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José Luis Carretero Miramar es profesor de Formación y Orientación Laboral. Miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA).

“Necesitamos negociar reglas sobre protección de inversiones y ISDS en el TTIP”. Eso afirmaba la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Malmström, el 5 de mayo de este mismo año en un documento que incluía una serie de propuestas para “continuar mejorando” los estándares de protección de inversiones en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre los Estados Unidos y la Unión Europea que se está negociando en la actualidad en medio de un secretismo clamoroso.

El anuncio de la comisario resultaba especialmente significativo, dado que en el año 2014 la propia Comisión organizó una consulta pública sobre su agenda de ISDS, destinada a la negociación del CETA (el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá). La opinión pública del continente participó de manera masiva: cerca de 150.000 personas y organizaciones respondieron al cuestionario, lo que representaba un récord absoluto para una consulta de la Comisión. El 97% de ellos rechazaron de manera clara el ISDS y las propuestas de reforma del mismo. La Comisión Europea, como demuestra el documento de Malmström, siguió adelante.

Pero, ¿qué es exactamente el ISDS? ¿Por qué genera tanta controversia y qué importancia tiene para los ciudadanos que se acuerde o no, en el marco de un Tratado Internacional de Libre Comercio, como el TTIP? El ISDS es una claúsula tipo que suele introducirse en el texto de los tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio. Lo que hace esta cláusula es remitir los conflictos derivados de la alegación del incumplimiento del Tratado por los estados firmantes, ante cortes arbitrales internacionales ad hoc. Es decir, las empresas que pretendan demandar a un Estado firmante del Tratado internacional sobre la Energía, por ejemplo, por incumplir sus obligaciones en el mismo, no deben hacerlo en los tribunales nacionales, sino ante una corte internacional establecida específicamente para ello. La corte más utilizada es el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial).

La corte arbitral no es un tribunal, es decir, no forma parte de la organización jurisdiccional de ningún Estado ni de ninguna organización internacional. Esto tiene una serie de implicaciones: los árbitros no están obligados a utilizar, como normas aplicables al litigio, la Constitución del Estado implicado ni las normas internacionales de Derechos Humanos, sino tan sólo el texto mismo del Tratado. Además, quienes ejercitan la labor de árbitros no son jueces, sino profesionales internacionales que suelen ir rotando entre las funciones de asesores de los gobiernos, de las empresas, abogados de las partes en estos litigios, y árbitros en la determinación de los mismos. El concepto, ya suficientemente conocido en nuestro mundo cultural, de “puertas giratorias”, les viene a estos señores (suelen ser señores, aunque no siempre) como anillo al dedo.

Este tipo de pleitos son extremadamente caros, y tanto las empresas demandantes como los Estados demandados suelen recurrir a un elenco bastante limitado de grandes bufetes internacionales de abogados. Hemos hablado ya de todo ello, con datos específicos, en un artículo accesible en Trasversales.

Pero, ¿hablar de esto es centrarse en algo inventado, improbable, una especie de curiosa diversión de elementos conspiranoicos que se ponen a buscarle tres pies al gato del TTIP y de (veremos) el resto de tratados bilaterales de libre comercio?

Respondamos: en estos momentos España ha recibido una auténtica oleada de pleitos ante este tipo de instancias por su reciente reforma energética. A día de hoy, nuestro país acumula 24 demandas en su contra, cuatro veces las que hay contra Rusia, el país que le sigue en número de pleitos.

La mayor parte se tramitan en el CIADI, ya mencionado. En este organismo, nuestro país es el que está en situación de demandado en mayor número de ocasiones, después de Venezuela y Argentina. De hecho, sumando las demandas en el CIADI y en Uncitral, España tiene el récord mundial de pleitos bajo el paraguas del Tratado de la Energía. Las empresas que invirtieron en nuestro país cuando se subvencionaba a las renovables, lo han demandado masivamente cuando la legislación cambió. De las 82 demandas que ha habido hasta ahora, con utilización de la cláusula ISDS presente en el Tratado de la energía, el 29 % corresponden a España. Sólo en agosto de este mis­mo año, nuestro país fue demandado cuatro veces, en algunas ocasiones por gran­des grupos transnacionales como E.ON, primera eléctrica alemana. De hecho, desde Alemania han llegado bastantes demandas, además de la de E.ON, como la de la segunda eléctrica del país, RWE, la de Rreef, un fondo de inversión creado por el Deutsche Bank, o la del empresario individual Mathias Kruck, junto a otros siete inversores, todos ellos nacionales del país germano.

Por supuesto, como decíamos, los grandes bufetes internacionales sacan un gran partido de los pleitos contra nuestro país: de he­cho los despachos Cuatrecasas y Allen & Overy han sido los más activos a la hora de demandar al Estado Español. Este último bufete ya en 2011 inició la oleada de pleitos demandando en nombre de los grupos AES Solar, Ampere Equity Fund, Element Power y otras empresas fotovoltaicas de Francia, Reino Unido y Alemania. Los bufetes más dedicados a este tipo de pleitos a nivel global también han intervenido. King &Spalding, por ejemplo, trabaja en cinco casos contra España, en algunos de ellos junto a Gómez Acebo & Pombo. E.ON ha contratado a Luther, un despacho de amplia historia, que ya destacó, entre otras cosas, en su momento, por aconsejar a sus clientes no participar en la reestructuración de la deuda griega para poder demandar posteriormente al Estado heleno, al estilo de lo hecho por diversos fondos buitres con Argentina.

Así que el asunto es real. Está pasando. Y el ISDS es un peligro efectivo, a futuro, para la soberanía y para la estabilidad económica de nuestro país.

Sin embargo, la posibilidad de la utilización de la cláusula ISDS no es el único punto conflictivo de la hipotética firma del TTIP. Hay muchas más cosas que ya se han indicado en otros artículos conexos, como el efecto laboral de establecer una zona de libre comercio con un Estado que no ha firmado la mayor parte de los convenios de la OIT, o los efectos ecológicos o para la salud humana de abrir las fronteras a productos de un país (los Estados Unidos de América) donde no rige el principio de precaución, o donde los productos transgénicos no deben ni tan siquiera ser etiquetados como tales.

Así pues, merece la pena detenerse en una visión global que nos otorgue una cierta capacidad de discernimiento de por qué este Tratado, en concreto, se plantea aquí y ahora. Veámoslo.

Habría que hacer notar que el TTIP no está solo ni aislado. Pertenece a toda una pléyade de iniciativas de “Libre Comercio” que han sido uno de los elementos centrales de la expansión global del neoliberalismo como proyecto de recomposición del régimen de acumulación capitalista desde hace décadas. Estamos hablando de la misma conformación de la OMC, en la Ronda Uruguay del GATT, de la multiplicación de tratados bilaterales de “libre comercio” como el NAFTA (entre Estados Unidos, México y Canadá) o la tentativa norteamericana de puesta marcha del ALCA (Área de Libre Comercio con América del Sur), que no terminó de concretarse por la resistencia de los pueblos y de los gobiernos progresistas de América Latina.

De hecho, en este mismo momento, paralelamente al TTIP, se están negociado al menos dos grandes tratados de importancia geoestratégica y comercial vital.

El primero es el Acuerdo de Comercio en Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que están negociando en secreto los gobiernos de 50 países, y del que acaba de descolgarse Uruguay después de una exitosa huelga sindical que tenía como uno de sus puntos reivindicativos esenciales el “rechazo total y absoluto” del mismo, y que trata de generar un mercado global y abierto entre ellos para rubros que van desde el agua y la alimentación, a la salud, la educación, las comunicaciones, correos, transportes, comercio electrónico, servicios financieros, venta mayorista y minorista, servicios ambientales, etc.

Los textos sobre los que se trabaja en las negociaciones del TISA (algunos de los cuales han sido filtrados por Wikileaks desde 2014) incorporan cláusulas como la confidencialidad del acuerdo hasta 5 años después de su firma, o que los Parlamentos de los países que lo ratifiquen sólo podrán aprobarlo o rechazarlo en bloque, sin capacidad para hacer adendas o salvedades para proteger los mercados nacionales. El TISA exigirá total transparencia a los Estados sobre sus compras públicas y sus normativas sobre los servicios, que deberán ser consultadas antes de su aprobación con las empresas transnacionales concernidas (al­go parecido pretende incorporar el TTIP con el llamado “Consejo Regulador” en el que las transnacionales podrán valorar las normativas comerciales redactadas en la Unión Europea antes de que se aprueben).

El TTIP y el TISA, por supuesto, están íntimamente relacionados. Forman parte de la misma estrategia “liberalizadora”, en el sentido de destructora de todo límite a la expansión del régimen de acumulación de las grandes transnacionales, y privatizadora de los bienes comunes, que está en el corazón de la estrategia esencial del Capital en las últimas décadas. Y no están solos, como ya hemos dicho. Junto a ellos hay otras iniciativas importantes del mismo bloque de poder hegemónico global, como el llamado Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación E­co­­nómica (o TPP, por sus siglas en inglés) que están negociando actualmente 12 estados: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Ja­pón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Pero para entender bien la estrategia esencial que se esconde tras estos tratados debemos hacer el pequeño ejercicio que recomienda Immanuel Wallerstein en un artículo reciente en La Jornada: “mirar la lista”. Y así vemos quienes no están negociando el TPP: nada menos que China y la India.

¿Por qué? Sigamos con Wallerstein: “En realidad tales tratados no se basan en el libre comercio, sino más bien en el proteccionismo (…) Si un tratado incluye a algún número de estados, desde dos estados a N-1 estados (siendo N la totalidad de estados en un momento particular), esto por definición significa que algunos de los otros estados están excluidos de las previsiones de dicho tratado”. Es decir, que no sólo importa quienes firman, sino también quienes no lo hacen. Aquellos que van a quedar excluidos, de inicio, de la zona de “libre comercio”.

Detengámonos, ahora, en el TTIP, que es el que nos ha llevado hasta aquí. Queríamos saber las razones últimas de su propuesta, de que se esté negociando en este momento concreto y con estos agentes específicos. Hay razones obvias, que suelen ser destacadas usualmente: los beneficios que las transnacionales afincadas en las áreas económicas firmantes van a obtener. Pero también hay razones que no están en la superficie: lo que podríamos llamar el impacto geopolítico y comercial con aquellos que van a quedar excluidos.

¿Quién está excluido del TTIP?: principalmente Rusia. La potencia emergente del Este de Europa, con una importancia estratégica esencial en lo que se refiere a la seguridad energética del Viejo Continente. El principal proveedor de gas de la Unión Europea, y un espacio económico con una creciente interdependencia económica con la misma en las dos últimas décadas.

La exclusión de Rusia debe leerse en el contexto de muchos otros movimientos estratégicos de los últimos tiempos que la tienen como centro: la expansión de la OTAN hacia sus fronteras y el despliegue de fuerzas militares en su entorno inmediato; la guerra civil provocada en Ucrania, con las consiguientes sanciones a las exportaciones del “Oso Ruso” hacia Europa; el caos desatado en Siria, tradicional aliado ruso, que podría permitir abrir el espacio necesario para poner en marcha los recurrentes proyectos de productos petrolíferos y gasísticos que, como el llamado “Nabucco”, pudieran permitir el acceso de la Unión Europea a los inmensos recursos energéticos de Asia Central sin pasar por Rusia.

Así pues, el TTIP, analizado en su contexto, no sólo abre aún más el espacio europeo para las trasnacionales norteamericanas, también lo cierra para las empresas rusas. Elimina de raíz, combinado con el resto de movimientos geopolíticos que lo acompañan, toda posibilidad de interconexión e interdependencia crecientes entre la Unión y el espacio euroasiático que Rusia trata de construir. Un movimiento estratégico de largo alcance, si atendemos al tipo de visión geopolítica que han puesto sobre la mesa analistas como Joan Garcés en su libroSoberanos e intervenidos: impedir la construcción de una gran área económica euroasiática desde Finisterre hasta el Pacífico, incluyendo la “Vieja Europa” y la “Rusia amplia” es imposibilitar la emergencia de un gran espacio autosuficiente desde el punto de vista económico y, por tanto, político, que tuviese acceso tanto a la industria más moderna, como a los recursos y materias primas esenciales. La confrontación Rusia-Europa, así, se presenta como una necesidad geoestratégica de primer orden para la subsistencia del bloque occidental, pivotando en torno a los países anglosajones, como Centro imperial del sis­tema global, y el bloqueo de la aparición de cualquier posible competidor.

Las consecuencias de estos conflictos entre potencias se miden en vidas humanas destrozadas y en sufrimientos indecibles para los pueblos, así como la “liberalización” del comercio, entre algunos países, se mide en privatizaciones, pérdida de condiciones de vida, aparición de productos insalubres y de peligros evidentes para el medio ambiente y la vida humana. Detener esa deriva es una necesidad de los pueblos. Los de América Latina ya lo hicieron con el ALCA, y en Uruguay acaban de evitar exitosamente su participación en el TISA. Es la hora de que los pueblos de Europa empecemos a plantearnos realmente qué Europa queremos: la de la liberalización económica, la insolidaridad con los pueblos del Sur y el enfrentamiento creciente con los “emergentes”, o la de la construcción de alternativas sociales y vivenciales que permitan iniciar un proceso de transición cada vez más necesario para buscar una salida cooperativa y democrática al capitalismo histórico, mientras se intercambia y se comparte con el resto de pueblos de nuestro entorno.

Plantearse esa nueva Europa lleva, por supuesto, a poner en cuestión no sólo la firma del TTIP, sino también la arquitectura esencial de la actual. Salirse, probablemente, de la cárcel del euro, para empezar a construir una Europa diferente. Pero eso es ya otro tema que merecería un debate y un artículo nuevos.