Después de este repaso necesario podemos entender que el sistema sanitario español era una máquina que funcionaba de manera ajustada dado su nivel de suministros hasta el inicio de la crisis, cubriendo con servicio de calidad a la población residente e incluso a los no poco asiduos turistas sanitarios (suerte que el parlamento europeo puso coto a esta sangría el año pasado), de modo que la próxima vez que les digan que la sanidad española no es eficiente permítanse arquear una ceja y discutir. 

Como se puede entender, esta situación es trasladable a cualquier «empresa pública» y no dejar de ser una economía de guerra no declarada en la que cada uno se defiende como puede. Veamos las armas en este caso: Por su lado las administraciones central y autonómicas han intentado principalmente impulsar el uso de medicamentos genéricos para ahorrar en el gasto farmacéutico, centralizar en servicios regionales la compra de material fungible para evitar la picaresca de las relaciones comerciales y obtener mejores precios por volumen de compra, y por supuesto, recortar allí donde la gente apenas percibe pero las estadísticas darán cuenta. Los efectos de las primera medida son limitados, debido por un lado a que los visitadores médicos siguen haciendo su trabajo con total libertad (yo diría impunidad)  y a que en realidad un genérico y un medicamento con marca no tienen porqué ser lo mismo, pues aunque compartan el principio activo principal pueden diferir ampliamente en el resto de componentes (excipientes que pueden estar sujetos a patente) afectando por completo la dinámica de efecto y por tanto el criterio decisor del médico y del paciente. La segunda medida está en fase de implantación pero tiene amplias limitaciones, pues si bien sugiere un ahorro potencial, la administración tiene que cargar a partir de ahora con un reto logístico gigantesco que antes se repartían cientos de empresas de productos sanitarios y transportes, condicionado por la infinidad de productos sanitarios existentes y las variables tasas de consumo de los distintos centros sanitarios. En cuanto a los resultados de la última medida quedarán para la posteridad los cientos de profesionales huidos de España por falta de trabajo y las estadísticas. De momento ya tenemos algún que otro santo presuntamente inocente.

Y si intuimos que esta situación solo puede ir a peor por la espiral deflacionaria y de deuda en la que se encuentra la economía, aún se puede agravar un poquito más por algo que la mayoría desconoce: los marcos regulatorios. La adopción de nuevos protocolos y materiales en materia sanitaria es una carrera de fondo que no tiene fin aparente. Que duda cabe de que esta carrera ha tenido efectos beneficiosos en la calidad y efectividad del servicio («que la esperanza de vida media sigue en 80 años a pesar de la vida que nos pegamos, oiga»). Pero nada es gratis y la mejor tecnología sanitaria se paga bien pagada. Evidentemente, a la industria no le cuesta lo mismo fabricar una aguja de toda la vida (aguja, adaptador cónico y capuchón) que la misma aguja con capacidad de autodestrucción (aguja, adaptador cónico y capuchón con partes móviles que bloquean segundos usos), por lo que esos costes aumentados de diseño y fabricación se repercuten en el producto final. Uno puede pensar «compremos agujas de toda la vida entonces», pero es aquí cuando llega la trampa y es que la transposición de normativas de rango europeo obliga progresivamente al sector sanitario a la adopción de materiales modernos en pos de distintos criterios (calidad del servicio, seguridad del operador, seguridad del paciente…). Así que ya sea por intereses lobbisticos de la industria, ya sea por necesidades reales del servicio, la transposición nacional de algunas normativas europeas promete generar un cuello de botella presupuestario nada despreciable a medio plazo del que se está por ver como se saldrá.

Así que después de saber todo esto y sin tener en cuenta aquello que se nos escape, queda claro que en el sector sanitario se desarrolla una autentica guerra de guerrillas económica, en la que los centros médicos diezmados en efectivos se ven arrinconados y hacen lo que sea para mantener el servicio, incluso intentar reciclar o reutilizar material (no se dejen asustar por notas de prensa interesadas de la industria que muchas de esas prácticas son viables y no se realizaban por pura comodidad, confíen en el personal sanitario que se debe a valores humanistas por encima de otros). Suerte tenemos de que la sanidad parece ser lo último en lo que los gestores se permiten meter la tijera, pero la situación no acompaña. Siendo una prioridad fundamental pagar deudas oirán hablar cada vez más de un «copago» que realmente es «repago» (asimétrico, ineficaz e injusto, ¡DI NO!)  o de privatizaciones parciales. De modo que no se acomoden y salgan a la calle a protestar  porque esto se parece cada vez más a una tragedia griega  con frases tan épicas como ésta. Las consecuencias serán nada halagüeñas.

Salud y buena suerte,

SDL.