El Gobierno central profundiza en su ensayo de la ‘ley mordaza’ en Galicia

  • La Delegación gubernamental en Galicia justifica con un “paseo policial” la sanción a la plataforma Queremos Galego por pintadas aparecidas en las calles por las que transcurrió la manifestación del pasado Día das Letras Galegas
  • La plataforma se desvincula de los desperfectos y destaca que las pintadas no tienen nada que ver con lo que se reivindicó en esta movilización, “ejemplo de civismo”.

El Gobierno de España tramita ya en las Cortes Generales suley de seguridad ciudadana, la norma apodada como ‘ley mordaza’ que anticipa un complicado escenario para múltiples organizaciones políticas y sociales e incluso para quien vela por el correcto cumplimiento de los derechos humanos, caso por ejemplo del control de los excesos policiales. Mientras el proyecto del Ministerio del Interior va completando trámites en Galicia varias organizaciones sociales sienten que estan siendo una especie de ratones de laboratorio de lo que está por venir, víctimas de algo semejante a un ensayo a través de unacampaña de sanciones que, lejos de frenarse, no hace más que recrudecerse. El último colectivo que ha tenido noticias de esta apuesta gubernamental ha sido la plataforma Queremos Galego.

Grupos ecologistas, feministas, contra los desahucios o, como en este caso, de defensa de la lengua, describen una mecánica prácticamente idéntica: una vez celebrada una movilización determinada, la Delegación del Gobierno central en Galicia les notifica, apoyándose en la Policía Nacional, una propuesta de sanción por algún tipo de desperfecto realizado en las calles por las que transcurrió la protesta o en su entorno. En el caso de Queremos Galego se le atribuye -a la plataforma, no a personas concretas- la realización de pintadas “sobre cuestiones de las que no tenemos nada que decir o que no entran en nuestras funciones”, explica su portavoz, Carlos Callón. E el caso, por ejemplo, de la plasmación en las paredes de lemas como “el turismo es colonialismo”, por las que el Estado les reclama 450 euros….TEXTO COMPLETO

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