Desde la Ley 34/2002 y hasta el monstruo regulatorio denominado Paquete Telecom, el gobierno español, junto con los demás gobiernos europeos, asumió el monopolio legal de ciertas tecnologías digitales que permiten, fuera de control judicial efectivo, niveles de vigilancia inéditos bajo el papel de imparciales protectores de la sociedad.
Tras diez años de vigilancia al margen de la ciudadanía y del control judicial algunas conclusiones son posibles:
1) La naturaleza esencialmente política de esas normas legales que posibilitan la vigilancia masiva y que han borrado la frontera entre orden público y control social.
2) La ausencia de control judicial efectivo en lo que se refiere al control de la vigilancia electrónica.
3) La necesidad del acceso masivo y recogida de grandes masas de metadatos vinculados a comunicaciones para que la vigilancia sea efectiva.
4) En España, el Ministerio Fiscal ha tenido libre acceso legal a todo tipo de metadatos, incluidos los de identidad de abonados y usuarios desde la Ley 34/2002 y hasta la Ley 25/2007. Con posterioridad, su interpretación es que tiene derecho al acceso a los metadatos excluyendo los de identidad del usuario, lo cual no contradice la Ley Orgánica de Protección de Datos ni la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas.
5) La deliberada y grave falta de explicación política a la ciudadanía y la ausencia de debate público de la situación….TEXTO COMPLETO
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