En este país de desalmados gobernantes, en el que el dinero y el enriquecimiento rápido de una casta insoportable, cual nueva aristocracia, sumerge en la miseria a cada vez más personas, se cierne sobre las sufridas espaldas de los ciudadanos el peso de la total y absoluta impunidad de la clase política y finaciera, que la misma cosa son. Si algo hay que reconocer a esta oligarquía que nos oprime es que fue bastante inteligente para blindar su estatus e impedir que nadie controlara su poder omnímodo. De esta manera resulta casi una necesidad vital el corromperse porque el sistema lo permite e incluso lo fomenta. La corrupción es el motor que hace funcionar este maltrecho estado y los mismos corruptos garantizan su impunidad mediante mecanismos de control del Poder Judicial. Vulgarmente podríamos decir que “se van de rositas“. ¿Y porqué sucede esto?. Intentemos analizarlo y vayamos por partes.
Si en la Constitución se habla de Separación de Poderes está claro que esta queda en agua de borrajas cuando el gobierno (poder ejecutivo) nombra y controla a la Fiscalía General del Estado que se convierte en un monigote al servicio de los corruptos porque la jerarquía y obediencia de los fiscales es total, piramidal. El gobierno de turno nombra a su fiscal general, que va a ser fiel lacayo de sus amos. Cuando llega un nuevo gobierno nombra a otro de su cuerda, que sólo investigará y perseguirá la delincuencia corriente, jamás la que afecte al poder político que lo ha nombrado. Sea PP como PSOE ambos protegen su estátus y se hacen favores mutuos. Tal es el grado de complicidad entre los dos pilares de este régimen. De esta manera vemos con escándalo que la fiscalía se pone a favor del delincuente cuando este es un político importante o algún miembro de la Casa Real. Porque no actúa como un acusador como sería su obligación, con independencia, como sucede de manera casi esquemática, instintiva en otras democracias más consolidadas. Hemos visto recientemente el vergonzoso papel de la fiscalía en Balerares, recurriendo de manera insólita el auto del Juez Castro para salvar de la imputación a la Infanta Cristina. En vez de investigar y apoyar al juez instructor y obedeciendo órdenes superiores, de muy altas instancias se supone, hizo todo lo posible para tumbar el auto del juez y así lo consiguió. Y lo más escandaloso: todo un Fiscal General de Estado vanagloriándose en público ante todos los españoles de que se desimputara a la infanta, es decir, de que una presunta delincuente se fuera de rositas, con su complicidad, le faltó decir.
Para echar de comer aparte es el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces. Es este un órgano judicial absolutamente politizado, manoseado por el poder de la nobleza que nos parasita y aunque es cierto que no puede inmiscuirse en la independencia de cada juez, tiene el poder de sancionar, abrir expedientes y decidir sobre el ascenso de los magistrados en la carrera judicial.¡¡cómo para oponerse a los políticos!!.Sus componentes, a priori personas de reconocido prestigio en lo judicial, son simples correas de transmisión del poder ejecutivo y legislativo, que lo mismo es en esta psedodemocracia. Se trata por tanto de un órgano bajo el dominio de la clase política, de esa casta formada por muy pocas personas que lo decide todo en este país.
En lo que respecta al mal llamado Tribunal Constitucional, denominado jocosamente por algunos humoristas Tribunal Prostitucional, es un mero organismo en manos de los políticos. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Se trata de un organismo no judicial que interpreta la legalidad de las leyes. Controlándolo los gobernantes pueden inflingir la Carta Magna cuantas veces crean necesario. Carta ancha con sus barrabasadas. En este sentido podemos señalar que todos sus miembros son nombrados por el Jefe del Estado a propuesta del parlamento. Otra vez vemos aquí la intromisión de los políticos en un organismo que acaba estando tan politizado que sus resoluciones no dejan de ser ridículas y convenientemente emitidas sin ajustarse muchas veces a lo que dice la Constitución, normativa por la que dicen velar.
Sus miembros, nuevamente, deben ser juristas de reconocido prestigio y, sin embargo, no dejan de ser profesionales de las leyes que deben su cargo a un partido político determinado, conformándose unas mayorías de miembros de los que ya sabemos previamente lo que van a sentenciar, según lo que interese a su señor. El escándalo llega a tintes cómicos, es tan burdo que hasta se ha permitido que lo presida un ex-militante de un partido político, el PP en este caso. Realmente la falta de recato de la oligarquía política no tiene límites aunque hay que reconocer que el resto de miembros sin ser militantes de partidos deben su cargo a sus afinidades ideológicas y servilismo. Si todas las sentencias del Constitucional han respondido a los intereses políticos de cada momento, a las mayorías, ¿qué podemos esperar los ciudadanos?.
Sus miembros, nuevamente, deben ser juristas de reconocido prestigio y, sin embargo, no dejan de ser profesionales de las leyes que deben su cargo a un partido político determinado, conformándose unas mayorías de miembros de los que ya sabemos previamente lo que van a sentenciar, según lo que interese a su señor. El escándalo llega a tintes cómicos, es tan burdo que hasta se ha permitido que lo presida un ex-militante de un partido político, el PP en este caso. Realmente la falta de recato de la oligarquía política no tiene límites aunque hay que reconocer que el resto de miembros sin ser militantes de partidos deben su cargo a sus afinidades ideológicas y servilismo. Si todas las sentencias del Constitucional han respondido a los intereses políticos de cada momento, a las mayorías, ¿qué podemos esperar los ciudadanos?.
Pero no se limita al control vergonzoso del CGPJ y TC la manipulación política de la justicia. Es todo el sistema político español el que configura un círculo vicioso de impunidad, una cuadratura del círculo de fuego de la criminalidad, permitiendo a los supuestos representantes del pueblo delinquir sin temor porque, en España, no existe control del poder, un precepto imprescindible en una democracia que se llame por tal. El control de la fiscalía es grave y el manejo de los órganos de gobierno de los jueces también. Pero tanto más lo es que la justicia sufra una extrangulación de recursos tan miserable y buscada por los gobernantes que produzcan un enlentecimiento de los procesos que acaban por ser interminables. En este modelo la impunidad está casi garantizada porque la escasez de medios es tan grande que vemos casos que ya han cumplido una década y todavía no se ha juzgado al político imputado. Tras muchos avatares llega el juicio pero ellos ya se han garantizado mecanismos varios como puede ser la prescripción de los delitos. El resultado es que en escasas ocasiones un político entra en prisión por delitos de corrupción a pesar de que son innumerables los imputados. Lo peor es que muchas veces estos políticos sacan pecho ante la ciudadanía, cual chulos de barrio, después de haber robado pero no haber podido certificase una condena. Otra de las maniobras típicas de esta mafia bochornosa es, ante una condena, el recurso a una instancia superior (algo legítimo en un estado de derecho) paralizándose temporalmente su ingreso en prisión que en ocasiones acaba por no producirse. Puede darse la paradoja de que un político condenado en firme este muchos años sin ingresar en prisión y que, cuando se resuelve, bien por motivos de salud o por edad ya no se recomiende el acceso a la cárcel, sino que se transforme en otras medidas punitivas. La total impunidad vamos.
Otro aspecto destacado es el aforamiento de “sus señorías”, así como la ininputabilidad del Jefe del Estado. Cuando son sorprendidos en flagrante delito, los padres de la patria deben de ser juzgados en el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia de sus respectivas comunidades después de un largo proceso de investigación e instrucción. Ello alarga sine die los plazos, dificulta la investigación y garantiza unos jueces que pueden ser afines a sus intereses. Respecto al Rey de España no hace falta señalar nada: puede delinquir sin pudor y sin límites ya que jamás podrá ser investigado por nadie.
Otro aspecto destacado es el aforamiento de “sus señorías”, así como la ininputabilidad del Jefe del Estado. Cuando son sorprendidos en flagrante delito, los padres de la patria deben de ser juzgados en el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia de sus respectivas comunidades después de un largo proceso de investigación e instrucción. Ello alarga sine die los plazos, dificulta la investigación y garantiza unos jueces que pueden ser afines a sus intereses. Respecto al Rey de España no hace falta señalar nada: puede delinquir sin pudor y sin límites ya que jamás podrá ser investigado por nadie.
Y, para finalizar, siempre queda, para completar el círculo viciososo de la impunidad, el miserable recurso al indulto administrativo. Es decir que, después de todas las dificultades y palos en la rueda que ellos mismos ponen a la justicia, si se produce la condena y el inminente ingreso en prisión, es este efímero o no se llega a producir por haber solicitado el condenado el indulto. Resulta llamativo como gobiernos de diferente signo político se hacen favores mutuos en lo que respecta a los indultos, otra figura oscura, poco regulada en nuestro país. Vemos con perplejidad que un gobierno del PP indulta a componentes condenados del PSOE ( Barrionuevo, Vera) o de CiU, partido nacionalista catalán, supuestamente rival del primero. Y cómo un gobierno de izquierdas indulta a un banquero en su último consejo de ministros y estando “en funciones” tras perder unas elecciones. Es esta la perfecta cuadratura del círculo, maravillosamente creada por esta casta que domina dictatorialmente a un país cada día que pasa en mayor estado de descomposición. La corrupción huele cada día peor, España huele cada día peor.
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Un comentario sobre “El círculo vicioso de la impunidad política”