Esta sentencia, además de poner algo de cordura en lo que era un atropello más del régimen corrupto e inmoral que padecemos, hará que los jueces puedan dictar sentencias con una interpretación menos rígida que los hacía descender a la categoría de esbirros de un régimen feudal donde la justicia solo tenía que aplicar lo que el señor de las leyes, el legislador, dictaba.
Así como en el derecho anglosajón es el juez quien manda sobre las leyes, en nuestro derecho el juez se limita a obedecer al legislador, un legislador que proviene de unas mayorías no elegidas individualmente por los ciudadanos sino impuestas por los partidos corruptos a los que obedecen servilmente mediante la disciplina de voto, una especie de derecho de pernada en el que el diputado calla y asiente o se queda fuera de las listas y fuera de la política, esa tarta a la que nadie quiere renunciar.
Con estos antecedentes no es de extrañar que el legislador sea un obediente tirano cuyas leyes vote sin reflexionar si dañan al cuerpo social que es la soberanía ciudadana, no le importan lo más mínimo, su capacidad de discernir queda anulada por la imposición del partido, algo que se quiso evitar tras la experiencia alemana con el nazismo pues éste salió de un Estado democrático cuyas mayorías irreflexivas no dudaron en hacer que emergiera un poder de esa misma democracia que causó el horror más impensable en Europa.
Hoy, la Justicia europea ha puesto a la tiranía parlamentaria española en su sitio y le ha dicho que leyes abusivas que provocan la miseria, el desalojo de sus hogares a familias enteras incluso con niños y la muerte por suicidio de seres humanos no es admisible en un Estado de la Unión europea. Esperemos que esto sólo sea el principio que acabe juzgando a la peor casta política que hemos padecido por anteponer los intereses del poder financiero a las vidas de sus ciudadanos.
