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Queridos lectores,
Tenía proyectado abordar por fin alguno de los análisis en profundidad que guardo en la recámara, pero la publicación de una noticia en La Vanguardia ha cambiado mis prioridades, dada la gravedad de lo que se anuncia y la profundidad de sus implicaciones. Según el diario de cabecera de la burguesía catalana, “El dinero para limpiar los ríos también se recorta“. Leyendo semejante titular uno podría pensarse que, en medio de la crisis que comenzó siendo financiera para después convertirse en económica y acabar siendo ahora fiscal (y que posiblemente no ha dejado de ser nunca una crisis por los recursos), las autoridades han decidido dejar de dedicar tanto dinero a adecentar nuestras riberas y centrarse en cosas más importantes. Hay implícita una cierta idea de que cuidar del medio ambiente está bien, pero cuando las cosas se ponen serias nos tenemos que dejar de juegos de niños y centrarnos en lo que es verdaderamente importante; y bien, ya es agradable ver aguas límpidas con patitos nadando en su superficie, pero al fin al cabo, ¿quién no tiene un poco de tamo en casa porque no puede pasar la escoba tanto como le gustaría? En fin, que podemos vivir con un poco más de suciedad si no queda más remedio; lo que sea en el intento de volver por fin a la senda del crecimiento.
Pero la realidad no puede estar más lejos de lo que un titular así de sesgado podría sugerir. De lo que va la noticia es de los problemas financieros de la Agencia Catalana del Agua (ACA) que, como bien explica el diario barceloní, es la responsable de sanear los ríos y de crear las grandes infraestructuras de suministro en toda Cataluña. La ACA recibe una cantidad mínima de financiación de la Generalitat, proviniendo el grueso de sus ingresos del llamado canon que tienen que pagar tanto los particulares como las industrias. El problema de la ACA se arrastra desde hace tiempo y es bien conocido; sus problemas empezaron cuando España dejó de recibir fondos estructurales de la Unión Europea, y nunca ha habido la voluntad política de llevarla a una situación financiera sostenible.
Lo que es terrible de la noticia de La Vanguardia es que en un momento se afirma, textualmente,
En realidad la noticia no es tal. Los problemas de financiación de la ACA son conocidos desde hace años, pero no ha habido la voluntad política de subir los cánones de manera que las cuentas volvieran a cuadrar. En realidad, podríamos decir que, dado lo clamoroso de los números de la deuda (deuda acumulada de 1.450 millones de euros, con un déficit anual de unos 100 millones) ha habido una voluntad de todo lo contrario: de ir destruyendo económicamente la viabilidad de la ACA hasta ponerla de rodillas. La Agencia debería haber subido el canon para ajustarlo a sus costes reales y hacer cuadrar las cuentas, pero eso tiene un coste político y los responsables no lo han permitido; así que al final han abocada la ACA a su desaparición. Se diría que se está buscando forzar la privatización de la ACA vía la liquidación de sus activos en un proceso de bancarrota. No sé si ésta ha sido la intención, peor desde luego sí que sería el final lógico de esta situación. El problema es que este planteamiento tendría sentido si no fuera por esta crisis económica que hace poco atractiva esta inversión; como además, la crisis no acabará nunca la posibilidad de meterse en el negocio del saneamiento de agua se va haciendo cada vez menos atractiva. Y si no surge un caballero blanco al rescate, ¿qué pasará al final con el saneamiento y tratamiento del agua?
La última parte de este psicodrama la forman los proveedores de la ACA, los que se encargan del saneamiento, que en muchos casos son los propios ayuntamientos. Es bien conocido que muchos Ayuntamientos españoles, y particularmente los catalanes, están a punto de quebrar (se estima que más de un 15% podrían presentar suspensión de pagos estas Navidades), por razones diferentes de las que se exponen en este post y que tienen más que ver con la financiación a través de las plusvalías del suelo, ahora esfumadas. Así que este estrangulamiento adicional de la ACA favorece que los Ayuntamientos, atosigados por sus deudas, descuiden sus obligaciones, y particularmente aquellas en las que para variar ellos son los acreedores y no los morosos. Aquí tendremos que ver si los alcaldes tienen el suficiente sentido común para saber lo que hay en juego.
Suelo comentar, en las charlas sobre el Oil Crash, que el agua es uno de los aspectos críticos en medio del posible colapso de la sociedad para evitar la propagación de enfermedades evitables. En la actual situación de degradación económica es más que probable que el servicio de aguas, al igual que el de las basuras -también bastante crítico para garantizar la salubridad de las ciudades- acaben privatizados de facto y que sólo quienes se lo puedan permitir tengan acceso a un servicio con las suficientes garantías. De nosotros depende no permitir esto. En algún momento debemos plantarnos y decir “basta”.
Salu2,
AMT