La prensa económica nos advierte del avance de los inversores globales en el mercado de la vivienda en alquiler tras el Estado de Alarma declarado para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Los grandes fondos de inversión y las aseguradoras han invertido más de 1000 millones de euros en inmuebles destinados al arrendamiento de vivienda en los últimos meses.

                Un buen ejemplo de esta tendencia es la alianza entre la gestora de fondos francesa Primonial y Grupo Lar, una inmobiliaria, para dedicar 400 millones de euros a construir y gestionar 5.000 viviendas bajo la fórmula build to rent (construir para alquilar). Asimismo, el fondo global Aberdeen Standard Investments ha comprado un proyecto de 160 viviendas a Azora en la zona de Mahou-Calderón de Madrid, por 90 millones de euros.

                El interés de los inversores globales por el mercado del alquiler en España viene de largo. Ya en 2019 se gastaron 1650 millones en ampliar sus posiciones en este negocio, de los cuales 974 fueron destinados a hacerse con bloques de pisos ya construidos. Aunque cerca del 95 % del mercado del alquiler español sigue estando en manos de particulares, la parte bajo control de los fondos de inversión ha aumentado sin cesar en los últimos años, destacando las posiciones de gigantes globales como Blackstone, el mayor arrendador de viviendas del país, que representan más de 50.000 pisos, por valor de más de 20.000 millones de euros, repartidas en distintas sociedades instrumentales como Testa, Aliseda, Anticipa y Fidere.

                Pero este acusado apetito inversor no ha redundado en un más amplio cumplimiento del derecho a la vivienda reconocido en la Constitución española. En el país de la OCDE en el que se espera la mayor tasa de desempleo para 2020 y 2021, asoma de nuevo el fantasma de los desahucios. Las ayudas públicas implementadas tras la emergencia de la pandemia (ERTEs, subsidios, cicateras moratorias de hipotecas y de alquileres, etc.) han conseguido, de momento, evitar que un nuevo tsunami de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos de viviendas, como el de la pasada crisis del año 2008, sacuda a los barrios de las clases populares. Pero, en el marco de un régimen jurídico pensado expresamente para favorecer los intereses de los grandes propietarios y la emergencia de recurrentes burbujas especulativas, diversos analistas prevén un aumento del 25 % en los desahucios en el tercer trimestre de este año. Y eso, aún teniendo en cuenta que, muy posiblemente, los ERTEs se mantendrán vigentes para cientos de miles de trabajadores al menos hasta el inicio del año que viene.

                En este escenario difícil y cambiante, las políticas públicas de vivienda de las últimas décadas han constituido un sonoro escándalo. Baste un ejemplo: en diciembre del año pasado, el Tribunal  Supremo inadmite el recurso de Casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad que anuló, a petición de uno de los arrendatarios, la resolución del Instituto público de la vivienda de Madrid (IVIMA) de 29 de agosto de 2013, por la que el gobierno de Ignacio González vendió 2935 pisos de protección oficial al fondo de inversión Azora, participado mayoritariamente por el gigante global  Goldman Sachs, quien, a su vez, las traspasó a su vehículo de gestión inmobiliaria EnCasa Cibeles.

                Como afirma el Tribunal Supremo en el auto de 29 de noviembre de 2019, que inadmite el recurso de Casación de la Comunidad de Madrid:

“En lo concerniente al fondo de la cuestión, y en obligada síntesis, la Sala entiende que la Administración no ha motivado adecuadamente (ni suficientemente) –con arreglo a lo exigido en el artículo 49 de la norma autonómica sobre patrimonio y en los artículos 131 y 138 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas- la concurrencia del carácter no necesario, para el cumplimiento de los fines del IVIMA, de los bienes finalmente enajenados. Sobre este particular considera que, si bien la decisión de enajenar las viviendas se adoptó tras un análisis de las posibles alternativas que existían para la consecución de los fines perseguidos (encontrándose factores negativos y positivos), la decisión, tras dicho análisis, de por qué no se conservarían dentro del patrimonio del IVIMA esas concretas viviendas, y en tal alto número, no se efectuó.

Esto es, sigue razonándose en la sentencia, la decisión de enajenar corresponde a la Administración y constituye una decisión política (…); pero además debe justificarse por qué las viviendas enajenadas no son necesarias. Y desde esta perspectiva añade que una cosa es la existencia de una motivación escueta y, otra distinta, que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse.”

Contra este auto, la Comunidad de Madrid interpuso recurso que fue denegado por Providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2020. Pero, sorprendentemente, la situación de hecho de los arrendatarios de las viviendas del IVIMA vendidas ilegalmente a Goldman Sachs no ha cambiado. Y algunos de ellos deben encarar ahora la posibilidad de ser desahuciados por EnCasa Cibeles.

Ya en el año 2017, en una entrevista con el autor de este artículo, varias arrendatarias de uno de los bloques de viviendas de protección oficial vendidos por el IVIMA a Goldman Sachs, sito en el Ensanche de Vallecas, narraban cómo había cambiado su situación tras la venta:

“Las ayudas al alquiler. Ellos dicen que no son una ONG y que no conceden ayudas al alquiler. El IVIMA se lava las manos porque la casa ya no es suya y le pides otro piso y te dicen que hasta dentro de veinte años no puedes. Estamos a la espera de que nos echen (…)

A veces dicen que te van a echar, que se te ha acabado el contrato, te asustan y no te dan información (…) Para seguir metiendo gente, sacan a los antiguos, de quienes se quieren deshacer.”

Esta misma semana, Monserrat González, inquilina de uno de los pisos y representante de la Plataforma organizada por los arrendatarios, nos confirma que la situación no ha cambiado, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y las resoluciones del Tribunal Supremo:

“EnCasa Cibeles sigue mandando órdenes de desahucio. No se cumple la Sentencia ni el auto del Supremo. La Comunidad de Madrid ni siquiera ha dicho si ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, y tampoco ha cumplido la sentencia. Estamos en una situación de indefensión total. Ya no me fío de la Administración de Justicia. Están desahuciando gente ahora mismo. Es como una película de Berlanga, pero sin gracia. Un drama y una injusticia.”

Realia, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim. AQ Acentor, promotora dirigida por el fondo de inversión alemán Aquila Capital. Y los ubicuos Blackstone, Cerberus, Lone Star, Goldman Sachs… Estos, y algunos más, son los fondos que se están haciendo con el control del mercado de la vivienda en nuestro país. Y, aun más, lo están llevando a cabo comprando, a precio de ganga, promociones públicas, como los pisos del IVIMA de que hemos hablado o los pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid que fueron entregados por esas mismas fechas a Blackstone. Y, también, como las enormes promociones vendidas por la Sareb a los fondos a muy buen precio, porque los contribuyentes (es decir, los trabajadores) pagan la diferencia en la forma de deuda pública y recortes en los servicios del Estado de Bienestar, como la Sanidad o la Educación.

La defensa del derecho constitucional a la vivienda impone hacer frente a los buitres que se quieren hacer con ella para exprimir y extorsionar al máximo a los ciudadanos. Defender el derecho a la vivienda impone luchar contra los desahucios, y también defender el derecho a la palabra de quienes, como Montserrat González y sus vecinos y vecinas,  sufren las consecuencias de la brutal agresividad de un mercado de grandes tiburones a los que nadie intenta controlar.

José Luis Carretero Miramar.