La omerta, que se llama en otros lares. 

La Comisión Europea anunciaba este mes la apertura de una investigación a UGT por el presunto uso fraudulento de ayudas comunitarias destinadas a financiar la formación. La medida se producía apenas semanas después de que la magistrada Mercedes Alaya ordenara el registro de la sede regional de UGT en Andalucía en busca de datos sobre estos cursos. Un estado de sospecha respecto al buen uso de los fondos públicos que no ha arredrado al Ejecutivo. Y es que el Ministerio de Empleo concedió ayer subvenciones a las principales organizaciones empresariales y sindicales por un importe superior a los 53 millones de euros con el fin de sufragar estos programas

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