Que el mundo académico español ha sido fuente de legitimación y guardián de “la salud del régimen” en lugar de motor de progreso y libertad política nos lo ha vuelto a recordar un articulo de Pablo Simon en Politikon. A estas alturas de la película nos sigue sorprendiendo que se citen los trabajos de J Linz, un académico acogido en Yale cuyo mayor éxito fue describir la transición como una transacción y que tuvo análisis tan “perspicaces” como que la monarquía adquirió su legitimidad tras el 23F, sin saber que el monarca fue parte junto al general Armada, o alabar el Estado de las Autonomías como el mejor café para todos que mantendría la sobremesa unida en fraternidad nacional. Hablando de empirismo remitámonos a los hechos de la actualidad secesionista y populista de barones y jefecillos autonómicos.

Pero dejando al margen estas dos importantes cuestiones, el Sr. Simon se refiere a los peligros de la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Y es obvio que debería haber comenzado por definir para quien es peligroso, si así lo fuera. De su artículo deducimos que lo es para la gobernabilidad. Y así es obvio, un régimen de poderes inseparados como el parlamentario, puede gobernar con mayor impunidad, corrupción y violación de los derechos humanos, al margen de estar sometido a conquistas estatales por partidos de masas antidemocráticos como enseña toda la Europa del S.XX. Podemos definir  a este tipo de régimen como saludable?

Linz señala dos fuentes de inestabilidad. La primera es la que considera que hay dos vías de legitimidad distintas. Lo cual no es cierto. Solo existe una legitimidad, la que los electores otorgan a través del sufragio universal. El origen de la legitimidad es el ciudadano. Para este es bueno que exista una vigilancia entre ambos poderes, incluso un conflicto, pues esto genera debate, permite encontrar mejores soluciones y puede evitar la corrupción del gobierno por Real Decreto. El parlamento español es superfluo, pues ni es  consultado ni escuchado. Cuando existe un conflicto irresoluble entre ambos poderes, el poder de decisión vuelve al ciudadano, como demostró el Estado de California, cuando el musculitos Schwarzenegger quiso imponer unas leyes en contra de la mayoría legislativa. Aquí el pueblo se pronunció directamente sobre cada una de las leyes. Todas fueron rechazadas. La democracia sale reforzada, la tiranía derrotada, solo una legitimidad expresada de forma distinta para evitar la concentración de poder. La legitimidad no es el resultado electoral, sino el apoyo al conjunto de elecciones que conforman el cuerpo político en el Estado.

El segundo argumento es que al ser el mandato fijo en ambos poderes, no existe incentivo para moderarse. Este argumento contradice al esgrimido por el mismo anteriormente, cuando señala la posibilidad de conflicto. Es bien sabido que con elecciones separadas, sin listas legislativas confeccionadas por el jefe, con capacidad para revocar el mandato al representante por parte del distrito y sin el monopolio de los partidos para conformar el pool de candidatos al poder, la diversidad, representación y riqueza intelectual quedan aseguradas, todo lo contrario a la esclerosis de un rebaño de diputados sometidos a la disciplina de partido.

Un error catastrófico cometido por toda la izquierda edípica del país es considerar el presidencialismo como una figura autoritaria cercana al franquismo. El presidencialismo sería de carácter cesarista cuando no existiera separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, tal y como ocurre en el parlamentarismo proporcional, que en realidad se trata de una tiranía donde el jefe del ejecutivo lo es del legislativo y del judicial. Presidencialismo no siempre significaría así separación de poderes. Es un tema tratado por Max Weber. Por eso es tan importante que los ciudadanos puedan elegir y deponer a candidatos conocidos en su distrito, para controlar a la naturaleza estatal encarnada en la unificadora figura del Presidente de la Republica y a su vez tener un ejecutivo con legitimidad directa en casos de crisis nacionales, una gran ventaja como muestra la historia de los EEUU, Francia o los propios países iberoamericanos.