Después del espejismo del repunte en noviembre la licitación oficial se hunde en diciembre
Los datos de licitación de obra pública en diciembre finalmente han tocado mínimos (una vez deflactados) desde que existen registros (1989), quedando en 561 millones de euros para el conjunto de las administraciones. Esto supone un descenso del 89,5% respecto a los máximos de diciembre de 2006.
La obra pública se mantuvo en niveles altísimos hasta el año 2010 -el tercer año de la crisis– , debido a las medidas anticíclicas instauradas por el anterior Gobierno y a la fácil colocación de la deuda pública hasta aquellas fechas. Siendo como es una de las partidas donde más sencillo es aplicar recortes, es normal que se haya llevado de momento la peor parte de éstos.
Por administraciones, fueron la administración central y las CCAA las primeras en recortar inversiones, concretamente a partir de 2009, mientras que los ayuntamientos, debido a que fueron los receptores de los planes E y demás, no empezaron a recortar inversión hasta entrado el año 2010.
En 2011 las licitaciones de la administración central cayeron de forma drástica, para después mantenerse en un nivel similar durante el año. Sin embargo, y seguramente debido a las elecciones, las CCAA consiguieron detener la caída e incluso incrementar levemente el gasto. Es a partir del mes de mayo cuando hemos asistido a un desplome de las inversiones en obra pública por parte de CCAA y ayuntamientos, que es el que finalmente ha llevado a mínimos históricos la licitación.
Sin embargo, hay que recordar que el déficit histórico en infraestructuras, a pesar de ciertas deficiencias sin resolver (sobre todo en materia de puertos y ferrocarril tradicional), ha quedado resuelto durante la burbuja inmobiliaria. Se puede estimar que la sobreinversión en infraestructuras y obra pública en general durante la burbuja inmobiliaria (1998-2010) ha sido de 142.000 millones de euros. Cierto que una parte considerable ha sido en obras de dudosa utilidad (AVEs ruinosos, aeropuertos inútiles, etc), pero aun así, ha desaparecido la necesidad imperiosa que existía de invertir en obra pública por el estrangulamiento que las carencias producían en la actividad económica. No se puede considerar, pues, que estos recortes sean perniciosos, sino todo lo contrario, ya que la rentabilidad de las nuevas obras era cada vez más cuestionable.