Esta pasada semana se conmemoró solemnemente el 40 aniversario de las elecciones generales de 1977. Al margen de la anécdota de la ausencia del Rey Juan Carlos, senadores y diputados que participaron en aquellas cortes se unieron a los actuales y abarrotaron el hemiciclo del Congreso para escuchar un discurso del rey Felipe VI que ha dado mucho que hablar. Como siempre cuando se trata algún asunto en el que participa la monarquía, la euforia primó en los titulares de la gran prensa española pero habría que puntualizar y matizar las desmedidas alabanzas a aquel proceso de transición para entender que poco hay que celebrar cuatro décadas después. En cuanto al hecho que se conmemora, las votaciones del 15 de junio de 1977, deberíamos comenzar indicando un error de partida: lo que se celebra como primeras elecciones democráticas no deberían ser calificadas de esa manera

Es cierto que a las votaciones pudieron concurrir la gran mayoría de los partidos políticos que habían estado agrupados dentro de la oposición al franquismo, coordinados en la conocida como “platajunta“, incluso el Partido Comunista (lo que fue toda una heroicidad de Suárez, justo es reconocérselo) pero al mismo tiempo hay que remarcar que algunos partidos republicanos históricos no fueron legalizados para aquella ocasión y, además, en aquellos comicios no existía de manera efectiva una completa libertad de información, a pesar de haberse aprobado el Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 sobre libertad de expresión. Fue muy significativo que la primera vez que se permitió que las emisoras de radio privadas emitieran infomativos propios fuera después de las elecciones.    No hay que perder de vista que la machacona presencia en los medios de comunicación estatales del partido creado por el presidente Suárez, la UCD, resultó determinante en los resultados finales, como bien remarcan diversos autores. Todo “atado y bien atado” como podemos comprobar.  ¿Cómo llamar democráticas a unas elecciones celebradas en tal situación?.  Ninguna elección en la que no exista una cierta pluralidad informativa ( Radio Nacional conectaba con todas las emisoras para emitir el conocido“parte“ ) se puede calificar de democrática.

Además de todo ello, está el asunto de la Ley Electoral, aspecto clave en cualquier democracia. Se trata de un proyecto de ley elaborado por el “movimiento” (el partido único de la dictadura) y que, pese a reconocer el sufragio universal (reconocido también en la Ley para la Reforma Política, la última Ley Fundamental del franquismo) presenta graves deficiencias democráticas. No en vano uno de sus autores, el abogado y catedrático Óscar de Alzaga, la calificó como “maquiavélica e infinitamente original”, expresando veladamente que tuvo una clara intención de perjudicar a la oposición frente al gobierno, favoreciendo además la aparición de un bipartidismo imperfecto que garantizara un gobierno estable y una oposición moderada que, como estaba previsto, iba a encarnar el PSOE de Felipe González, ya liberado del marxismo de épocas precedentes. Gracias a esta ley, vigente todavía, la provincia se constituía en distrito electoral, sobrerrepresentando descaradamente a las más conservadoras en detrimento de las zonas urbanas, más progresistas. El mínimo de diputados por provincia constituyó una de las trampas más descaradas en este sentido. El espíritu de la igualdad de voto saltaba por los aires ( a pesar de ser reconocida como tal en la Constitución de 78, la ley siguió como estaba).  Por no hablar del sistema de listas cerradas y bloqueadas, incompatible con una democracia plena.

Para finalizar es difícil pensar en unas elecciones democráticas convocadas por un gobierno no democrático, elegido directamente por el Jefe del Estado sin pasar por una convocatoria previa de elecciones. Un gobierno que, por muchos esfuerzos democratizadores que hiciese, que los hizo, contaba entre sus miembros con destacados personajes de la dictadura y había sido designado por el heredero directo del “Caudillo”.  ¿Hay por tanto motivo para tantas celebraciones?.  Seamos prudentes porque muchos de aquellos “pecados originales”, lejos de corregirse, se han acabado perpetuando, agravando los problemas típicos de un régimen que no se acabó de democratizar nunca. Poco hay que celebrar, por desgracia.

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