Hilo de Ciudadan@s de Espartinas en burbuja.info también lo podéis encontrar en su blog La coctelera
Aquí el cuñado del Presidente del Senado de este País Mafioso llamado España.
FRAUDE | Demetrio Carceller
Anticorrupción pide 48 años de cárcel para el ex presidente de Damm por fraude
Demetrio Carceller, dueño de Damm, en Barcelona. | Domenec Umbert
M. Marraco | Europa Press |Madrid
Actualizado jueves 03/10/2013 14:39 horas
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este jueves en la Audiencia Nacional un escrito de acusación contra el que fuera presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll; su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce y otras dos personas como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.Se solicitan 48 años y seis meses de prisión para el primero y 14 para el segundo.
En el escrito se señala igualmente una responsabilidad civil de más de 72 millones de euros por fraudes a la Hacienda Pública Estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Madrid a la que deberán responder solidariamente los cuatro acusados, que además de los ya señalados son José Luis Serrano Florez, hombre de confianzz de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus labayen.
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Suéter, Gürtel y Pretoria, tres tramas con un tronco común.
El caso BBVA Privanza es el origen de, al menos, tres grandes operaciones contra el blanqueo:
1.- Suéter (Banco Espíritu Santo, Cartera Meridional, Cahispa y el bufete de los hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen).
2.- Gürtel (Clan Becerril-Partido Popular, Correa y De Miguel & Abogados).
3.- Pretoria (otra vez el bufete de los hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen).
Aunque en este blog ya habíamos dado cuenta de la importancia del caso BBVA Privanza y su relación con grandes tramas de blanqueo destapadas por el juez Garzón ( Operación Gürtel, Operación Pretoria ), en Diciembre de 2009, Casimiro García Abadillo publicaba lo siguiente en El Mundo:
“El BBVA Privanza Jersey se convirtió así en una mina inagotable para Garzón. La investigación no sólo puso de relieve su funcionamiento como banco paralelo, sino como caudaloso recipiente para el reciclado de dinero negro. Uno de los primeros filones de aquel yacimiento fue la llamada Operación Suéter, llevada a cabo a finales de 2006, y que sacó a la luz irregularidades fiscales realizadas desde el Banco Espíritu Santo, la sociedad Cartera Meridional, la aseguradora Cahispa y que también provocó la imputación del propietario de Burberrys España, Eugenio Mora. En esa misma investigación, desgajada del sumario original, se localizaron dos despachos de abogados: G. Petrus (Barcelona) y De Miguel & Abogados (Madrid).
Cuando en 2008 el ex concejal de Majadahonda José Peñas denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la trama de Correa, no sólo habló de cobro de comisiones y delito fiscal, sino de blanqueo de dinero, lo que elevó el caso a la Audiencia Nacional. ¿A qué abogado le había encargado Correa el entramado societario encaminado a eludir los controles de Hacienda? A Luis de Miguel. Y ahí se abrió el segundo gran filón para Garzón proveniente de las cuentas del BBVA Privanza de Jersey. Pero esta vez con un añadido relevante: su dimensión política. No sólo se trataba de investigar los posibles delitos de Correa y su grupo de empresas, sino de averiguar si altos cargos del PP habían participado o se habían beneficiado de sus negocios.
El pasado mes de octubre Garzón comenzó a explotar el tercer gran filón, que tenía su veta en el despacho Petrus: la Operación Pretoria. La investigación ha puesto al descubierto una trama de corrupción urbanística en Santa Coloma y en otros pueblos de Barcelona, que ha llevado al procesamiento de miembros relevantes del PSC (Bartomeu Muñoz, Luis García Sáez), de CiU (Macià Alavedra y Lluís Prenafeta), y al gerente del Instituto Catalán del Suelo (Emili Mas), entre otros.”
Hemos visto que Enrique Lacalle Coll figura como vicepresidente de la Fundación “Catalunya-Portugal”, presidida por José Manuel Pinheiro Espirito Santo Silva, Presidente a su vez del Banco Espirito Santo en España.
Y que el Banco Espíritu Santo está precisamente relacionado con el blanqueo de la Operación Suéter derivada del caso BBVA Privanza.
Y que los abogados y hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen son los principales imputados en la Operación Suéter
Y que Gabriel Pretus Labayen es cuñado del portavoz popular en el Senado, Pío García-Escudero.
Hemos visto también cómo el Bufete de los hermanos Pretus está tan implicado en la trama de corrupción catalana en la que aparece Enrique Lacalle Coll, que presta su nombre a la operación policial (Pretoria).
También vimos el papel del despacho De Miguel & Abogados en el caso BBVA Privanza, en la Trama Gürtel y sus conexiones malayas, gallegas y colombianas.
Por otra parte ya hablamos también de las conexiones del Banco Popular (Opus Dei) con la Nephila Vasca, con Severino Martínez Izquierdo y con el blanqueo del narcotraficante Marcial Dorado, a través de Gonzalo Cantarela del Castillo.
No estamos pues ante casos inconexos de corrupción, blanqueo y narcotráfico sino en la antesala de la Gran Cloaca de la que iremos desvelando cada vez más datos.
Para los periolistos flojos:
Felipe Garcia-Escudero y Torroba, 3. conde de BadaránPadresPadre: Pio García-Escuerdo y Fernandez de Urrutia, 2.Conde de Badarán* 12.07.1887
Madre: Emma Torroba y de Goicoechea * 18.03.1891MatrimoniosMadrid 17.11.1951
Eloisa Marquez y Cano * 26.02.1926Hijos
- Pío García-Escudero Márquez, 4. conde de Badarán * 28.10.1952
Maria delCarmen Ramos Pérez
- Piedad García-Escudero y Márquez * 29.11.1953
- Eloisa García-Escudero y Márquez * 29.02.1955
- Felipe García-Escudero y Márquez * 14.11.1957
- Patricia García-Escudero y Márquez * 20.03.1959
- Marta García-Escudero y Márquez * 10.10.1960
- Teresa García-Escudero y Márquez, Condesa de la Rosa de Abarca* 25.05.1964
- Catalina García-Escudero y Márquez * 25.05.1964
- Ana García-Escudero y Márquez * 08.10.1965
- José García-Escudero y Márquez * 17.04.1970
GeneAll.net – Felipe Garcia-Escudero y Torroba, 3. conde de Badarn
Costados
Familia
FuentesEGTNE-2007-pg. 129Padres
Padre: Felipe Garcia-Escudero y Torroba, 3. conde de Badarán * 22.09.1919
Madre: Eloisa Marquez y Cano * 26.02.1926Hijos
- Pio Garcia-Escudero Ramos * 11.10.1984
- Miguel García-Escudero Ramos * 11.11.1987
Notas Biográficas
- Presidente del Partido Popular de Madrid
- Senador por Madrid y portavoz del Grupo Popular en el Senado
Titulos y Señorios
Cargos
GeneAll.net – Po Garca-Escudero Mrquez, 4. conde de Badarn
Enlace Pretus Labayen – García Escudero
ABC (Madrid) – 19/10/1992, p. 74 – ABC.es Hemeroteca
Los periolistos van pillando onda, pero no muerden la mano del amo.
La Mafia Anglo-Usana-Cañí :
La Fiscalía rechazó una denuncia contra los dueños de Damm por hechos como los que les han llevado al banquillo
La familia Carceller, que hizo fortuna con la venta de Bancotrans al Deutsche Bank, es accionista de referencia de Damm, Pescanova, Repsol, Sacyr y la petrolera canaria Disa.
La Fiscalía Anticorrupción pide 48 años de cárcel para Demetrio Carceller padre, hijo del exministro de Franco, y 14 años para su hijo por delito fiscal y por blanqueo de más de 72 millones.
La auditora Deloitte acaba de denunciar en su informe que falsearon las cuentas de Disa, como afirmaron en vano los particulares que acudieron a la Fiscalía en Catalunya hace un año.
Fèlix Martínez
09/10/2013 – 20:41h
La familia Carceller, accionista de referencia de Damm, Pescanova, Sacyr, Repsol y la petrolera canaria Disa, no atraviesa por su mejor momento. El patriarca de la familia, Demetrio Carceller Coll, hijo del ministro franquista del mismo nombre, se enfrenta a una petición de 48 años de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción por un conjunto de delitos fiscales que suman 72 millones de euros. Y el heredero, Demetrio Carceller Arce, presidente de la cervecera Damm, afronta una petición de una pena de 14 años de prisión.
Y, aun así, podría ser mucho peor para ellos: la auditora Deloitte ha denunciado que los Carceller falsearon las cuentas de Disa de 2012 para anotarse unos beneficios de 49 millones de euros cuando, en realidad, el balance arrojaba unas pérdidas de más de 53 millones.
Lo sorprendente es que este hecho ya fue denunciado por un grupo de particulares hace un año ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Catalunya, que decidió archivar las diligencias con el argumento de que los hechos no constituían delito, a pesar de que era pública y notoria la instrucción del juez Pablo Ruz y de Anticorrupción para sentar en el banquillo a los principales representantes de la familia Carceller.
En el caso por delito fiscal y blanqueo de capitales contra los Carceller, en el que también están acusados el hombre de confianza de la familia, José Luis Serrano Flórez, y el asesor fiscal radicado en Londres Gabriel Pretus Labayen –y que fue instruido primero por el juez Baltasar Garzón y, posteriormente, por su sucesor Pablo Ruz–, se acusa a Demetrio Carceller padre de haber simulado que residía en Portugal y Reino Unido para evitar sus obligaciones fiscales en España hasta alcanzar los citados 72 millones de euros.
La figura de Pretus Labayen emerge como una pieza clave porque los Carceller no son sus primeros clientes multimillonarios que se enfrentan a la persecución del fisco por haber simulado que residían fuera de España por consejo de este asesor fiscal. El empresario catalán Eugenio Mora, antiguo propietario de la marca Burberry’s (Caso Suéter – Jersey-BBV Privanza)en España, se vio imputado también en el procedimiento y mitigó sus tribulaciones judiciales haciendo entrega a la Agencia Tributaria de un cheque de nada menos que 27 millones de euros, la mayor cantidad abonada hasta la fecha en concepto de sanción por un particular en España.
‘Caso Pretoria’
De la documentación intervenida en el despacho de Pretus en Barcelona también nació el ‘caso Pretoria‘, de corrupción urbanística en Cataluña, y que mantiene imputados a los exhombres fuertes de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, y a los exdirigentes del PSC Bartomeu Muñoz y Luis García Sáenz.
Los Carceller, sin embargo, incurrieron en más irregularidades porque, según el escrito entregado por la Fiscalía Anticorrupción al juez Ruz, tejieron una auténtica trama de empresas reales y fantasmas para, primero ocultar su patrimonio y, después, aflorarlo blanqueado. Lo hicieron a través de sociedades como Atlántica Petrogás S.A. (antigua Naviera Petrogás S.A.). De esta sociedad, Demetrio Carceller padre poseía un paquete a través de Aboukier Maritime S.A, participada a su vez por la sociedad de Madeira, un paraíso fiscal, Roquesta Constultadoria E Servicios LDA. Entre ellas se adquirían participaciones que pasaban a formar parte de otras sociedades como la luxemburguesa List S.A o la alemana Bankhaus Hermann Lampen KG, en lo que el fiscal denomina Operación Nelson.
El escrito detalla operaciones similares para la ocultación de activos en otras sociedades como Piolin (para ocultar paquetes accionariales en Inmuebles del Archipiélago S.A, Cursa, Syoc, Amicsa), la operación Halfrond (para ocultar inversión en Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.) o la denominada operación de sociedades agrarias (inversiones en Majanova, Garcibravo, Los Tojales, La Torre de Gudiamar; Paymogo, Azanaque y FM).
Llama la atención que la mayor parte de esas empresas se dediquen al sector petrolífero o estén radicadas en el archipiélago canario, lo que las vincula estrechamente con el primer negocio que los Carceller emprendieron en cuanto lograron su fortuna por la venta del Banco Comercial Transatlántico al alemán Deutsche Bank, la petrolera canaria Disa.
Días antes de que trascendiera el escrito de acusación del fiscal anticorrupción, se conoció el informe del auditor de Deloitte Ignacio Ramírez, que afirma que Disa Corporación Petrolífera se atribuyó beneficios ficticios de 49 millones de euros en el ejercicio 2012 cuando, en realidad, había perdido más de 53 millones.
Fuentes próximas a la Fiscalía Anticorrupción aseguran que el Ministerio Público está estudiando con detalle el informe del auditor de Disa por si el falseamiento de las cuentas pudiera formar parte de la operación de blanqueo de capitales que atribuye a los Carceller.
Lo paradójico es que Anticorrupción no habría necesitado esperar al informe de Deloitte para conocer las acusaciones de falsear las cuentas que pesan contra los Carceller. Hace un año, concretamente el 19 de octubre de 2012, un concesionario de Disa presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña en la que acusaba a la petrolera precisamente de falsear sus cuentas.
Concesionarios indignados
Aunque la denuncia en realidad acusaba a Disa de estrangular a sus gasolineras concesionarias con prácticas abusivas como vulnerar el plazo máximo de abanderamiento –la Unión Europea establece un máximo de 10 años para la exclusiva en el suministro de carburante a las gasolineras independientes, mientras Disa exige 35 años– o el privilegio de la distribuidora de fijar unilateralmente los precios, también acusaba a la compañía de los Carceller de falsear sus cuentas.
Según la denuncia, las prácticas de Disa están encaminadas a quedarse con las gasolineras de los concesionarios “díscolos” tras abocarlos al cierre. Cuando las gasolineras cierran, siempre según el texto de la denuncia, Disa suma las instalaciones a sus activos, estén como estén las obras, a precio muy por encima del mercado. Por esa razón, la denuncia considera que Disa había incurrido en un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, un delito contra el mercado por su actuación con la concesionaria y, especialmente, un delito societario por “un incremento de activos en balance irreal por la nulidad contractual y por la negativa a pagar del concesionario”.
Sorprendentemente, y a pesar de que eran públicas las diligencias que seguía el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra los Carceller, apenas 10 días después de la interposición de la denuncia, el 28 de octubre de 2012, el fiscal Ricardo Sanz-Gadea adoptó un acuerdo por el que archivaba las diligencias informativas abiertas a instancias de los denunciantes porque consideraba que en los hechos relatados “no se aprecian los elementos típicos del delito contra el mercado” ni que el falseamiento de las cuentas “causen perjuicio económico a un tercero”. No consta que en momento alguno se informara de la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción.
Este diario se puso en contacto este miércoles con la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña para recabar su versión de los hechos, pero los representantes del Ministerio Público no atendieron las llamadas.
Gonzalo Baratech
La fortuna y los fraudes del dúo Carceller baten récords
El colosal escándalo que estos días protagoniza la multimillonaria familia Carceller es una caja de sorpresas. No pasa día sin que se divulguen más y más detalles sobre su inmensa fortuna, que alcanza magnitudes insospechadas. Lo mismo acontece con sus irregularidades tributarias y sus ocultaciones patrimoniales. Para perpetrarlas se han valido de una red inextricable de sociedades instaladas en enclaves opacos de Europa y América.
La fiscalía reclama a Demetrio Carceller Coll y a su hijo Demetrio Carceller Arce el pago de un total de 450 millones de eurospor presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Además, solicita nada menos que 48 años de prisión para el primero y 14 años para el segundo. A juzgar por tales guarismos, nos hallamos ante una de las mayores evasiones monetarias de la historia y ante un fraude fiscal espectacular.
La figura visible del grupo es el hijo. En Barcelona se le conoce, sobre todo, porque desde hace largo tiempo ocupa la presidencia de la cervecera Damm. Cada año comparece ante su abarrotada junta general, con expresa prohibición a los medios informativos de que lo fotografíen, pues el personaje es celoso como pocos de su privacidad e intimidad.
Precisamente, esa compañía repartirá el martes 15 de octubre el primer dividendo con cargo a los resultados de 2013. Si la retribución se mantiene en los mismos niveles de 2012, alcanzará en conjunto unos 40 millones de euros.
El principal accionista de la cervecera es el potente conglomerado tinerfeño Disa Corporación Petrolífera, titular del 27,7%, que percibirá algo más de 11 millones de euros. El segundo socio, el grupo alemán Dr. August Oetker, propietario del 25%, ingresará 10 millones. Y el tercero, la fantasmal sociedad holandesa Seegrund, tenedora del 13,9%, algo más de 5,5 millones.
Disa Corporación es uno de los grupos económicos más descollantes de las Islas Canarias. Entre otros negocios, participa en el oligopolio que señorea la distribución de carburantes en el archipiélago. La mayoría de su capital es de los Carceller, por medio de sociedades pantalla, varias de ellas sitas en el extranjero.
Hasta ahora, Disa y Seegrund no tenían nada en común, salvo sus respectivas participaciones en Damm. Pero los rastreos de la Audiencia Nacional han sacado a la luz que en realidad ambas son de un mismo dueño.
Como se sabe, el juez Pablo Ruz trata de averiguar el monto de los enormes caudales que la saga Carceller camufla en recónditos paraísos fiscales. Tirando del hilo, ha dado en averiguar que Seegrund le pertenece en última instancia íntegramente.
En efecto, Seegrund es subsidiaria instrumental de una sociedad domiciliada en las Antillas Holandesas. Ésta, a su vez, depende de Financiera Intercontinental, ubicada en otro olimpo fiscal, Panamá. Y hete aquí que, según las averiguaciones realizadas por el ministerio público, Financiera Intercontinental es 100% propiedad de la familia que nos ocupa.
Irregularidades a manta
Seegrund ocupa una plaza en el consejo de administración de Damm desde 1994. Además de los dividendos, se ha embolsado las jugosas bicocas que la cervecera reserva año tras año para los miembros de su máximo órgano de gobierno. Damm es la empresa catalana cotizada que más generosamente retribuye a sus consejeros, con sumas del orden de los 800.000 euros anuales por cabeza.
Desde tiempo inmemorial, a Seegrund la representa en el consejo de la cervecera Javier Ribas Vila, que es uno de los más fieles y veteranos testaferros de los Carceller y posee pasaporte norteamericano. El juez imputó en un primer momento a Ribas. Hace poco, lo exoneró. El abogado defensor del mandamás de Damm atribuye este insólito viraje del magistrado a un hecho hasta ahora desconocido. Se trata de que hace un par de años, la madre del tal Ribas, Manuela Vila Adroher, regularizó su propia situación fiscal y presentó declaraciones complementarias que acarrearon el pago de 5,2 millones en impuestos atrasados.
En resumen, los Carceller venían controlando el 27,7% de Damm, que ya es un lote impresionante, pues vale 360 millones de euros según las actuales cotizaciones en bolsa. Y ahora resulta que por medio de Seegrund han sido y son también poseedores de otro 13,9%, valorado en 180 millones.
Semejante revelación entraña un espectacular vuelco en el escalafón de socios de Damm. Y de pasada, supone una anomalía mayúscula. Significa que el opulento linaje de marras escamoteó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la titularidad de unos paquetes que les confieren un control abrumador de la muy rentable compañía cervecera. De momento, la CNMV no ha dicho esta boca mía sobre engaño tan monumental.
Las búsquedas sobre este acaudalado clan han puesto de manifiesto otras muchas novedades. Por ejemplo, que el octogenario patriarca Carceller Coll reside habitualmente en Madrid y no en Portugal, tal como constaba en Hacienda.
También que domina una batería inacabable de participaciones accionariales que nunca declararon al fisco y que abarca, entre otras, constructoras en Canarias, explotaciones agrarias y vastas fincas en Andalucía, y centros comerciales en Arizona (EEUU). Ninguno de estos activos consta oficialmente como suyos, sino de sociedades radicadas en reductos opacos.
“Hazañas” paralelas
La Audiencia Nacional emprendió sus pesquisas sobre los Carceller en 2006 a raíz del caso BBVA-Privanza y sus fondos depositados en Jersey. Por cierto, este asunto provocó la defenestración del consejo entero del banco, salvo Francisco González, quien así vio libre el camino para asumir en BBVA unos poderes hegemónicos que todavía disfruta.
A la sazón, la Audiencia llegó a embargar activos de los Carceller por valor de 400 millones de euros. El embrollo se complicó aún más al destaparse la lista de clientes del banco HSBC de Ginebra, entre los que figuraba la flor y nata de la oligarquía española, encabezada entre otros por las dinastías Botín y Carceller.
Curiosamente, las peripecias de una y otra guardan estrechos paralelismos. Ambas poseían fortunas descomunales a buen recaudo. A ambas les pilló Hacienda in fraganti por el chivatazo de un empleado infiel de ese banco helvético. (Falciani)
Los Botín tenían embalsados 2.000 millones de euros en el HSBC. Emilio y Jaime Botín pactaron con el fisco, soltaron 200 milloncejos y el asunto no fue a más, es decir, no pasó a la temible vía penal. Los Carceller pretenden ahora ansiosamente un pacto del mismo estilo. Confían en repetir la suerte de su probo escudero Javier Ribas, al que ya se ha levantado la imputación. También les ayuda el precedente de los financieros cántabros. No tienen fácil librarse de la cárcel, pero abrigan la esperanza de que finalmente no se verán entre rejas. Y es que, como tiempo ha escribió un agudo comentarista refiriéndose a dos famosos primos hermanos, “éstos tienen tanta pasta, que no cabe en una minúscula celda”.