La evaluación de un programa para recuperar cerebros fugados cada vez más mermado despierta las críticas entre los investigadores. El programa Ramón y Cajal ha perdido casi la mitad de sus plazas desde que se creó.
La semana pasada, ocupó un espacio destacado en casi todos los medios de España que a Diego Martínez Santos, un investigador español que acababa de recibir el premio de la Sociedad Europea de Física al mejor joven físico de partículas del año, le habían denegado un contrato del programa Ramón y Cajal, creado para recuperar cerebros del extranjero. Martínez Santos, que trabaja en Ámsterdam, no es el único físico que no ha logrado una de esas ayudas y, posiblemente, ni siquiera el que tiene mejor curriculum de los que se han quedado fuera.
El Gobierno español no puede ofrecer un contrato a jóvenes como Jonay González, un investigador del Instituto Astrofísico de Canarias que, con 33 años, ya ha liderado un trabajo que fue portada deNature, la revista científica más prestigiosa del mundo. Tampoco tiene capacidad para retener el talento del físico alemán del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (CSIC/UIB) de Palma de Mallorca Daniel Brunner, que con 31, ya ha publicado en la propia Nature, en Science y en Physical Review Letters. Y lo mismo sucede con Marian Tórtola, del Instituto de Física Corpuscular (CSIC/UV) de Valencia, que recibió en 2009 el premio a la mejor investigadora novel en la modalidad de Física Teórica por la Real Sociedad Española de Física (RSEF) y la Fundación BBVA, y forma parte del consejo editorial de una de las mejores revistas científicas de su campo, entre otros méritos. Y estos son solo algunos casos.
Ninguno de ellos ha logrado uno de los 175 contratos que ofrece el programa Ramón y Cajal, creado para atraer a cerebros fugados y retener el talento científico que ya está en España. Si lo hubiesen conseguido, el Gobierno tendría que proporcionar a estos científicos de categoría mundial un sueldo de 33.720 euros anuales, aproximadamente un tercio de lo que cobra, por ejemplo, un concejal del Ayuntamiento de Madrid. A esa cifra habría que añadir 40.000 euros para cubrir durante cuatro años los gastos relacionados con el desarrollo de su investigación y 100.000 más para ayudar a crear para ellos un puesto de trabajo en el centro de investigación o la universidad correspondiente al final de su contrato. En total, el programa, que dura cinco años, tiene un coste de 54 millones de euros, mucho menos, por ponerlo en contexto, que los 68,7 millones de euros que recibió solo José Ignacio Goirigolzarri cuando abandonó su puesto de consejero delegado en el BBVA o los 88,1 que se embolsó su homólogo en el Santander, Alfredo Sáenz.
Descontento con la evaluación
El programa Ramón y Cajal ha visto reducido su número de plazas desde las 800 con que arrancó en el 2000, hasta las 175 que se han convocado para este año y que quedarían en 400 si se le suma el programa Juan de la Cierva, una escisión del Ramón y Cajal original, peor dotada, para investigadores con menos experiencia. A las dificultades por la reducción de plazas, el descontento entre quienes no han logrado ser seleccionados, en particular en el campo de la física, se ha agravado este año por la forma en que se ha explicado la decisión. La evaluación se ha realizado en dos partes: cuatro apartados en los que evaluadores externos valoraban las aportaciones científicas del candidato y su participación en centros y proyectos internacionales y un quinto, valorado por un comité en el que se incluían miembros del Ministerio de Economía y Competitividad, en el que se tenía en cuenta el potencial de liderazgo y la relevancia internacional del investigador…ARTÍCULO COMPLETO