Pues ya lo ven. Oficialmente, hemos regresado al franquismo, que nunca se fue, y desde Europa nos lo reprochan. Más bien hemos hecho el ridículo de nuevo. A partir de ahora, el que quiera creerse que somos un estado de derecho, será muy libre de hacerlo, pero todos sabemos que en España no hay separación de poderes, y también sabemos también que gracias a todo ello la ley se ha venido retorciendo y manipulando, que no interpretando, contra los enemigos del Régimen del 78 y a favor casi siempre de los poderosos del IBEX.
La última bofetada ha sido de epopeya y la ha protagonizado el Consejo de Europa por mayoría aplastante, al solicitar al Estado español que indulte a los presos políticos catalanes y retire las eurordenes contra los exiliados, en especial contra el odiado Carles Puigdemont. Días antes el Tribunal General de la UE (TGUE) había suspendido cautelarmente el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del mismo Carles Puigdemont, concedida por el Parlamento europeo.
Todas las euroórdenes libradas por el Tribunal Supremo a Europa contra los exiliados catalanes han fracasado: en Bélgica, en Inglaterra (tribunales de Escocia) y en Alemania. En Suiza ni se llegaron a tramitar, habida cuenta las propias autoridades del país helvético, ya anunciaron a las españolas que ni se les ocurriera pedir la extradición, pues ellas no las concedían por delitos políticos. Por otra parte, la resolución de los tribunales belgas en relación al conseller Lluis Puig llegó a indicar que en España no estaba garantizado el derecho a un proceso imparcial donde se respetara la presunción de inocencia. Sobran comentarios.
Las imputaciones a los políticos catalanes se articularon en base a los delitos de sedición (figura esta no recogida en la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos, y allí donde existe, la figura aparece redactada de forma que no quepa asimilarla a cualquier protesta o desorden público); rebelión, que ni el propio Tribunal Supremo se atrevió a aplicar como condena y absolvió a los imputados; y malversación, forzando la letra de la ley al máximo, pues todo gasto directo o indirecto que tuviera relación con las votaciones habidas el 1 de octubre, incluso por el concepto de lucro cesante en el hipotético uso de establecimientos públicos arrendados o cedidos a terceros el día de las votaciones, constituyó, según el tribunal sentenciador, un desvío de los fondos presupuestados para fines ilícitos con perjuicio del patrimonio público. Hasta el propio Interventor General de la Generalitat certificó que no había habido desvío ilícito de los fondos públicos. Pero dio igual, la sentencia ya estaba hecha antes de comenzar el juicio.
Muchos nos dimos cuenta en esta farsa que, como mucho, el único delito cometido había sido el de desobediencia, pero este delito no constituyó la base de la condena por la levedad de las penas previstas a este tipo penal. Se trataba pues, de imponer largas condenas ejemplarizantes contra aquellos que se habían atrevido a poner a discutir nuestra arquitectura constitucional, a pesar de que el propio Tribunal Supremo reconociera en su sentencia que nunca lo habían hecho ni perpetrado los oportunos actos para conseguir tal fin de forma efectiva. Vamos, que habían jugado de farol. Es revelador el comportamiento del fiscal general del estado que puso la querella contra los presos catalanes, abrió el proceso y sostuvo la acusación: en su archivo informático, antes de presentar la querella, la había titulado “Mas grande será la caída”. Todo un ejercicio de rigor jurídico, independencia e imparcialidad de un funcionario público, llamado a cumplir la ley.
El caso es que ahora el gobierno, asustado, anda preparando los indultos de forma y manera que los jueces no se molesten y eso a pesar de la que está cayendo en Europa y sabedor que, cuando llegue la sentencia del Tribunal Supremo al Tribunal de los Derechos humanos (TEDEH), el revolcón va a pasar a la historia de las chapuzas cometidas en el continente.
Mientras tanto, Puigdemont, que goza de inmunidad parlamentaria, puede viajar por todos los estados de Europa, menos el nuestro, que para eso nos pasamos por el forro la legislación europea cuando conviene. Y por si fuera poco, en un ejercicio más de independencia judicial y rigor jurídico, las asociaciones de jueces, o la mayoría de ellas, anduvieron presionando al gobierno para que evitara el pronunciamiento jurídico del Consejo de Europa al que me he referido.
¿Pero qué habrá en la cabeza de estas gentes?¿No saben acaso que España pinta en el mundo la blanca doble, o acaso piensan que nuestras pasadas gloria imperiales perviven todavía?¿Qué eso de presionar al gobierno para que haga la política exterior que conviene a los intereses corporativos de nuestros jueces?¿No saben que estas competencias no les corresponden en absoluto?
Da igual, ellos se sienten en la finca como lo que son. Los caciques de un cuerpo corporativo, poco modernizado, elitista, de difícil acceso a las clases sociales humildes y guardián de las esencias mas conservadoras de nuestra sociedad.
Recuerdo en mi adolescencia cuando un día tras otro el régimen franquista recibía las condenas de la democrática Europa. La respuesta era siempre la misma: “no nos quieren”, “existe una conspiración contra la auténtica España” (la de ellos, claro), “vivimos en el mejor de los regímenes posibles y un día Europa reflexionará y volverá sus ojos hacia España, rectificando el errado camino que lleva”.
Han pasado más de 40 años y nuestro estado profundo trufado de franquistas reconvertidos -y a veces no tanto- sigue en las mismas.
El problema catalán sigue ahí, el sentimiento de su pueblo también y el actual gobierno es incapaz de resolverlo pues aunque pudiera y quisiera, el estado profundo español (jueces, partidos conservadores y altos cuerpos de la administración, todos alojados en Madrid) se lo impediría.
Pero eso será materia de un próximo artículo.
P.S.: este artículo fue redactado antes de la concesión de los indultos.
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