial o totalmente menor de edad.

-Eliminación de las subvenciones a la enseñanza, nacionalizando los centros que no puedan ser mantenidos como privados. Se exigirá la propiedad de los centros privados por parte de profesionales de la educación y se incentivará la propiedad cooperativa.

-Eliminación de cualquier tipo de concierto entre la sanidad pública y la privada. En la sanidad privada será obligatoria la propiedad de consultas, clínicas y hospitales por parte de médicos, ordenándose el traspaso de la propiedad a médicos particulares o cooperativas de médicos por parte de la administración. La salud humana no pensamos que sea un bien con el que se pueda comerciar, sino que está sometida a otras consideraciones.

-Eliminación de las limitaciones a la venta de alimentos al por menor por parte de los productores, que podrán realizar esta venta de forma libre en toda la geografía con un simple permiso municipal. Se incentivará la creación de espacios para que se realice esta venta a nivel local. Se eliminará el oligopolio de facto que sufre el sector agroalimentario obligando a la división de las empresas, ninguna de las cuales podrá tener más del 5% de la cuota de mercado. Se incentivará la creación de asociaciones de cooperativas que tendrán su lugar en los mercados mayoristas.

-Establecimiento de un tribunal de defensa de la competencia con capacidad de acción real y suficientes recursos. Sus sentencias serán de obligado cumplimiento y tendrá capacidad sancionadora, teniendo obligación de investigar las denuncias que se le presenten en un plazo máximo de tiempo.

-Eliminación de regulaciones que suponen barreras de acceso para las pequeñas empresas en todos los sectores posibles y siempre que esta eliminación no suponga un riesgo para el consumidor o el medio ambiente.

-Establecimiento de un programa de reindustrialización en sectores elegidos por un comité de expertos independiente, dotado con fondos equivalentes a un 5% del PIB anualmente, en forma de bonificaciones impositivas a los inversores, bonificaciones a la SS e intereses sobre el capital a las empresas y cofinanciación manteniendo la propiedad pública proporcional a ésta. También se aportará financiación a las empresas que inicien o amplíen la actividad empresarial en estos sectores. Se hará especial hincapié en la previsión de los efectos del cambio climático, el sector energético y el agotamiento de los recursos naturales.

-Establecimiento de un programa público de investigación. Los presupuestos destinados a éste serán equivalentes a un 10% del crecimiento económico de cada año, cuando éste se produzca y se destinará a los mismos sectores decididos por el comité de expertos. Será necesario implementar mecanismos eficaces de colaboración entre el sector público y el privado con el fin de que esta investigación pueda repercutir en incrementos en la productividad de la economía.

-Establecimiento de un programa de ahorro y eficiencia energética para desincentivar el transporte privado e incentivar el público, así como para incentivar el ahorro a nivel empresarial, público y residencial, si es necesario mediante el uso de fuertes impuestos que disuadan del consumo excesivo.