Constitución Española
Artículo 21
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
(…)

La aprobación el pasado viernes 11-7-14 del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y su paso al trámite parlamentario ha supuesto una conmoción entre los movimientos sociales y los activistas políticos de todo el espectro progresista.
Para jueces, fiscales y abogados, la “Ley Mordaza resulta”, cuando menos, problemática: el presidente del Consejo General de la Abogacía asegura que tiene “aspectos anticonstitucionales”, el portavoz de Jueces para la Democracia dice que se trata de “un instrumento para poder acallar las críticas sociales” y la Unión Progresista de Fiscales denuncia su “marcado carácter represivo”.
Con este acuerdo unánime en el ámbito profesional a la hora de calificar el Proyecto de Ley, los ciudadanos de a pie debemos esforzarnos en entender sus motivos de crítica, investigando entre todo lo publicado durante estos meses (más de seis) y tratando de entender un lenguaje legal que nos es ajeno en muchos casos. Es nuestra obligación como sujetos políticos afectados por la aplicación de dicha ley.
Desgranemos algunas de las opiniones que se han vertido en los últimos días desde los ámbitos profesionales de la abogacía, la judicatura y la fiscalía: para Jueces por la Democracia el proyecto pretende impedir determinadas críticas, que son especialmente incómodas para el poder político, a costa de restringir libertades. En un comunicado, esta asociación asegura que el texto no está justificado por la realidad social, puesto que “no existen problemas relevantes de seguridad ciudadana” en España. Con esta ley, explica el comunicado, “no se produce ninguna protección de la seguridad ciudadana, sino que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales”. Para ellos, las retenciones, identificaciones y cacheos tienen aspectos de “dudosa constitucionalidad” y califican de “desorbitadas” las cuantías económicas de algunas sanciones contra diversas formas de ejercicio del derecho de manifestación, del derecho de crítica y de la libertad de expresión. La Unión Progresista de Fiscales ha rechazado el “marcado carácter represivo” de este Proyecto de Ley y ha considerado “insuficientes” los cambios incluidos en la propuesta del Ejecutivo para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, todo ello enlazado con la modificación del Código Penal y la Ley de Seguridad Privada. Según los fiscales, en la nueva ley, hay una confusión entre seguridad ciudadana y orden público y una tendencia policial muy acentuada, sin garantías para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por otro lado, en el ámbito de lo contencioso-administrativo, el ciudadano tendrá que pagar tasas judiciales, además de abogado y procurador, y perderá garantías, puesto que habrá una presunción de veracidad de los actos del funcionario público, que no existe en el caso de un juicio penal. El Presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha dicho que este proyecto de ley tiene aspectos “inconstitucionales” y que velarán por los derechos de los ciudadanos e intentarán que “en el trámite parlamentario de la ley se los oiga” y “se les permita comparecer”.
Desde otros ámbitos profesionales también se han criticado duramente la futura Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal: en palabras de Endika Zulueta, miembro de la Asociación Libre de Abogados, el CP es el código represivo por excelencia, encaminado a enjuiciar a la población más pobre y más disidente con la actual situación socioeconómica. Convierte a las cárceles en sitios donde está la gente más depauperada y más sola. No se está criminalizando los hechos, sino las personas. No es tan importante lo que uno hace, sino lo que uno es. Si se es pobre, inmigrante, se vive en determinados lugares y se viste con una ropa característica, se es objeto de sospecha e interviene el Estado con su mecanismo policial-judicial. Es decir, hay una presunción de culpa. Sin embargo, lo que hacen las personas de las élites favorecidas nunca es delito, pueden desalojar a la gente de sus casas, pueden estafar… la posibilidad de que cometan un delito es difícil porque no está tipificado como tal. A este respecto debemos señalar el aforamiento de unos 10.000 cargos públicos y como colofón, el de la familia real casi al completo. Se puede hablar de doble rasero, sin duda. Las reformas del Código Penal persiguen la disidencia política, por más pacífica que esta sea, a través de la superprotección de la autoridad. Se considera delito el atentado a la autoridad, la resistencia a la autoridad, la desobediencia a la autoridad, la desconsideración debida a la autoridad… “El Gobierno teme a los movimientos sociales como agentes políticos con los que tratar de tú a tú y por eso los criminaliza con la excusa de la violencia”. Se está legitimando la represión policial como una herramienta para resolver los problemas (Entrevista de Eduardo Azumendi para eldiarionorte.es). La Ley de Seguridad Ciudadana, en opinión de Jaume Asens, abogado vinculado a movimientos sociales y autor del libro “La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta”, es una ley que intenta aplicar un estado de excepción encubierto para que el espacio público deje ser un espacio de protesta. El deseo de la alcaldesa de Madrid de limitar las protestas en el centro de la ciudad se enmarca en este contexto. El Gobierno, con esta ley, no está teniendo en cuenta que no hay democracia sin protesta, que la protesta es la base de la preservación del resto de derechos. Básicamente, lo que quiere es convertir el miedo en el núcleo de la vida cotidiana de los ciudadanos. Es una política que busca consolidar el miedo como fundamento del régimen. Todas las infracciones de la norma están pensadas en las diferentes expresiones del 15-M. Lo único positivo es que no deja de ser una reacción de miedo, un gesto de debilidad del Gobierno, como cuando las dictaduras reprimen porque ven que están perdiendo el control. El 15-M y la PAH han hecho más oposición que muchos partidos políticos. Han conseguido que el miedo cambiara de bando. La deslegitimación del régimen se ha logrado desde la calle, y ahora lo que se pretende es hacer un cambio de las reglas del juego. Hay actividades que antes estaban toleradas y ahora dejan de serlo, además del endurecimiento de las que ya estaban reguladas. Algunas tienen un sesgo ideológico muy claro, como aquello de las ofensas a España, un concepto muy indeterminado y muy peligroso porque depende de quien lo interprete. Una bandera independentista o republicana puede ser una ofensa a España. También se está reforzando el ámbito de discrecionalidad y la impunidad policial. La reforma lleva determinadas protestas, los rodea al congreso, los escraches, donde los jueces no les han dado la razón, a la vía del derecho administrativo para esquivar el control judicial. La mayoría de personas que protestan no cometen delitos penales, por eso, para ellos, “se impone ahora el derecho administrativo del enemigo”, porque el régimen considera a los activistas sociales, no sin razón, sus enemigos.
Fuera de nuestras fronteras también la “Ley Mordaza” ha tenido repercusión: el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha mostrado sus dudas sobre el borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana, así como su disposición a tratar el tema con las autoridades españolas si las cosas van más lejos. No quisiera ser pesimista, pero un Gobierno que “torea” a la Troika en materia económica, falseando sus cuentas, sus estadísticas y sus resultados, no tendrá ningún problema en hacer una pantomima creíble ante el señor Muiznieks. Espero equivocarme.
Desde diversas plataformas sociales se lleva meses trabajando en el análisis de la documentación disponible sobre esta ley, así como llevando a cabo diversas acciones de denuncia al respecto. Haré especial mención a la plataforma No Somos Delito, con la que colaboro en la medida de mis posibilidades, cuyo documento de análisis cito aquí como referente, ya que cuenta con el aval de la Asociación Libre de Abogados y de asesores de Green Peace y Amnistía Internacional. Actualmente apoyan a No Somos Delito más de 70 organizaciones de todo tipo, lo que la convierte en el símbolo más amplio de la lucha contra la “Ley Mordaza” (http://www.nosomosdelito.net/)

Desde Alternativa Socialista queremos mostrar nuestro total desacuerdo con este Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Los motivos ya han sido expuestos ampliamente, aunque lo más importante es que, bajo una apariencia de atenuación de las penas, se esconde un intento de cercenar los derechos básicos, como son los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión y opinión, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 19 y 20.
El paso de todas esas materias de la vía penal a la vía administrativa, lejos de constituir una mejora para las libertades, supone una suspensión de las mismas. La vía penal garantiza a los ciudadanos un juicio justo, un abogado defensor y, lo que es más importante y pilar fundamental del estado de derecho, la presunción de inocencia. El tratamiento de todas estas materias por la vía administrativa supone, de facto, la supresión de la presunción de inocencia. En la vía administrativa prevalece la carga de autoridad y la única manera de evitar la sanción es recurrir por la vía contencioso-administrativa, donde el supuesto infractor deberá demostrar su inocencia. Esto, tras la aprobación de las tasas judiciales, hace especialmente difícil el acceso de los ciudadanos con recursos económicos medios a las debidas garantías procesales.
La lista de supuestos sancionables con multas de entre 30.000 y 600.000 € es una enumeración de todas las actividades de protesta y reclamación de derechos sociales que los ciudadanos, representados por los movimientos sociales, venimos ejerciendo en los últimos años. Es por esto que, desde Alternativa Socialista, consideramos que este Proyecto de Ley está diseñado para acallar y criminalizar la protesta social en todas sus formas.
Su aprobación definitiva por las Cortes supondría la desaparición del estado de derecho y la pérdida de garantías que, incluso una constitución defectuosa e insuficiente como la del 78, recoge entre los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sería un paso hacia un sistema autoritario. Nos encontraríamos ante una Dictadura Civil con apariencia democrática. Por todo ello, participaremos en todas aquellas acciones que surjan encaminadas a paralizar su aprobación.