Después de largos años de reivindicaciones por parte de diversos movimientos sociales, finalmente, en septiembre de 2011 la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva para implantar un Impuesto a las Transacciones Financieras para la Unión Europea. El planteamiento que se aceptaba para adoptar el gravamen era que éste “garantizará la justa contribución del sector financiero en un momento de saneamiento presupuestario en los estados miembros. Este sector desempeñó un papel en los orígenes de la crisis económica. Las administraciones y los ciudadanos europeos en general han soportado el coste de los masivos rescates sufragados por los contribuyentes en apoyo del sector financiero. Además, la fiscalidad actual del sector es inferior a la de otros sectores. La propuesta generará unos ingresos fiscales suplementarios importantes procedentes del sector financiero para que este contribuya a la hacienda pública.” De hecho, la previsión de la Unión Europea es que se recaudarán 31.000 millones de euros (3.500 millones de euros en España). Dado que ha habido enormes resistencias por parte de varios países, finalmente solo 11 países desarrollarán el impuesto en el marco de lo que se conoce como “cooperación reforzada”.
Solamente puede atribuirse a la crisis, que se manifestó con toda su crudeza a partir del año 2008, la actuación de una parte de los estados de la Unión Europea (entre los que está España) reconociendo la necesidad de implantar un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Han tenido que abandonar su línea argumental nacida en el Consenso de Washington que defendía fanáticamente la desregulación, las privatizaciones, el rechazo a los impuestos, la falta de prisas en la armonización fiscal y la libertad impune del movimiento de capitales. Aunque la reaparición actual del ITF en la agenda europea tiene un evidente oportunismo electoral de cara a las elecciones europeas del 22 de mayo y puede acabar siendo un ejemplo más de la estafa de nuestros actuales dirigentes, es un hecho indudable que expresa un retroceso de sus posiciones ideológicas neoliberales. Lo hacen porque no tienen mas remedio. Las élites políticas son conscientes de que más de un 60% de los ciudadanos europeos se han manifestado a favor de la implantación de este impuesto y de la necesidad de actuar contra la absurda anomalía que supone que no exista regulación y tributación en las transacciones del sector financiero.
Pero, independiente de los motivos que les llevan a rectificar, se evidencia y refuerza las tesis de los que, como ATTAC, han defendido su implantación en las últimas dos décadas: Es un impuesto técnicamente posible, económica y socialmente muy útil y sólo depende para su implantación de la voluntad política.
ATTAC lleva 15 años exigiendo la implantación de un Impuesto global a las Transacciones Financieras para regular las finanzas y recaudar dinero que ayude a luchar contra la pobreza y el cambio climático. Si se hubieran tenido en cuenta estas reivindicaciones en cuanto a tipos y bases a regular, en este período hubiéramos recaudado al menos 1,5 billones de euros (la mitad de ellos en la UE) y se habrían reducido muy notablemente las operaciones financieras más especulativas.
Este IVA progresivo a la especulación muy inferior al 1% ha recibido todas las descalificaciones imaginables por parte de quienes defienden los intereses de los “mercados financieros”, eufemismo para poner nombre a los que controlan el movimiento del capital financiero global en su provecho especulativo a corto plazo y contra las necesidades inmediatos y a largo plazo de la población mundial.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado y del evidente reconocimiento de las razones de fondo que reclamaban esta tributación, no podemos estar satisfechos con lo que se pretende implantar porque está muy lejos de las históricas reivindicaciones. Se pretende aplicar un tipo mínimo del 0,1% sobre la compraventa de acciones y bonos y un 0,01% sobre productos derivados. Además de las rebajas y el insuficiente gravamen, se deja fuera gran parte de las transacciones financieras ya que se ha anunciado que sólo estarán sujetas las operaciones con acciones y más adelante otros activos, aunque en ningún caso las divisas. A esto se une que se hará tributar a las entidades financieras según el principio de emisión y no el de residencia lo que nos reafirma en que un ITF que exprese todo el potencial ciudadano transformador que los europeos queremos, requiere de un cambio político en Europa que sustituya a las actuales élites y modifique la forma no democrática de funcionar de sus instituciones ejecutivas.
Los movimientos de capital a enorme velocidad sin ningún tipo de traba, provocan gravísimos daños en las economías de toda la Unión Europea. No es previsible que la insuficiente tasa que va camino de aprobarse pueda ser un obstáculo adecuado para impedir estas operaciones especulativas de alta frecuencia.
Los ciudadanos debemos seguir exigiendo, junto al creciente movimiento social europeo, la aplicación de un ITF global que no sea un mero sucedáneo recaudatorio, junto a otras medidas imprescindibles para derrotar a la dictadura de los mercados financieros y devolver a los pueblos la dirección democrática de su proyecto común. Es imprescindible el cierre inmediato de los paraísos fiscales, la implantación de la renta básica ciudadana y el impulso de políticas que tengan como primer objetivo la creación de puestos de trabajo dignos y bien retribuidos para todos los ciudadanos.