El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, pide que se exija a la señora Cristina de Borbón, Infanta de España, una fianza por responsabilidad civil de 600.000 euros en el caso que  instruye todavía el juez Castro en los juzgados de Palma. Además exige que no sea procesada porque a su parecer no existe delito en su actuación. Pero si razonamos como personas con sentido común, el  hecho de que el fiscal defensor (obsérvese la ironía) solicite la responsabilidad civil de Cristina demuestra lo contrario de lo que pretende hacernos creer: que la señora de Urdangarín se apropió de dinero público, de todos y que lo debe devolver, si bien según la sainetesca versión de la fiscalía carece de responsabilidad penal.  Pero a no ser que tomen por imbéciles al grueso de los ciudadanos españoles, resulta imposible creer que no tuviera conocimiento ni participación en el fraude a la hacienda pública. Tampoco es creíble que desconociera las actividades de su marido en esta materia delictiva puesto que ella era copropietaria al 50% de la empresa Aizoon, tapadera urdida por el matrimonio para desviar el dinero público para su propio provecho. Ella aparece en las actas, con su firma impresa en ellas y además que se sepa continúa con su sociedad de gananciales, que se constituyó el día en que contrajo matrimonio de estado.

A no ser que consideremos a Cristinita discapacitada intelectual algo que no parece que se vaya a demostrar (aunque cosas más raras hemos visto en Celtiberia) hemos de concluir que es corresponsable en los delitos de su marido porque, además, ha quedado acreditado que su nombre, su imagen como infanta de España era utilizada por su esposo para mendigar suculentas dádivas a diversos políticos y altos cargos del estado, todo como siempre a costa de nuestros impuestos.  Además la susodicha tenía firma en el consejo de administración de Noos, la empresa tapadera con la que el matrimonio evadía dinero al fisco, recibió  correos electrónicos de su marido y de García Revenga, su secretario personal, que han sido publicados en prensa en los cuales era informada puntualmente de los chanchullos, de los delitos, de los saqueos cotidianos que su esposo perpetraba. En cualquier país serio nadie podría siquiera plantear que esta señora quedara impune de sus delitos pero esto es España y la gran mayoría de la prensa de papel que, no nos engañemos, es la que nadie lee pero que todas las televisiones reproducen en sus informativos, nos va a vender la moto de que ella es inocente, casi una mártir por la patria.

Y sin embargo bien que la noble Borbón gastaba a troche y moche ese dinero defraudado. Pues bien, la fiscalía (y de paso la abogacía del estado y todos los que de una manera u otra están teledirigidos por el poder) pretende que todo el marrón se lo coma Urdangarín, que toda la ponzoña y la basura caiga sobre él, que sea un apestado y que se convierta en el enemigo público número uno de este país. De esta manera, Zarzuela, el gobierno, la oposición y, en definitiva, la oligarquía, pretenden establecer un claro cordón sanitario en la figura de Iñaki, el infiel esposo. Así quedaría salvaguardada no solo la infanta sino todo lo que rodea a ese palacio de los despropósitos, por no decir algo todavía mucho más grueso. Pretenden hacernos tragar el sapo del interés de estado, como si un interés general de España fuera mantener impunes, a salvo de todo y de todos al monarca y toda su real familia.

Todos sabemos que, a pesar de haber quedado acreditada (que no probada penalmente) su participación en la estafa que su marido junto con Diego Torres perpetraron durante años, la señora de Urdangarín no será condenada y posiblemente ni siquiera llegue a sentarse en el banquillo de los acusados. Y esto es así porque en España no existe una verdadera independencia del poder judicial, algo que queda patente (¡con un descaro descomunal!) con el triste papel de la fiscalía  anti(pro)corrupción. El cordón sanitario está ya en marcha, acusarán de todas las plagas de Egipto al ex jugador de balonmano y  aristócrata de nuevo cuño que será juzgado y condenado aunque nada nos garantiza que su estancia en la cárcel sea duradera, más conociendo los vericuetos indultadores del poder ejecutivo en este reino del despropósito.

Pero el fiscal, con su actuación vergonzosa de defensa de la acusada, es decir, de ataque a los intereses del Estado,  ofrece a la sociedad 600.000 razones para expulsar de nuevo de España a la real familia ( no sería la primera vez, recordemos las dos últimas, 1868 y 1931), una por cada euro “desviado”. Una familia, la borbónica, que representa lo peor de una grey de corruptos que ha constituido en España una nueva “Corte de los milagros” valleinclanesca, en donde el saqueo de las arcas públicas ha sido la práctica cotidiana no solo del matrimonio en cuestión sino de todo el entorno real y político del estado.

Acercándonos  a la historia de los exilios borbónicos, parece casi como una broma “El rasgo”, aquel artículo de Castelar denunciando la apropiación de dinero público por la reina Isabel II a propósito de la venta de unas joyas. Aquello era pecata minuta en comparación con esto y, sin embargo, le acabó costando el exilio a la oronda reina. Ahora hay más razones, al menos 600.000.