Nos encontramos frente al inicio de curso escolar más caótico que se recuerda. En la primera semana de septiembre, la Comunidad de Madrid ha empujado a una apertura de las aulas sin las medidas mínimas necesarias para salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores del sector educativo, los alumnos y alumnas, y el conjunto de las familias de ambos grupos humanos.
El reinicio de las actividades educativas ya vino anunciado, durante las últimas semanas de agosto, por una creciente movilización de los trabajadores de la enseñanza. Organizándose mediante las redes sociales (concretamente gracias a una miríada de grupos de Telegram), de manera asamblearia y multitudinaria, los docentes madrileños sobrepasaron la cauta y discutible capacidad de iniciativa de los sindicatos mayoritarios del sector y plantearon una batería de reivindicaciones. Entre ellas, la disminución de las ratios de alumnos por aula, la contratación de personal sanitario para los centros, la cobertura inmediata de las plazas ocupadas por los docentes que enfermen o deban ser confinados, la atención específica a los trabajadores especialmente vulnerables ante la Covid o la contratación masiva de personal de limpieza que pueda garantizar la higiene en los centros educativos.
El movimiento ciudadano iniciado por los docentes arrastró a las familias a exigir sus propias reivindicaciones y forzó a los sindicatos mayoritarios a convocar algunas jornadas de huelga, extendiéndose como la pólvora y concretándose en numerosos comunicados públicos y en concentraciones ante las Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación, así como en la búsqueda de una vía jurídica para implementar una convocatoria de huelga indefinida unitaria, desbordando a los aparatos sindicales mayoritarios.
Pocos días antes del inicio del curso, Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que había sesteado todo el verano sin desarrollar ninguna iniciativa para garantizar la vuelta segura a las aulas, anuncia una batería de medidas que acogen muy limitadamente las reivindicaciones docentes. Nada se dice del personal sanitario para los centros, se promete la contratación de cerca de 11.000 docentes de refuerzo, y se rebajan las ratios de manera poco generosa. Si embargo, los sindicatos mayoritarios de la enseñanza anuncian que retrasan a finales de septiembre (o suspenden, aún no está claro) la convocatoria de huelga. El curso comienza el uno de septiembre, con los profesores y profesoras participando en claustros (reuniones de la totalidad de plantilla docente de los centros) atestados, en espacios cerrados, que sobrepasan con mucho el límite de diez personas que la Comunidad de Madrid establece para las reuniones al aire libre.
Lo que sigue es una forma de chirigota macabra: amparada por sus promesas, que todo el mundo sabe que son de imposible cumplimiento (pues para rebajar las ratios a los niveles prometidos deberían contratarse muchos más docentes, y parte de los contratos ofrecidos, además, van a realizarse para reforzar a la enseñanza concertada o para cumplir compromisos anteriores con los sindicatos), la Comunidad de Madrid convoca una serie de pruebas serológicas masivas para los docentes, que se inician con un peligroso caos organizativo que ocupa las portadas de los diarios internacionales. Aglomeraciones de profesores, nula atención a los trabajadores vulnerables, falta de medidas básicas de seguridad y salud en los centros: Isabel Díaz Ayuso declara que “al final nos tendremos que contagiar todos”.
La falta de atención a la salud de los trabajadores vulnerables es paradigmática de lo que está sucediendo: no existe, en estos momentos, ningún procedimiento administrativo específico para realizar ningún tipo de adaptación del puesto de trabajo para diabéticos, embarazadas, inmunodeprimidos, hipertensos, enfermos pulmonares, mayores de 60 años, etc. La clase política española afirma una y otra vez que los confinamientos se han hecho para “salvaguardar a los vulnerables”, que las medidas de recorte de libertades se toman para “proteger a los que más sensibles son a la enfermedad”, pero lo cierto es que, hoy en día, no hay ninguna norma específica que proteja a dichos colectivos y se espera de ellos que trabajen en las mismas condiciones que los demás.
El personal educativo vulnerable, sin embargo, se organiza. Intercambiando la información relativa a su situación mediante un grupo de Telegram y emitiendo varios comunicados conjuntos. Los trabajadores vulnerables de la enseñanza reclaman el cambio de puesto de trabajo, a uno sin peligro para los que tengan sus patologías descontroladas; y la posibilidad de optar entre dicho cambio, el teletrabajo y una adaptación del puesto que ocupan (que puede referirse a medidas relacionadas con los horarios o los espacios de trabajo, por ejemplo) para quienes tengan sus patologías controladas. Enseñar la solidaridad y los valores a las nuevas generaciones precisa que esos valores informen, también, la actuación de los poderes públicos y de la Administración educativa.
Nos lo cuentan los docentes. Eva Enebral, profesora de literatura del IES Vallecas I lleva ya casi diez años con graves problemas de salud:
“Tengo una enfermedad sistémica autoinmune, espondiloartropatías, y un problema de conectividad en el corazón. Estoy inmunodeprimida y con un tratamiento muy agresivo, con lo que llaman un biológico. La vuelta al cole es algo horroroso. Ni siquiera nos consideran personal de riesgo para llevar una mascarilla FPP2 “.
Eva nos cuenta como vive este inicio de curso:
“Lo vivo con temor porque creo que se están vulnerando derechos. No me veo segura en el centro. Tengo un niño pequeño y estoy muy afectada por el estrés de este comienzo. Se ha gestionado todo mal. No se le ha hecho caso al problema hasta el último momento. La OMS está para algo. Es una incertidumbre absoluta. Cuando eres vulnerable llevas más papeletas que el resto.”
Aún así, nos cuenta Eva:
“No se ha hecho ningún estudio de prevención de riesgos laborales en los centros educativos. Somos conejillos de Indias. Muchos de mis alumnos no se pueden permitir llevar dos mascarillas al día. Tengo miedo también por los alumnos. Somos el primer colectivo que se ha planteado hacer una huelga que no es sólo por nosotros, sino también por la comunidad, las familias, los alumnos…todos.”
Carmen Gavela, maestra de primaria en el CEIP Asturias de Vallecas, tiene más de 60 años. Nos cuenta que la dirección de su centro ha intentado hacerlo lo mejor posible, dada la falta de recursos y de atención por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid:
“Nos van a dar una pantalla y una FPP2 diaria. Van a hacer grupos flexibles y grupos burbuja de unos 15 o 16 alumnos. Pero todo eso ha sido por iniciativa del centro, antes de que llegara ningún dinero ni nada. No les han regalado nada. De hecho, habían pedido hacer una obra durante el verano para poner piletas con agua en todas aulas, para que los niños y niñas no tuvieran que ir al baño a lavarse las manos, y se lo han denegado. “
Carmen reafirma su visión del problema:
“Parece mentira que la Administración, después de haberles pedido a los centros un plan en mayo, no hiciera nada durante todo el verano, porque los centros sí han propuesto cosas. El problema es la Administración. Los equipos directivos en muchos casos han estado trabajando muchísimo a pesar de la escasa ayuda que han recibido, para intentar preparar clases seguras frente al Covid”.
“Tenemos un aula de música que no sabemos si se va a poder utilizar”- nos cuenta Carmen- “nos tienen que mandar equipos de limpieza muy potentes, estamos hablando de niños que se comen un bocadillo y juegan en el recreo; los alumnos tienen que estar en grupos burbuja, pero luego resulta que en las actividades extraescolares sí se pueden mezclar. Se está haciendo todo con muchas ganas e ilusión, pero las administraciones no hacen nada.”
Las autoridades educativas juegan, en este inicio del curso, en el filo del caos. Más de dos mil profesores han dado positivo en las pruebas serológicas realizadas la primera semana de septiembre en Madrid. Se ha dicho muchas veces: nadie sabe donde acaba la influencia de la escuela, de los docentes, del sistema educativo. Lo que se aprende en las aulas nos acompaña toda la vida. Hoy las autoridades educativas se han empeñado en que las aulas enseñen, por la vía de la práctica, que la salud no es importante, que el trabajo no debe ser seguro, que las personas vulnerables no merecen la solidaridad de la sociedad.
Algún día habrá otra escuela. La escuela de una comunidad educativa articulada, solidaria, democrática, autoorganizada para enseñar y aprender (ambas cosas son lo mismo) que la solidaridad es una cuestión de hechos y no de declaraciones altisonantes y vacías. Los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Madrid reclaman la atención al mensaje que mandamos, en las aulas, al futuro de nuestros hijos. En tiempos de pandemia, el mensaje no es otro que este: debemos elegir, cuidado mutuo o barbarie.
José Luis Carretero Miramar.