El que el poder trata de acallar las denuncias contra sus abusos es algo tan viejo como el Estado. Solo tras siglos de luchas se consiguió que existieran unos ciertos niveles de protección para los profesionales de la información, los que nos dedicamos a tratar de mejorar la calidad de esa savia de la democracia que es una libre difusión de la información entre la sociedad. Entre esta información resulta crítica la que hace referencia a la vulneración de los derechos fundamentales y el abuso de fuerza, ya que suelen estar selectivamente dirigidos a aquellos grupos más débiles o bien los que tienen opiniones minoritarias y luchan por cambiar y mejorar nuestra sociedad.
Por ello mismo las tentaciones del poder son siempre enormes para tratar de acallar las informaciones dirigidas a sacar a la luz estos abusos. Esto es lo que les ha ocurrido a los compañeros y compañeras de Izquierda Diario y al redactor y secretario del Sindicato de Estudiantes de Izquierdas de Zaragoza Jorge Remacha, que por este artículo han sido denunciados por la unidad policial de la Zaragoza, al UAPO, por injurias y calumnias graves.
El que por un artículo periodístico en el que simplemente se denuncia la violencia policial y se le atribuyen a algunas de sus acciones motivos racistas los periodistas nos podamos ver ante un juzgado da cuenta del lamentable nivel de degradación que tiene nuestra ya de por sí limitada democracia. La situación en este sentido no hace más que empeorar en los últimos años, por lo que ahora es más importante que nunca denunciar estos hechos y presionar para que no sigan recortándose nuestros derechos. En este caso el derecho a una información libre, sin la cual solo podemos esperar que lo que queda de democracia desaparezca en las próximas décadas.
Todo ésto no es más que la constatación de para qué va a servir la Ley Órganica de protección y seguridad de la ciudadanía (bonito oxímoron) que dió luz después de las bochornosas actuaciones de los FCSE contra una ciudadanía que no acepta, por las buenas, la acelerada pérdida de derechos que sufre desde que comenzó la crisis.