Las FARC renuncian al secuestro: más vale tarde que nunca

El 1 de noviembre de 2001, Gustavo Nieves Charris, Alirio Triana Mahecha, Israel Picón Sánchez y Diezmar Amador Tapia formaron cuadrilla para reparar una avería en el municipio de Ciénaga, la zona bananera del Caribe colombiano. Eran electricistas de una subcontrata, Comercializadora y Constructora de Obras Eléctricas Galectro, que vendía sus servicios a Electricaribe, la empresa con más posibles en la comarca. Ninguno llegó a reparar nada porque un grupo de las FARC los cogió presos y se los llevó monte adentro. Mientras los electricistas comenzaban su particular infierno, sus familiares iniciaban el suyo: Galectro consideró que sin trabajadores no había motivo para pagar nóminas y dio por finalizado sus contratos. Los familiares tuvieron, pues, que sufrir un martirio doble: el doliente, en desesperado recuerdo de los que ya no están, y el judicial, para exigir a la empresa que no les arrebatara el pan de sus hijos. Sólo años después las familias lograron que la Corte Constitucional colombiana condenara a Galectro al pago de los salarios a sus trabajadores, enviados a un área de un peligro tan extremo que Electricaribe había enviado una circular advirtiendo del riesgo de emboscada.

Once años después, Gustavo, Alirio, Israel y Diezmar siguen presos, sus familias ya han agotado la prórroga por sus prestaciones y Colombia se enfrenta al anunciado fin de los secuestros entre muestras de esperanza y otras de incredulidad. Nadie sabe si Gustavo y su cuadro de electricistas sigue vivo pero historias como las suyas son moneda común entre los colombianos. El Mayor Edgar Yesid Duarte fue capturado en acción de combate en octubre de 1998 y fusilado a finales de 2011, después de trece años reducido a la más triste condición. Marcos Baquero era un líder campesino y concejal de medio ambiente cuando las FARC lo encadenaron durante dos años en la selva sin más compañía que un gato. El senador Luis Eladio Pérez debió de recordar sus estudios en ingeniería de petróleos cuando fue secuestrado y contempló con ojos de alucinado a los guerrilleros extrayendo petróleo en la selva con pozos artesanales. ¡Y qué decir de Ingrid Betancourt y su irrupción en el circo mediático universal! ¡O de su secretaria, Clara Rojas, embarazada de un subversivo! Las historias del secuestro en Colombia involucran a políticos, campesinos, soldados, secretarias, electricistas.

Los familiares recorren el país buscando pruebas de vida, esos videos en los que los plagiados saludan a sus seres queridos (videos convenientemente editados por las FARC para evitar desvaríos en los que los secuestrados, con evidentes signos de locura, lanzan besos incluso a Miguel Bosé), suplican a los líderes guerrilleros, montan campamentos indignados en las sedes oficiales de la administración, peregrinan cargados de cadenas. Las FARC anuncian ahora el fin del secuestro como arma política y para ello, aseguran, derogarán la ley 2000 que les permite utilizarlo como fuente de ingresos. Dicho así, sin mucho pudor. Llegan tarde aunque las liberaciones siempre son de agradecer. Serán diez, dicen los guerrilleros, y será pronto, sin decir cuándo. Con sus líderes históricos en el recuerdo (muertos Tirofijo, Raúl Reyes, Jorge Briceño, Alfonso Cano o Iván Ríos), con su espectacular ejército de casi veinte mil hombres una década atrás reducido a menos de siete mil y con un apoyo popular decreciente, por no decir muy decreciente, las FARC entran en una nueva fase que debe hacerles cambiar o desaparecer. Cambiar a los tiempos actuales o desaparecer bajo una desmovilización masiva. O tal vez cambiar y desaparecer. Pero no deben de ser los únicos. Porque si desaparecen los que secuestran electricistas y triunfan los que son capaces de escatimarles el sueldo a las familias de sus trabajadores antes o después volverán a surgir nuevas formas de violencia.