La corrupción de la judicatura permite la impunidad de los políticos corruptos, los cuales potencian actividades que les permiten garantizar sus beneficios, pero no aquellas que benefician a la colectividad. Esta impunidad, unida a la ineficacia que la política de saqueo del Estado genera, produce una deslegitimación del sistema político y, en concreto, de la democracia como régimen, favoreciendo el surgimiento de derivas autoritarias que, a su vez, tarde o temprano permiten mayor corrupción en los niveles superiores del Gobierno. Una judicatura honesta puede reducir la expansión
del fenómeno y la transmisión a la sociedad de mensajes fortalecedores de la legitimidad de las democracias.
En resumen, la corrupción judicial juega un papel extraordinariamente perverso para la gobernabilidad democrática y la mejora de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.
Hasta aqui una pequeña parte del informe de la organización Transparencia Internacional sobre la corrupción judicial. La pregunta que nos hacemos los ciudadanos es la siguiente ¿Como es posible que una institución como el poder judicial, clave en la vigilancia del poder ejecutivo no detectó el alarmante nivel de corrupción que se producía? Caben dos cuestiones, o bien la institución judicial no era un poder independiente y por tanto inservible, o bien era un poder corrupto.
En cualquier caso, ninguno de los poderes encargados de velar por la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones detectaron lo que a los ojos de los ciudadanos era evidente, hasta el punto de que su inacción nos ha llevado a la quiebra institucional y la necesidad de una regeneración urgente de las instituciones, pues las actuales se han demostrado inútiles e inservibles y han sido la causa fundamental del fracaso de la democracia y del daño cometido a sus ciudadanos.
El daño cometido a los ciudadanos es aún de mayor gravedad cuando se quiere hacer pasar al propio ciudadano por el culpable del desastre condenandolo al embargo, al desahucio y a la pérdida de sus derechos fundamentales por algo originado por el mal funcionamiento de sus instituciones. Ni los bancos, ni las Cajas de Ahorros saqueadas ni los políticos saqueadores y corruptos pueden hacer pagar a los ciudadanos el daño por ellos cometido.
Por tanto, los ciudadanos declaramos al Estado culpable del daño producido y exijímos a los jueces que procedan a la restitución de los derechos civiles y de los derechos fundamentales de todo ciudadano de un Estado de derecho como es el incuestionable derecho a la propiedad, el fin de los desahucios y la ejecución de los culpables que han llevado al pueblo español a la ruina.
Procedase por tanto, a la incautación de los bienes y patrimonio de las entidades y particulares que son los verdaderos responsables del saqueo a España y a sus ciudadanos para hacer frente a las responsabilidades contraidas con los mismos.