Las relaciones entre España y la Unión Europea tienen como protagonista estelar este verano los activos fiscales diferidos de la banca (DTA por sus siglas en inglés). Se trata de un asunto crucial para el sector financiero español porque se juega 51.000 millones en el envite, según el FMI. Pero no sólo para él: el Gobierno se arriesga a tener que rescatar otra vez a Bankia si no consigue que estos activos sigan computando como capital de primera calidad (core capital), puesto que la solvencia de la entidad caería a mínimos sin ellos. No obstante, la eterna guerra Guindos-Montoro embarra el campo en las negociaciones que lleva la EBA (Autoridad Bancaria Europea): el titular de Hacienda no quiere que este nuevo ‘favor’ a la banca le suponga cinco puntos más de deuda pública al Estado.

Estos activos fiscales son futuros créditos contra la Hacienda Pública (es decir, servirán para reducir los impuestos que deberían pagar los bancos por sus beneficios en el futuro) generados por pérdidas del pasado o, sobre todo, por los gastos anticipados (como  las provisiones dotadas en 2012 por los Reales Decretos ‘de Guindos’ y los saneamientos y gastos de reestructuración realizados desde 2010). Pues bien, la regulación internacional de solvencia conocida como Basilea III, que entra en vigor a partir de 2014, obliga a descontarlos del cómputo del capital. Esto supone restar a las entidades una media del 30% de sus fondos propios, pero en el caso del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, esto supone un 70%….TEXTO COMPLETO