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Adiós al IPC

Mas trampas al solitario, así es como piensan hacer que las cuentas cuadren.

  • El Ejecutivo crea un nuevo indicador que pretende sustituir al IPC para que se tome como referencia y que en los próximos años estará cercano al 0%.
  • Se cambiará la ley de Arrendamientos Urbanos para que el IPC no sea el indicador que se tome por defecto en caso de que no se especifique en el contrato.
  • Es poco probable que el 1 de enero ya se hayan fijado los nuevos indicadores para fijar los servicios regulados como la luz, el transporte o los servicios postales.

Pros y contras

Las desventajas de este cambio de reglas de juego proceden ante todo de la dificultad de la inseguridad que generará el limbo en el que quedarán muchos contratos públicos hasta que se estudie si tienen que actualizarse y cómo. Como muchos de ellos son concesiones a largo plazo, la aplicación de forma retroactiva liberará a las empresas de su contrato, en el caso de que crean que no les merezca la pena. Pero los nuevos licitantes que en los próximos trimestres opten a concursos públicos no sabrán cuál será la revalorización de sus contratos en el futuro.

Por lo pronto, desde Economía reconocen que no existe una ley así en el resto de países europeos. España vuelve así a ser un laboratorio para lanzar este tipo de experimentos, teniendo en cuenta que esta era una de las peticiones de Bruselas. Desde Economía se defienden asegurando que un problema de altos precios como el que tiene España solo se da en algunos otros países del sur de Europa, por lo que no es necesario hacer una ley así.

Las ventajas del nuevo escenario son muchas, sobre todo políticas. En tiempos de contención, de recortes salariales y de congelación de pensiones, que el 1 de enero se estrenara el año anunciando nuevas subidas del autobús o de la bombona de butano hubiera sido, socialmente insostenible. La más que previsible congelación en los próximos años de estos servicios aplacará con mucho el descontento social que están provocando las otras medidas de ajuste tomadas por el Gobierno.

A la larga, la repercusión en los bolsillos de los ciudadanos no es tan certera. El Ejecutivo prevé un ahorro de 700 millones de euros para las familias y una mejora del PIB significativa. Sin embargo, una de las principales razones por las que se toma la medida, la de evitar los efectos de segunda ronda y que el IPC se dispare, apenas se notará. Así, Economía prevé que el IPC apenas se modere una décima con estas medidas.

Por dejar de usar el IPC no se dejará de arañar el poder adquistivo de los españoles. Si la cesta de la compra sigue subiendo (en los últimos meses la educación, la sanidad y los alimentos están particularmente desbocados y no están afectados por esta nueva ley), los españoles tendrán cada vez menos poder adquisitivo. Se llame como se llame….TEXTO COMPLETO

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