Científicos del CSIC exigen al Gobierno un rescate del mayor organismo público de investigación mientras la tensión crece entre el Gobierno y la presidencia del Consejo
Sobre el papel, este no iba a ser un mal año para uno de los mayores centros de neurociencia en España. Sus investigadores analizan las causas de enfermedades degenerativas como el alzhéimer o la demencia y también responden preguntas fundamentales sobre el funcionamiento del encéfalo humano. Este año habían logrado financiación de la Unión Europea y otras instituciones para sus proyectos de investigación por valor de 4,4 millones de euros. Eso permitiría contratar nuevos investigadores durante varios años, renovar equipo científico, crecer. Pero eso era hasta hace una semana.
En una decisión de emergencia, el mayor organismo público de I+D de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha fijado unos escuetos topes de gasto para sus más de 100 institutos, incluido el Instituto de Neurociencias de Alicante. Allí, de un día para otro, los 4,4 millones de euros de proyectos logrados para este año se convirtieron en 600.000, una cantidad que ni siquiera permite llegar a final de año, según denuncia Juan Lerma, director del instituto y uno de los más afectados por las medidas extraordinarias en el CSIC impuestas tras años de recortes continuados por parte del Gobierno actual y el anterior.
“Es un desastre”, resume Lerma, que afronta la gobernanza de un centro con casi 300 trabajadores. “En nuestro instituto necesitamos el doble de este dinero sólo para mantener el personal”. En juego están los contratos de decenas de investigadores cuyo sueldo se paga en cargo a esos proyectos competitivos y que ahora ha quedado severamente reducido, lo que pone en peligro su continuidad. “En todo el CSIC deben estar en peligro miles de contratos, muchos jóvenes pueden irse a la calle y acabarán marchándose al extranjero”, alerta Lerma.
Lo más absurdo es que este movimiento castiga a los mejores. Los grupos de científicos más competitivos, los que el Gobierno ha dicho querer primar en muchas ocasiones, los que logran más financiación de la UE en disputa con otros equipos de otros países son los que ahora salen más perjudicados. También salen esquilados aquellos con más contratos con empresas, un dinero que también queda limitado. Aunque los millones de euros conseguidos existan en el papel, parte no podrán usarlos hasta nueva orden.
El presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, ha dispuesto que, con el dinero que sí deja gastar a sus institutos, se priorice el pago de contratos y la realización de proyectos vigentes ya que, de lo contrario, se podrían perder millones de euros que habría que devolver a Bruselas o Hacienda. Pero el dinero en las cajas no permite hacerlo realidad.
En situaciones así, cada centro recurría a sus remanentes, dinero de proyectos concedidos por la UE o el Gobierno de España del que se conservaba parte para ir pagando gastos básicos e incluso poder contratar algún científico joven más. El martes pasado, en una decisión sin precedentes, parte de esos ahorros fueron cancelados y el resto limitados por decisión del presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo.
La razón: el CSIC, que agrupa a 15.000 trabajadores, 6.000 de ellos científicos, se había gastado ya esos ahorros de sus centros ante la emergencia presupuestaria en que vive desde 2009. Ese año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a recortar la subvención que el Estado aporta el CSIC.