Hay una diferencia entre los que están enterrados en cementerios y los que siguen en las cunetas. No puede haber equidistancia. Pero, aún siendo este punto el más doloroso de los que afectan al Movimiento Memorialista en el Estado Español, no es el único. No sólo se trata de hacer justicia a las víctimas y de buscar reparación para sus familiares. Lo más importante es la búsqueda de la verdad. Una verdad que se ha hurtado a la ciudadanía desde el 18 de julio de 1936, hace ahora 80 años. La sociedad ha conocido la “verdad” de los vencedores y sólo una versión edulcorada. Quienes ahora hablan de buscar el consenso en materia de Memoria Histórica lo hacen, en el mejor de los casos, desde la ignorancia, y en el peor, desde la complicidad. Porque, como afirmaron desde Ganemos Madrid en su comunicado de mayo, “…la búsqueda del consenso debe primar en los espacios democráticos de actuación colectiva, pero es inadmisible en el caso que nos ocupa. Se trata de un golpe militar contra un Gobierno democrático, que se prolongó en un régimen que masacró a sus opositores, víctimas que aún continúan esperando justicia y reparación. Puede ser legal, sobre todo porque la legalidad la impusieron sus sucesores, pero jamás será justo ni legítimo buscar el consenso con el terrorismo de Estado”.

Quienes nos hemos interesado mínimamente en investigar sobre la guerra civil, la dictadura y el régimen del 78 sí que tenemos unos consensos de mínimos:

1.- La guerra civil la inició el golpe militar del 18 de julio de 1936, contra el Gobierno del Estado democráticamente constituído. Al contrario que golpes militares anteriores, que nuestro Estado tiene un largo historial, éste no triunfó, por lo que el empeño de los generales rebeldes en disputar el poder al Gobierno legal fue la causa real de la guerra. Les costó cuatro años de muerte y destrucción derrotar al Estado Democrático.

2.- El golpe militar del 18 de julio estuvo relacionado con una reacción de la iglesia católica y de la oligarquía española ante el triunfo en las urnas de un Gobierno de izquierdas, ante la posibilidad de perder sus grandes privilegios.

3.- Las grandes potencias occidentales apoyaron a los militares rebeldes ante el temor de que el Estado Español entrara en la órbita soviética, lo que inclinó la balanza del lado de los golpistas. La “neutralidad” de Franco en la guerra europea debe leerse en ese contexto.

4.- Tras la guerra, el régimen franquista represalió brutalmente a los vencidos y a sus familias, en un intento por erradicar la “contaminación de izquierdas” de la sociedad. Se ensañó especialmente con las mujeres, doblemente castigadas, por rojas y por querer ser libres del yugo del patriarcado. No olvidemos que las primeras medidas de liberación de la mujer se dieron durante la II República. En muchos casos, la dictadura las separó de sus hijos como castigo. Los niños eran llevados a instituciones religiosas donde el maltrato, rayano en el sadismo, era la norma, o directamente eran dados a otras familias si eran bebés, de forma totalmente ilegal. Otro tema espeluznante es el de los niños esclavos, que eran entregados para trabajar a cambio de comida y techo.

5.- Durante el franquismo, la iglesia católica fue un apoyo fundamental para el dictador, ejerciendo tareas inquisitoriales que permitían el control férreo de la sociedad dentro de los cánones de la moral nacional-católica, así como labores de propaganda y loa del régimen franquista. A cambio, obtuvieron puestos de relevancia cerca del dictador y prebendas y privilegios, como el quasi monopolio de la enseñanza y de la sanidad. Sólo el desarrollismo de los 60 amplió la oferta educativa estatal y estableció la red sanitaria de la seguridad social. La situación actual de la iglesia sigue siendo de un privilegio inadmisible en estos campos.

6.- Durante la dictadura, las oligarquías recibieron su recompensa por el apoyo al golpe de estado: puestos de relevancia, redes clientelares, corrupción generalizada. Lo más sangrante es la utilización de más de 60.000 presos republicanos como mano de obra esclava, lo que propició el enriquecimiento espúreo y manchado de sangre de muchas de las empresas que hoy cotizan en el IBEX35. Esta posición dominante se consagró durante la transición, con el resultado de corrupción generalizada que todas y todos conocemos hoy y que no es más que el resultado de la herencia del franquismo en los sistemas financiero y empresarial del Estado.

7.- A la muerte del dictador, la transición al régimen del 78 y el famoso consenso fue sólo un ejercicio de fuerza de los poderes del franquismo sobre los restos de la oposición a la dictadura. La aceptación de la Constitución, la imposición de la monarquía, los privilegios de la iglesia y de las clases dominantes, fueron la segunda victoria de la derecha sobre la izquierda. El “todo atado y bien atado” es la mejor forma de expresar lo sucedido en la transición.

8.- En materia de Memoria Histórica, hubo un tímido avance al principio de la transición, cuando pudieron exhumarse víctimas sin demasiados problemas y se abrieron algunas fosas. Sin embargo, alguna alarma debió de encenderse en algún despacho, puesto que una sucesión de acontecimientos aparentemente inconexos, debilitó las posibilidades de las familias y llegaron a pararse las aperturas de fosas y las exhumaciones. Esa sucesión de acontecimientos fue: 23F, victoria de F. González, OTAN de entrada no, pero sí, la reforma laboral y alguna otra merma de derechos. No está clara la relación, pero lo cierto es, que, tras un inicio prometedor al principio de la transición, todo quedó paralizado: las medidas legales, la apertura de fosas, las exhumaciones. Hubo tímidos guiños cosméticos, como el cambio de nombre a las avenidas de José Antonio o del Generalísimo en muchas ciudades, pero lo sustancial, ofrecer la verdad, justicia y reparación, quedó paralizado. Más recientemente, en la legislatura de Zapatero, se promovió la insuficiente Ley de Memoria Histórica, nunca aplicada hasta la llegada de nuevos ayuntamientos progresistas en 2015, y aún así no en todos. Para muestra, el Ayuntamiento de Madrid. En noviembre de 2011 la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos entregó las conclusiones del informe que le encargó el Gobierno de Zapatero. Rajoy ya había ganado las elecciones y el Gobierno en funciones dejó el informe en un cajón pidiendo al Partido Popular que no se olvidara de él. No se ha vuelto a saber más.
Por todo ello, la postura coherente frente a la propuesta de consenso en materia de Memoria Histórica que hace el Ayuntamiento de Madrid, se ciñe a lo que afirmó Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: “Nosotros estamos hablando de derechos humanos y estos ya tienen un consenso, que es su propia existencia. El consenso exactamente se llama derechos humanos y eso no se discute”.

Hablemos ahora de los factores que han determinado que estemos en la actual situación. Por un lado, las fuerzas mediáticas y los meta historiadores del régimen han construido un relato muy conveniente para enterrar esta necesidad histórica, de modo que a las memorialistas se nos tacha sin rubor de antiguallas, revanchistas, rencorosas y otros calificativos de ese jaez. Sin embargo, en los últimos años, el movimiento memorialista ha cobrado fuerza. Según Francisco Ferrándiz, “…este renacer del memorialismo que vemos ahora no es un fenómeno radicalmente nuevo, sino un impulso nuevo a una cultura antifranquista que tiene raíces en la clandestinidad durante la dictadura y en el exilio. Su repercusión tiene que ver con haberse producido en la llamada sociedad de la información y el conocimiento. La sociedad civil ha tenido un papel crucial en todo este proceso. Fue la iniciativa de Emilio Silva de promover la exhumación de una fosa común republicana en Priaranza del Bierzo (León) en octubre de 2000, que contenía trece cuerpos, entre ellos el de su abuelo, la que puso en marcha un nuevo capítulo en la compleja política española de la memoria respecto a la guerra civil. Esta exhumación se hizo ya con la presencia de especialistas (arqueólogos y forenses) y dio lugar a un informe técnico. Desde entonces, se han abierto en torno a doscientas fosas recuperando más de cuatro mil cuerpos, a pesar de los bloqueos y zancadillas, las asociaciones seguirán buscando resquicios e imaginando escenarios. Los nietos, nacidos en el tardofranquismo o directamente en la democracia, no están afectados más que muy tangencialmente por los efectos paralizantes que tiene un régimen fundado sobre el terror y el miedo, como fue el franquismo. Estos nietos quieren saber hasta los detalles aparentemente más nimios, porque los dotan de contenido político y consideran que la circulación de estos relatos incrementa la calidad de la democracia. El interés de los nietos despierta y modifica el de sus padres, en una dinámica de retroalimentación muy interesante. Entonces, cada experiencia histórica se despliega en un tipo de relación con el pasado diferente que a su vez, en cada caso, es dinámica”. Estas opiniones de Ferrándiz nos parecen muy acertadas.
Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, han señalado al Estado español su obligación de investigar estas desapariciones, exhumar a las víctimas y poner punto y final a la impunidad de la dictadura y de los crímenes del bando franquista durante la Guerra Civil.

En este sentido, los organismos de la ONU especializados en derechos humanos también han solicitado la ilegalización de la Ley de Amnistía que ha impedido a las víctimas el acceso a la justicia y han mostrado, reiteradamente, su “preocupación” por la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al denegar la solicitud de extradición a Argentina de, entre otros, dos torturadores franquistas González Pacheco, Billy el Niño, y Jesús Muñecas Aguilar.

Según el auto del juez Garzón en España hay todavía, 80 años después del final de la Guerra Civil, 114.266 desaparecidos, de los que, en su inmensa mayoría, permanecen desde hace más de 70 años en las al menos 2.246 fosas comunes desperdigadas por todo el territorio.

En palabras del periodista Alejandro Torrús: “A estas alturas de la democracia, cuarenta años después de la muerte del dictador, se puede indicar el franquismo como origen de algunos problemas, pero no debe servir como justificación. Los sucesivos gobiernos de la democracia han evitado debates y han intentado mantener un velo sobre el pasado. Como si nunca hubiera existido o como si el país no arrastrara serias y graves deficiencias democráticas heredadas de una dictadura y una guerra que, para poder superar, hay que enfrentar, analizar, resolver y digerir. No ayuda en absoluto a establecer la verdad sobre lo que ha ocurrido en España desde 1936 a 1939 la destrucción o desaparición de documentos históricos, que tan bien explica el historiador Francisco Espinosa, ni que los archivos estén cerrados. Cuarenta años después de la muerte del dictador se sigue sin saber con exactitud qué documentación existe en relación al golpe militar, la represión franquista y la dictadura.”

En cuanto a las situaciones de privilegios, la Transición también permitió, como señala la doctora en Historia Contemporánea y profesora titular de la Universidad Carlos III, Matilde Eiroa, que los apellidos franquistas se instalaran en el poder heredando cargos y posiciones privilegiadas a lo largo de los años de democracia. Un buen ejemplo son las familias Aznar, Arias-Salgado, Calvo Sotelo, Cabanillas, Rato y tantas otras. La doctora también señala que nos queda como herencia “la existencia de una élite que le cuesta cumplir con la ley porque siempre ha tenido privilegios y no ha satisfecho las obligaciones como ciudadanos, por ejemplo el pago de impuestos”. Y deberíamos añadir que la monarquía es una más de las situaciones de privilegio impuesta por el franquismo, aunque no una cualquiera, sino uno de los pilares del R-78.

En cuanto a los privilegios de la iglesia católica, además de los ya mencionados, el jurista Andreu García ha dicho alguna vez que “Con carácter general la legislación hipotecaria establece que la inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna se practicará a través del correspondiente expediente de dominio que se tramitará en el Juzgado de Primera Instancia donde esté ubicada la finca en cuestión, o bien mediante título público de adquisición, complementado por acta de notoriedad cuando no pueda acreditarse de modo fehaciente el título adquisitivo. Éste es el camino que debe seguir el común de los mortales para conseguir la primera inmatriculación de un bien inmueble. Pero sabemos que Dios escribe recto en renglones torcidos y el franquismo en la etapa más desaforada del nacionalcatolicismo publicó un Decreto, en febrero de 1946, aún en vigor, que se integró en el ordenamiento jurídico con el nombre de “Ley Hipotecaria” y que en su artículo 206 concedía y concede a la Iglesia Católica el privilegio de inscribir bienes, aun careciendo de título escrito, mediante la oportuna certificación librada por la persona a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que expresará el modo en que fueron adquiridos. Este privilegio sólo lo disfrutan el Estado, los Ayuntamientos, Diputaciones y las Corporaciones de Derecho Público. De esta manera la Iglesia Católica continúa disfrutando en un Estado teóricamente aconfesional de un intolerable trato de favor en materia hipotecaria.”
En cuanto a la consideración de genocidio por parte de los franquistas sobre los republicanos, Daniel Feierstein nos dice que “El nazismo pretendió transformar Alemania y después transformar a Europa. Y convencer a la población de que había determinados grupos que no formaban parte del grupo nacional. Y esto fue lo que sucedió en España. Los genocidas planteaban que los rojos no formaban parte del grupo y por eso tenían que ser expulsados, erradicados. Todos los genocidios son intentos de transformar al propio grupo. España tiene una gran oportunidad ante sí para poner en cuestión todo ese proceso de Transición. La pregunta es si esa oportunidad va a ser aprovechada o no. Si este nuevo proceso lo que va a hacer es simplemente cambiar algunos discursos y sostener esa estructura de impunidad y esa estructura política construida por el terror o si se va a animar a abrir la discusión y a ponerlo en cuestión. Ese es el gran desafío de España en el presente. Puede ser una oportunidad. La estructura política española ha comenzado a estar en jaque y la pregunta es si habrá fuerza política para ponerla realmente en cuestión. Ese es el desafío del presente. Apelan al terror de hace 80 años, pero, ¿será efectivo aún? La trampa sería si esos sectores políticos que reciben los ataques quisieran desprenderse de esa actuación y tratar de pactar con los autores ideológicos de ese proceso genocida para demostrar que no son disruptivos y que no van a llevar a cabo ninguna transformación ni a poner en cuestión el orden político de la Transición.” Esta última frase parece darnos la clave de lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Madrid y tal vez en la política nacional.

Otra opinión interesante es la de Ramón Cotarelo, que nos dice que “La memoria es individual y es absurdo considerarla como producto de consenso. Uno no consensúa nada con uno mismo. Y tampoco puede consensuar memorias con los demás, con los que convive. Puede compartir la memoria, pero no consensuarla. Entonces ¿por qué los miembros de la Comisión, el Ayuntamiento, El País y el sursum corda, se hacen lenguas del consenso como método de trabajo y adopción de decisiones en este campo? Tengo varias hipótesis complementarias que someto al juicio crítico de la lectora. a) el consenso se propugna porque la Comisión en su mayoría abarca una gama no muy variada de opiniones, que van desde la derecha extrema hasta una izquierda moderada, acomodaticia y pusilánime; b) el consenso se propugna para rescatar el espíritu de la Transición, que fue de consenso; c) el consenso se defiende para hacer justicia a los dos bandos por igual.” Como ya hemos visto, cualquier opción es inadecuada.

Como vemos, hay consenso al considerar insuficientes las actuaciones en materia de Justicia y de Memoria Histórica que se han dado en el Estado español en los cuarenta años de post franquismo. También hay consenso al relacionar la corrupción generalizada que está instalada en nuestra sociedad con la herencia recibida del franquismo, nunca aclarada o sometida a Justicia y reparación. Por tanto, tal vez sea necesario proceder a abrir el proceso a la sociedad, en lugar de encerrarlo en despachos donde el “consenso” va a ser que todo siga como hasta ahora. Vemos que una herida no se cierra mientras no se cura, y ésta está sin curar.

¡Salud y República!
18 de julio de 2016
80 aniversario del golpe de Estado que acabó con la Democracia en el Estado español