Al Instituto de Crédito Oficial (ICO) aún le cuesta caro el fracaso de su programa de concesión directa de créditos a las pequeñas y medianas empresas, iniciado en junio de 2010 y cancelado de forma fulminante en 2012, después de dar salida a 500 millones de euros aproximadamente. La morosidad de esos préstamos, según fuentes de la institución dependiente del Ministerio de Economía, no ha dejado de crecer desde el inicio del proyecto y ahora ronda el 40%.

El perjuicio va más allá de los impagos propiamente dichos, dado que el ICO no deja de ser un banco público y, como todas las entidades financieras, está obligado a provisionar sus préstamos dudosos “y eso supone una carga en nuestra cuenta de resultados cada año”, de acuerdo con las mencionadas fuentes.

Son las consecuencias de una herencia envenenada, fruto del deseo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de tomar atajos a la hora de encarar el todavía no solucionado problema de la escasez de financiación para las pymes. A mediados de 2010, esa sequía ya era una realidad y Zapatero decidió dar un vuelco a la manera de actuar del banco público….TEXTO COMPLETO

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