En el último programa de Jesús Cintora se produjo un debate sobre el derecho a una pensión pública entre una Catedrática de economía aplicada, de corte progresista, y un periodista económico de corte liberal. Creo que fue ejemplificador del problema existente en cómo se produce realmente el debate económico en general.

El periodista liberal defendía, con una serie de argumentos matemático-económicos que las pensiones públicas no serían viables a medio o largo plazo. Por contra la catedrática explicaba que la cosa no funciona así, que no existe tal determinación económica del futuro, y que los derechos se mantienen o se consiguen si se lucha por ellos, que la existencia de derechos es una cuestión política. Intentaba amargamente explicar a los ciudadanos que estaban cerca que no se puede enfocar así, que los informes a tan largo plazo no son válidos, y que los derechos, para hacerse realidad, no dependen de los informes económicos, sino de la lucha de los ciudadanos y de la voluntad política.
Estoy totalmente de acuerdo con esta señora.

El discurso económico capitalista acaba siendo, en gran medida, una forma de hurtar a las personas su legitimidad a pedir derechos, a exigir justicia. Para ello, algunos lobbies y partidos y los grandes poderes económicos utilizan previsiones teóricas enfundadas en trajes matemáticos, pero profundamente condicionadas ideológicamente, que siempre dirán que el reconocimiento de derechos efectivos, o las limitaciones a los señoríos propietarios o privilegiados (como el privilegio de monedaje concedido a los bancos), o la protección de valores jurídicos que no sean el dominio individual incondicionado sobre los bienes (como la regulación de protección del medio ambiente), provocarán un colapso económico por un gasto insostenible para empresas, inversores o Estado. Afirmarán, como mínimo, que estas políticas provocarán que los propietarios dejen de permitir que se usen sus propiedades de capital y se las lleven porque no obtienen un rendimiento adecuado.

En realidad, estas previsiones teóricas son sistemáticamente vergonzosas. Algunas, han sido desenmascaradas por otros economistas, como sucedió con el informe Reinhart-Rogoff, del que sus autores acabaron diciendo que hubo un error en la hoja de cálculo, en ese infame trabajo que sirvió de espada a la destrucción de los derechos de millones de personas.
En el caso de las pensiones los informes defectuosos o poco rigurosos se han sucedido durante décadas desde los lobbies bancarios. Las previsiones de estos informes se incumplían una y otra vez, pero cada poco se publicaban nuevas previsiones para convencer a la gente de que no podían exigir su derecho constitucional a una pensión pública, que era inviable. Con esta táctica machacona, el sentido común se fue pervirtiendo hasta que finalmente este gobierno, que se ha dedicado a regalar lo colectivo a los poderes económicos que lo financian, se atrevió a dar el paso en un momento de shock y, escudándose en uno de estos informes, asestó un duro golpe al derecho a la jubilación de millones de personas.

Lo que me sorprende es que, al imponerse una visión economicista, nadie habla de que las pensiones públicas adecuadas son un deber de los poderes públicos impuesto por el artículo 50 de la Constitución “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Sorprende ver a esos políticos que han insultado a los concejales de los partidos del cambio porque juraron o prometieron la Constitución afirmando su intención de revisarla (cosa que está prevista en la Constitución, y por tanto no es contrario a ella), atacar tan alegremente sus deberes impuestos por la Constitución y advertir constantemente a todos los españoles de que no van a cumplir esas obligaciones.

Ya he dicho que considero muy importante democratizar las declaraciones institucionales*, más aún si tenemos en cuenta que constituyen la mayoría de la información que facilitan los medios. Pero en el caso de las pensiones raya lo delictivo. Es una aberración y debería ser un delito que políticos de partidos que dependen de la financiación bancaria y van y vienen (por las puertas giratorias) de los puestos directivos de los partidos a los puestos directivos de esas empresas políticas bancarias (los bancos son entidades de gestión de poderes políticos como señoríos privados, no deberían ser considerados empresas), utilicen sus cargos públicos para hacer declaraciones institucionales en las que chantajean a los ciudadanos para que contraten productos privados vitalicios de esas empresas políticas bancarias, amenazándoles con que ellos les garantizan que no van a cumplir sus deberes al respecto, y van a dejar sin valor su derecho a un sistema público de pensiones suficiente previsto en el artículo 50 de la Constitución Española.

Un ejemplo muy claro de cómo se trata por estos poderes económicos de condicionar o negar los derechos a través de supuestas previsiones económicas que los convierte en imposible está en los derechos laborales y en general todos los derechos sociales (o llamados sociales, mejor dicho), que desde la visión hegemónica, se consideran como derechos condicionados a que la situación económica permita o no financiar su efectividad. La realidad es que no es así. Todos tenemos la experiencia de cómo las empresas mienten sobre sus previsiones para justificar despidos más baratos, esto es algo parecido a mayor escala.
Al final se hurta a los ciudadanos la posibilidad de construir o reivindicar sus derechos. Por eso estas previsiones ideologizadas se presentan como pruebas incuestionables, para hacer creer el lema del neoliberalismo de no hay alternativas.

Pero el problema no es que se mienta en los informes, el problema es que aceptamos no hablar de derechos como derechos sino como mercancías o prestaciones económicas. Nadie dice: vamos a anular la justicia porque cuesta muy cara, o habrá sistema judicial tan solo si la situación lo permite. No. Nadie dice, como la protección de la libertad de expresión es muy cara, o el derecho a una nacionalidad es muy caro, tan solo los protegeremos y reconoceremos cuando haya disponibilidad presupuestaria. No se trata de esto. Los derechos no se debaten económicamente, en torno a supuestas disponibilidades de dinero, sino que se debaten en torno a la justicia y a la dignidad humana que desarrollan. Este es quizá el mayor éxito del neoliberalismo.

La mayoría de las reivindicaciones de los economistas capitalistas tienen que ver con la regulación. Creo que, desde el punto de vista jurídico, el sistema capitalista es un sistema centrado en imponer y absolutizar un modelo de regulación patrimonial con naturaleza similar a los antiguos privilegios. Estoy convencido de que necesitamos una visión jurídica más elaborada y crítica del capitalismo que esas de las que disponemos. Una visión que obligue a hablar de derechos, dignidad y justicia cuando hablemos de pensiones, de trabajo, de servicios públicos, de bienes comunales, etc… Mientras que un debate sobre pensiones se base a cálculos económicos en lugar de reivindicaciones de derechos y de las condiciones de dignidad de una vida digna de ser vivida, no estaremos construyendo discurso en torno a las pensiones como un derecho sino como un producto mercantil, una mercancía.

* Ver artículo Por otra agenda setting: democratizar la comunicación institucional contra el absolutismo del déficit.

Fotografía de amira_a