• Tres años después de aprobarse, la ley contra el blanqueo todavía no se aplica.
• Un equipo de investigadores oficiales ya está en España para evaluar a organismos públicos y el sistema de prevención.

Han pasado más de tres años desde que se aprobó la Ley de prevención de blanqueo de capitales, el 28 de abril de 2010, y todavía está sin aprobar el reglamento necesario para ponerla en marcha. Pero no sólo el reglamento está en pañales (en vía de consulta). La propia ley se ha quedado obsoleta y necesita cambios urgentes si España quiere aprobar el examen al que será sometida la próxima primavera por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo encargado de evitar el blanqueo de capitales a nivel mundial.

El Gobierno es más que consciente de estas debilidades y la preocupación por el daño que una mala nota podría acarrear al sistema financiero español es palpable. Consciente de ese riesgo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya movió ficha en mayo al sustituir al entonces director del Sepblac (la comisión para la prevención del blanqueo de capitales), Manuel Caro, por un hombre de confianza del ministro, Juan Manuel Vega.

Vega es identificado por el sector como “el hombre del Gafi” en España, ya que ha representado al país en este organismo internacional en los últimos años. Y parece ser el interlocutor ideal con los hombres del GAFI, que ya desembarcaron hace unas semanas en España para evaluar la situación y dar “consejos”, pese a que la cita para el examen público está concertada para la próxima primavera.

“De momento, están evaluando las instituciones públicas. Aunque no es descartable que más adelante investiguen a los sujetos obligados (entidades financieras, aseguradoras, abogados…)”, advertía Andrés Martínez, secretario del Tesoro del Ministerio de Economía ante un nutrido grupo de expertos en prevención de blanqueo de capitales que se dio cita la semana pasada en una jornada dirigida por el profesor Pedro Morón y organizada por la Universidad Autónoma de Madrid.

La presión internacional ha puesto en guardia al Ministerio y al Sepblac. Y ha alertado también a todas las entidades y organismos obligados a denunciar información sospechosa en base a unos requerimientos normativos y prácticos que no siempre se están cumpliendo al pie de la letra. La llegada de los hombres de GAFI no sólo ha dado un impulso al reglamento que debe desarrollar la ley de blanqueo. Es más, según Andrés Martínez: “todo apunta a que están modificando la ley original”.

Vega está intentando calmar los ánimos de todos aquellos profesionales que deben informar al Gobierno si encuentran indicios de delito de blanqueo. Personal de bancos, de aseguradoras, abogados, notarios, joyeros, marchantes de arte…, que andan muy alterados tras las “recomendaciones fantasma de abril de 2013” emitidas por el anterior responsable del Sepblac, Manuel Caro. “Se trata de un conjunto de normas que pretendían hacer las veces del reglamento, que no existía, y que lo que hizo fue provocar caos y descontrol. Porque nadie sabía lo que tenía que hacer y si eso era o no legal”, se quejan varios responsables de los departamentos de prevención de entidades financieras.

Fuera los políticos

Desde el punto de vista normativo, uno de los primeros puntos que España tiene que modificar es el que se refiere al tratamiento de las “personas con responsabilidad pública”. A pesar de que cuando se aprobó la ley se anunciaron “medidas especiales” de control para este colectivo, la realidad en que esas personas con responsabilidad pública a las que se refería la norma española eran sólo “aquellas que hubieran tenido cargos internacionales”. Es decir, se dejaba fuera de ese control especial a todos los políticos españoles….TEXTO COMPLETO

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