No se si creérmelo ya que este no da puntada sin hilo, pero si es así veo por fin algo positivo, aunque si luego indultan a todo el mundo, pues como que no va a funcionar.
Las grandes empresas españolas andan algo agitadas y el motivo no es otro que la reforma del Código Penal impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El texto, publicado en el BOE el pasado 4 de octubre y que se encuentra en plena tramitación parlamentaria, obliga a las empresas a diseñar un plan estricto, plagado de requisitos, paraprevenir posibles comportamientos delictivos por parte de sus empleados, estén en el nivel que estén.
Pero no se conforma con eso. También crea una nueva figura delictiva cuyo objetivo es sancionar penalmente a los directivosencargados de la gestión de esa estructura preventiva, cuando se demuestre que no adoptaron las medidas adecuadas para evitar la comisión de delitos.
El problema es que la valoración sobre si las medidas establecidas en ese plan son o no adecuadas se hace descansar en un principio jurídico muy difuso, “el ejercicio del debido control por parte de las empresas”, lo que ha hecho poner el grito en el cielo a la Asociaciones de Emisores Españoles, el lobbyque defiende los intereses y la seguridad jurídica de las empresas cotizadas.
“Tal y como está planteada la reforma puede multiplicar las imputaciones de consejeros y altos directivos de empresas”, ha advertido el secretario de la organización, Francisco Javier Zapata, en un encuentro sobre la nueva responsabilidad penal de los órganos de gobierno de las empresas organizada por la asociación y patrocinado por la consultora KPMG.
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