El malestar que ha generado entre la población algunas de las últimas y polémicas actuaciones de la Fiscalía, haciendo albergar dudas sobre si cumple con su mandato constitucional de perseguir “la satisfacción del interés social”, ha cristalizado en una denuncia por prevaricación de los tres últimos fiscales generales del Estado: Jesús Cardenal, Conde Pumpido y Torres Dulce… ante la propia Fiscalía. La denuncia se concibe como primera parte de una estrategia que llevará el caso ante la mismísima ONU, para exponer los hechos a la luz de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, suscrita en New York el 31 de octubre de 2003 y ratificada por España el 16 de septiembre de 2005.

La raíz del problema de las últimas  actuaciones de la Fiscalía, en opinión de AJURA, es la inaudita ausencia en España de la figura del fiscal prevaricador. Cuando cualquier autoridad o funcionario público dictan una resolución injusta a sabiendas son perseguidos por la Justicia por prevaricación, pero no sucede así con los fiscales; para la Justicia española, un Fiscal no puede prevaricar sencillamente porque no existe la tipificación de ese comportamiento en la Ley.

Desde AJURA se afirma que este hecho acaba permitiendo “prevaricar impunemente al Fiscal” lo que “va en contra de la Constitución Española, el derecho internacional y el sentido común”. Así, “la Fiscalía General del Estado se ha convertido en la piedra angular de la corrupción en España. Está defendiendo -con saña- a Infantas, al Rey, a banqueros, a políticos y empresarios corruptos sobre los que pesan indicios de delito… al mismo tiempo que persigue, con idéntica saña, a auténticos “robagallinas””.

Sin embargo, en AJURA piensan que han encontrado una brecha por la que intentar devolver a la Fiscalía a su función original y deslindarla de intereses partidistas. Todo parte de la acusación de la Fiscalía General del Estado de “colaboración al asesinato” a varios combatientes españoles en Ucrania por luchar en el frente. Todo ello pese a que, como afirman desde AJURA, “no hay precedentes en los que se acuse de “asesinato” a unos combatiente en un frente de batalla” y de que hubiesen llegado a un acuerdo de paz amparado por autoridades internacionales. Es el conocido como Minsk II o “Serie de medidas para el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk”, que fue suscrito el 12 de febrero de 2015 entre los Jefes de Estado o de Gobierno de Rusia, Francia, Alemania y Ucrania, y que establece la amnistía para los combatientes.

Los detenidos, que actuaban a título personal y sin representar a ninguna institución, han sido acusados además de “violentar la neutralidad que España ha de mantener en relación a la comunidad internacional”. Son este cargo y el de “colaboración al asesinato” los que, en la opinión de AJURA, revelan una actuación parcial por parte de la Fiscalía, teniendo en cuenta que es la misma Fiscalía que consideró que la actuación del Presidente del Gobierno José María Aznar durante la invasión de Irak “no tiene relevancia penal” pese a “fundamentar con una causa falsa una invasión y dar apoyo a una guerra sin causa, provocando más de seiscientos mil muertos”.

No se despide AJURA sin señalar que “como pago por los servicios prestados, Fiscales Generales como Don Carlos Granados Pérez o Don Cándido-Conde Pumpido fueron premiados por su trayectoria con la Magistratura del Tribunal Supremo, a propuesta de aquellos partidos políticos que los habían anteriormente designado Fiscales Generales.” Con esta accion, AJURA pretende corregir “una legislación que ampara la impunidad de aquellos que administran la Justicia del Estado”.

Más información en ajura.es y avaaz.org

Fotografía de Michael Coghlan