Desconecten sus diarios y televisiones. Cada cual la suya. Ya se sabe que en este país por encima de la razón y la justicia se razona (es un decir) y se actúa siempre en clave del contrario. Primero son los prejuicios y después encontrar alguien que me los desarrolle y así poder utilizarlos contra mis enemigos como arma arrojadiza, preséntalos como ideas propias.

Valga el preámbulo para lo que sigue, sabiendo de antemano que tengo la batalla perdida.

Estos días van a asistir ustedes a una nueva guerra de los medios y los partidos políticos a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, institución esta consagrada en nuestra constitución. Los unos no querrán renovarlo y exigirán que todos sus miembros sean elegidos por mayoría parlamentaria cualificada de 3/5, como hasta ahora, habida cuenta ya disponen de la mayoría e inmoralmente a pesar de estar en funciones (su renovación que ya tocaba, se ha visto dilatada casi dos años) van nombrando a todo lo nombrarle y colocando a los suyos en las altas magistraturas; los otros querrán que la mitad de sus miembros, se designen por mayoría absoluta en el parlamento, es decir, la mitad más uno de los parlamentarios, para colocar a los suyos también, claro. Y finalmente aparecerá en escena el tercer partido político- pues así hay que designarlo- que esgrimirá como sello de independencia que son ellos los propios jueces y sólo ellos, los que deben elegir a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

En síntesis, los dos partidos políticos mayoritarios y sus aliados, quieren colocar a los suyos; y la casta corporativa de los propios jueces, pretende designar a 2/3 partes de los miembros del consejo eligiéndolos ellos mismos. Y no el 100% porque la constitución no lo regula así, pero ganas no les faltan. Mientras tanto el pueblo, que es el que paga, atónito y viéndolas venir. Todos hablando por él, pero sin él, como en el despotismo ilustrado, sólo que en nuestro caso es mejor dejarlo en despotismo a secas.

Como el artículo 117 de la Constitución española dice que el Poder judicial emana del pueblo y es administrado por jueces independientes, les voy a dar la receta para que así sea y nos evitemos el circo, la guerra de los trileros y las llamadas al orden de la casta corporativa.

Empecemos por decir que el mismo Consejo General del Poder Judicial sobra total y absolutamente, y ya de paso nos ahorramos a sus miembros, sus muníficos sueldos y a toda la pléyade de funcionarios que lo componen. Ello requería una reforma constitucional.

Las actuales funciones del Consejo son la proveer las plazas, ascensos y destinos de los jueces, y efectuar los nombramientos en la alta magistratura (Tribunal supremo, presidencia de audiencias, Tribunales superiores de Justicia, etc), así como también suspender y sancionar a los mismos jueces a través de las labores de inspección por las faltas que estos pudieran haber cometido en el desempeño de su trabajo.

Yo digo al respecto, que ambas funciones podría administrarlas el Ministerio de Justicia.

No se pongan nerviosos. Y vayamos a las competencias y empecemos por la disciplinaria.

Capacidad disciplinaria quiere decir, en intima conexión con la inspección, corregir las faltas en el trabajo, por no respetar a sus subordinados, por ausentarse sin permiso, por llegar tarde al trabajo o incurrir en demoras o retrasos injustificados en la tramitación de los litigios, etc, etc. Esta facultad nunca por supuesto comprende, el dictar providencias o sentencias,de cuyo contenido el juez debe ser absolutamente independiente y dictar la resolución que mejor le parezca, aunque se la revoque luego un tribunal superior.

Supongo que esto habrá quedado claro.

Otra garantía más de independencia judicial: Los actos que dicte el Ministerio de Justicia en el orden disciplinario, por supuesto que podrán ser recurribles ante los mismos tribunales y si han sido desacertados podrán ser anulados por estos. Es lo mismo que me sucede a mi cuando me imponen una multa de tráfico. No me queda otro remedio que irme a los tribunales. No van a ser ellos distintos.

Y ahora vayamos a la segunda competencia del consejo. Esto es, promover los destinos, los ascensos y nombramientos de las altas magistraturas.

Igualmente podría hacerlo el Ministerio de Justicia, sin perjuicio de que sus decisiones pudieran ser revocadas por los tribunales mismos, previo recurso contra sus decisiones o resoluciones.

En este orden de cosas, es decir, cubrir los destinos, las plazas, ascensos y nombramientos, lo mejor sería aprobar con rango de ley un baremo de puntos -al que quedaría sometido el Ministerio de Justicia- de lo más objetivo para que los diferentes postulantes a plazas y destinos dentro de los mismos jueces pudieran ser elegidos en preferencia unos sobre otros.

Por supuesto que mejorable, pero ahí va una propuesta de baremo.

1.- Un punto por cada año de antigüedad del juez o magistrado en el desempeño del servicio.

2.- Dos puntos adicionales por el título de doctor en derecho librado por cualquier universidad pública española o de la UE.

3.- Un punto adicional más, por cualquier lengua escrita y hablada, aparte de la propia. Requisito sería el grado de cualquier filología del idioma concreto expedido Universidad Pública o la misma Escuela oficial de Idiomas. Varios idiomas hablados sólo podrían puntuar el techo del punto.

4.- Y finalmente, un punto más, por la obtención del título de grado en Universidad pública de cualquiera de las siguientes carreras : Economía, Sociología, Ciencias Políticas o Filosofía y Letras en cualquiera de sus ramas. Varias carreras de las citadas tendrían como techo un solo punto.

A igualdad de puntos, decide el sorteo.

Al fin y al cabo en la antigua Grecia los padres de la democracia, cubrían mayoritariamente las altas magistraturas por sorteo.

De paso y ya para que los opositores emanen del pueblo y no sólo de una parte de él, como ahora ocurre, resultaría necesario dotar de becas- pues hoy no las hay- a todos aquellos opositores que se postulen a la plaza de juez o fiscal. Al menos suficientes para concurrir a dos convocatorias, y en todo caso por cinco años de duración.

Según recientes encuestas, los últimos jueces que aprobaron la oposición confesaron haber empleado un promedio de 4,5 años en preparar la oposición y así mismo, el 98,5 % de ellos también confesaron que fueron sus papás quienes les financiaron la preparación de la oposición ( textos, preparadores y la vida misma, vivienda y manutención, y eso después de haber obtenido el grado de Derecho en cualquier Universidad.).

Pienso que con esta propuesta nuestros jueces sí emanarían del pueblo ( de todo él) y sí serían independientes. Por dos razones: habrían dejado de ser de una sola clase en su origen y ya no dependerían de los partidos políticos en sus destinos o ascensos.