Enrique Jiménez Chamorro salió de su casa de Toluviejo, en el departamento de Sucre, nervioso y maqueado, se despidió de sus padres con la esperanza de que el aviso que leyó en la prensa fuera el de la suerte y sus días dejaran de ser tan largos como tediosos. Fue la última vez que los vio y la última vez que lo vieron. Vivo al menos. Desde el retrato en blanco y negro que sujeta su padre en la plaza Bolívar de Bogotá Miguel Enrique nos mira a nosotros, los vivos, con gesto serio, sus labios fruncidos, su pelo crespo, rezuma juventud y parece abstraído, tal vez desde el otro mundo aún no ha asumido que está muerto porque él, recuerden, sólo había salido un momento, un momentico. Su sola presencia es un grito silencioso, callado, embutido en su traje de chaqueta, parece que le apriete la corbata. Sus padres no volvieron a verlo así. Había salido vestido de elegante para probar suerte en una oferta de trabajo. Como él, otros diez jóvenes acudieron a la trampa que les costaría la vida. El cebo era una oferta de trabajo con un sueldo de algo menos de trescientos euros al mes. El tramposo: el mayor Orlando Arturo Céspedes, segundo comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre. No fue el único. En busca y captura se encuentra el comandante de la base: Luis Fernando Borja Aristizábal. Los once jóvenes fueron secuestrados, vestidos de guerrilleros y asesinados a tiros. Sus cadáveres aparecieron acribillados, vestidos de subversivos, objetivos de los fotógrafos de prensa, a los pies de unos soldados orgullosos por haber cumplido con su deber. Miguel Enrique entró entonces a formar parte de la estadística con la que el ejército colombiano sorprende a sus ciudadanos. Los gloriosos militares habían acabado con todo un grupo de guerrilleros de las FARC. La realidad era más dura porque sólo eran once jóvenes sin empleo a los que engañaron con una falsa promesa de trabajo para poder matarlos mejor.

Lo peor de todo es que detrás de esas muertes se esconde el cobro de una recompensa. Desde 2005, gracias al esfuerzo del entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, el gobierno colombiano premia a sus soldados por cada guerrillero o paramilitar muerto en combate con algo menos de dos mil dólares. Desde aquel caramelo envenenado, los militares colombianos han asesinado a cientos de civiles inocentes: en la fiscalía constan 1043, las asociaciones hablan de más de dos mil quinientas personas, en la calle se habla incluso de cinco mil. Cientos de ciudadanos que no eran ni guerrilleros ni paramilitares, me refiero. Cientos de recompensas que resultaron mucho más fáciles de cobrar que enfrentarse a esos cientos de guerrilleros o paramilitares que, entre otras cosas, pueden defenderse y hasta matar soldados. Sin duda, un trabajo honorable, un trabajo bien hecho, un dinero fácil y una tarea heroica. Tras cada muerte se esconde una recompensa, una fotografía en los diarios, el minuto de gloria en la televisión, un apretón de manos del superior jerárquico, unas palabras pomposas del político de turno alabando la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en la eterna lucha contra Eurasia. Perdón: contra el terrorismo. A los pies están los muertos, muertos acribillados, balaceados, tiroteados. Son agricultores de zonas remotas, jóvenes delincuentes de barrios conflictivos, indigentes que duermen en la calle, niños mendigos, opositores de izquierda, sindicalistas. Son desechos de la sociedad, gente que no tenía que protestar, son un sobresueldo para oficiales, para soldados obedientes, son estadísticas para tranquilizar a los lectores de la prensa.

Le propongo un ejercicio de imaginación. Imagine que su hijo ha desaparecido, que lo busca por todas partes, que no aparece, que se pone en lo peor y que un mal día, su hijo aparece, muerto, acribillado, vilipendiado, dicen que es una basura, un guerrillero, que se merece lo que le ocurre y que bien muerto está. Imagine que lo ve tumbado sobre la camilla, los agujeros de las balas han desgarrado su cuerpo, su pecho reventado, su rostro sobresaliendo de una bolsa de plástico. Imagine ahora que se introduce usted mismo en esas bolsas, bolsas de cadáveres, bolsas de muerto, bolsas que te traen el recuerdo de su hijo muerto, de las noches de infructuosa espera, las lágrimas, el horror. El horror más grande pero usted, campesina iletrada de una aldea remota de alguna selva colombiana, recorre miles de kilómetros para meterse en esa bolsa de cadáveres donde reposó su hijo, Miguel Enrique, al que despediste con una sonrisa porque estaba usted seguro de que, esta vez sí, encontraría trabajo. Y lo hace ante el parlamento de su país para que, al menos provocando vergüenza, alguien ponga fin a esa indignidad. Pero póngase en algo peor aún: póngase en que nadie le escucha y que nadie le mira. Así protestaron decenas de agricultores venidos de las zonas rurales más remotas de Colombia, escoltados por un público minoritario, sobre todo extranjeros, vigilados por la policía, protestando bajito, no fuera que algún oficial les mandara dar unos palos.

El valeroso mayo Orlando Arturo Céspedes, responsable de la muerte de esos once jóvenes, once que sepamos, ha sido capturado recientemente gracias a la tarea de la fiscalía de la unidad nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El comandante Fernando Borja sigue en paradero desconocido.

Todo comenzó en Soacha, un municipio pegado a Bogotá, a finales de 2008. Diecinueve jóvenes de esta ciudad, y algunos más de la conflictiva Ciudad Bolívar, una enorme extensión de barrios humildes al sur de la capital formada, sobre todo, por refugiados de la guerra, desaparecieron de pronto y apenas unas horas después volvieron a aparecer, todos muertos y engrosando las filas de la guerrilla: habían fallecido en varios enfrentamientos con el ejército. El escándalo creció como el pan en el horno, los casos se multiplicaban por todo el país, muchas madres reconocían que sus hijos eran, así entre nosotros, unos chorizos pero nunca unos revolucionarios. Alguien me contó en Bogotá que un soldado recibió la orden de ejecutar a un peligroso guerrillero que resultó ser su propio hermano, secuestrado horas antes. De pronto el asesinato era más lucrativo que nunca: sólo hacía falta una bala y un uniforme roñoso de guerrillero para que el estado te pagara un sueldo muchas veces superior al que gana un colombiano medio. Philip Alston, relator de la ONU para este caso en concreto, denunció que la impunidad alcanzaba el 98.5% de los casos. Los familiares de los desaparecidos y de los falsos positivos, como se dio a conocer el caso en Colombia (positivo es un enemigo muerto en jerga castrense) montaban espectáculos por doquier, en la plaza Bolívar de Bogotá, ante la fiscalía general, montaban campamentos, organizaban largas caminatas. La cifra de inculpados no crecía: si acaso, disminuía. Decenas de militares encausados en estos crímenes salían en libertad, y siguen saliendo, porque sus casos, decían los jueces, habían vencido (¡!!). El ministro que encabezaba la cartera de Defensa cuando el escándalo se hizo público no sólo no dimitió: hoy es el presidente del país. El ejército inició una purga, eso es cierto, pero una purga pequeña, una purguita, podríamos decir.

Rosa tiene la foto de un muchacho en una secuencia. Ha venido desde el norte del Magdalena Medio, dice. Ha dejado su rancho, sus gallinas estarán pasando hambre, cae al pronto preocupada, quién regará su huerto, cómo de sucia estará la casa. En una foto se ve a un muchacho regordete, serio y con bigote, el pelo corto y crespo, abundante, me da envidia porque me estoy quedando calvo a marchas forzadas. El muchacho no es tan muchacho porque en un año cumplirá cuarenta. Cumpliría cuarenta. Lleva un polo azul manchado y roto por el cuello. Unos raídos vaqueros, en una mano agarra una azada. En la siguiente foto hay un cuerpo desnudo tumbado en una camilla. Está amoratado, no tiene bigote reconocible, el labio superior está hinchado, le ha desaparecido un ojo, su pecho muestra varios orificios que parecen de bala. No parece el mismo hombre pero Rosa asegura que sí, que es el mismo, y que ambos son su hijo.

Con sólo poner en google noticias ‘falsos positivos’ podemos leer cómo no hay semana en que la fiscalía conozca de algún nuevo caso, ordene detener a algún nuevo militar, las víctimas denuncien algún nuevo desaparecido. Los asesinatos, pues, siguen, a pesar de que Juan Manuel Santos, hoy presidente de la nación, cerró el caso en 2009 asegurando que se trataba de hechos aislados y acontecidos en el pasado que jamás volverían a repetirse. Pero sí, se repiten y Santos hoy es, insisto, presidente del país.

Y son los indigentes los que engrosan en mayor número los falsos positivos. En el invierno de 2009 volvía a casa por la avenida Séptima de Bogotá, tras una noche de copas, cuando un amigo comenzó a dar gritos en la noche. Las calles estaban vacías, era ya madrugada, y un cuatro por cuatro estaba aparcado en la acera en una ciudad donde los coches no aparcan en las aceras. Un vehículo con placas oficiales. Cuatro indigentes caminaban como zombies, completamente colocados, tras un tipo cubierto con un casco de moto, rumbo al cuatro por cuatro. Yo no caí en nada hasta que mi amigo comenzó a gritar. ‘Hijueputas, huyan, huyan, los van a matar’. Pensé que el alcohol le había hecho un extraño efecto pero el cuatro por cuatro arrancó a toda prisa y se perdió por la avenida. Los indigentes, inmersos en su propio mundo, siguieron deambulando sin comprender. Una moto apareció de la nada mientras el tipo del casco se nos acercó intimidante y nos amenazó de muerte. ‘Seréis los próximos’, nos dijo, se montó de paquete en la moto y desapareció en la noche. La amenaza no era una broma. Mis amigos dejaron de frecuentar el centro de la ciudad por unos meses. Les habíamos hecho perder casi ocho mil dólares.

 

José Luis Sánchez Hachero

http://losmundosdehachero.blogspot.com/