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El futuro de las autopistas en concurso o con serios problemas financieros pasa por los contactos que el Ministerio de Fomento mantiene con las principales constructoras, accionistas de las concesionarias, para acordar un modelo de rescate. El Gobierno pone sobre la mesa la creación de una sociedad que aglutine a las compañías en apuros pero las valoraciones que han trascendido distan mucho de lo que pretenden las constructoras, que es recuperar, al menos, la inversión que ya han llevado a cabo en las infraestructuras.

El Gobierno pretende pisar el acelerador para resolver cuanto antes el asunto de las concesionarias de autopistas de peaje en concurso o con problemas financieros. Sin embargo, la situación actual convence poco o nada a las constructoras, que son las principales accionistas de las sociedades. Los pocos detalles que han trascendido sobre el diseño del rescate a las concesionarias han provocado un serio rechazo por parte de los grupos constructores.

El Ministerio de Fomento deslizó hace unos días que la sociedad que pretende crear para aglutinar a las concesionarias con problemas o que ya han recurrido al concurso de acreedores estaría valorada en poco más de 600 millones de euros y que las constructoras tendrían en torno al 20% de la nueva empresa.

Son cifras que se quedan muy por debajo del horizonte a partir del cual los grupos constructores están dispuestos a hablar. Ese límite se establece en el entorno de los 1.500 millones de euros, que es la cifra que ya han invertido en las autovías de peaje de nueva generación, que se han topado con los obstáculos por todos conocidos: los extremados sobrecostes en las expropiaciones de terrenos, el endurecimiento de las condiciones financieras a causa de la crisis y, sobre todo, las notables caídas de tráficos que hicieron saltar por los aires las previsiones que hacían rentables las nuevas autovías.