España se parece mucho a un narcoestado, si bien nuestros líderes no dirigen organizaciones cuya actividad se centra en la distribución y venta de sustancias prohibidas. Pero las similitudes son evidentes. Veamos:

 

   En España dirige el estado, la administración, un grupo de personas  (los políticos, la oligarquía, la casta) lideradas por un individuo que es el jefe supremo de una organización que él controla desde su cúpula, de manera piramidal, en la que las decisiones se toman de manera dictatorial, sin la intervención de mecanismos democráticos. Esa persona lo decide todo en su organización, su núcleo duro de dirección y elimina a cualquier persona que se salga de las directrices básicas establecidas por él (no físicamente como en el narco, sino políticamente, entiéndase). No basta con que esos partidos elijan a sus líderes por primarias porque, una vez en el poder, ese jefe “democráticamente” elegido (porque habría que controlar si esas elecciones son limpias, si los candidatos juegan con las mismas posibilidades, si hay o no presiones) hará las listas, nombrará cargos y podrá disponer de todo el aparato del partido al que maneja como a una mafia. Siguen siendo organizaciones que delinquen de forma reiterada, lo han venido haciendo y lo seguirán haciendo si no se produce una profunda regeneración que, obviamente, no puede partir de dentro de la podredumbre. Es como si una persona con cáncer fuese curada por metástasis, es decir, por las células que la están matando. Un sinsentido.

 

  En España, por tanto, el Estado está en manos de esas   organizaciones que no son sino grupos de poder que se corrompen y utilizan el dinero negro de diversa procedencia para financiarse y sobrevivir.  Son, por lo que hemos podido saber, redes de blanqueo de dinero, procedente en muchas ocasiones del soborno, que han delinquido y delinquen como lo hacen las mafias, como en el mundo de la droga.  Su funcionamiento está vinculado a infinidad de actuaciones desde la propia administración que dirigen. Los  mecanismos que convierten a España en una especie de narcoestado, de país en manos de unas organizaciones criminales (porque ya está demostrada su actividad criminal) son variados. Algunos ejemplos ilustrativos,  serían los siguientes:

 

   Un particular o una empresa entrega un dinero, una mordida, a un político o un partido que ocupe tal o cual administración. A cambio a ese particular o empresa se le adjudica una obra, de mayor o menor envergadura. Cohecho, malversación, financiación irregular de los partidos, son algunos de los eufemismos que se utilizan para definir esta realidad que es el día a día en todas las administraciones, desde la municipal hasta la estatal. Los partidos además se niegan a aprobar una ley que hagan transparente sus cuentas. Algo lógico ya que ni siquiera existe el delito de financiación ilegal de un partido, solo el que comenten individuos en particular ( Naseiro, Bárcenas, Millet, etc.). Nadie puede acusar como organización a un partido, algo que ni siquiera el narco ha logrado conseguir.

 

  Cualquier obra pública, que parte de un presupuesto licitado, acaba desviándose de una manera desproporcionada, obviamente no por casualidad sino artificialmente, acabando gran parte de ese dinero público en manos de políticos y empresarios corruptos y la mayor parte ocultado en cuentas en paraísos fiscales de imposible o muy difícil seguimiento.

 

  La justicia que debería de ser independiente, lo es solo en parte. Los jueces de instrucción, inamovibles, son difíciles de sobornar. Sin embargo, gracias a la figura del aforamiento, miles de los números de la política y, por supuesto, los líderes de sus mafias, solo pueden ser investigados por los Tribunales Superiores de Justicia de cada región o por el Tribunal Supremo si hablamos de la administración central. Y es escandaloso porque los magistrados que componen esos tribunales son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial que está formado por personas del mundo del derecho que obedecen a los partidos políticos ( las mafias) que allí los han puesto. Por tanto, de manera poco disimulada, las organizaciones corrompidas nombran a los jueces que las pueden investigar y juzgar.  Pero eso no basta. También hay que controlar a la fiscalía y así lo hacen sin disimulo. Cada gobierno nombra a un fiscal afín que, de manera piramidal, controla al resto de fiscales de los tribunales de justicia. El ridículo llega cuando el ministerio público es capaz de pedir la imputación para Urdangarín y, a la vez, recurrir la de su esposa, hermana e hija de los reyes de España. La justicia no es que no sea independiente del poder político, sino que está salpicada, en sus estratos superiores, de la corrupción de los partidos. Además, cualquier juez que quiera ascender y llegar a los Tribunales Superiores, no se arriesgará a ser muy duro contra los mismos políticos que tienen que decidir sobre su promoción (a través del CGPJ).

 

   La fiscalización de las cuentas públicas, a cargo del Tribunal de Cuentas, es tan exigua, tan ridícula que produce sonrojo. Su retraso ronda los cinco años (tiempo suficiente para que muchos delitos hubiesen prescrito). Pero es que, además, el propio Tribunal está compuesto, en su parte orgánica, por una cohorte de amigos, familiares y enchufados que han accedido a su puesto sin opositar, o con procesos dirigidos desde la cúpula. Ni que decir tiene que la cúpula de dicho tribunal es elegida políticamente, es decir,  por los jefes de las bandas corruptas.

 

  Para mayor escándalo, el Jefe del Estado, que no tiene el poder ejecutivo y, por tanto, no debería de corromperse no es que, como los políticos, sea aforado. No, es mucho peor, es inviolable e inimputable, lo que le da la posibilidad de delinquir y no ser investigado por ningún organismo judicial. Ejerce por tanto un poder opaco, oscuro que resulta lógico en un Estado como el español. Sus propios presupuestos ( hechos públicos desde hace un par de años, justo cuando estalló el caso de su yerno e hija) tampoco quedan del todo claros al introducirse innumerables partidas económicas dentro de otras destinadas a diferentes organismos. 

 

  Finalmente, para mantener una imagen falsa, de pulcritud y de lucha contra la corrupción de la que viven, utilizan al que debería ser en un país democrático el “cuarto poder”, es decir, los medios de comunicación, a través de los cuales blanquean sus actividades delictivas.  En especial  los públicos que están directamente bajo su control. Pero también mediante la subvención, la publicidad institucional, y chanchullos varios, consiguen que la prensa dependiente de grupos empresariales, oculte sus actividades delictivas o en todo caso, las edulcore, de manera que la población siga comprando “el producto” de que vivimos en un país normal, dónde se lucha contra la corrupción y dónde las instituciones son límpidas y transparentes, en especial, la jefatura del estado. Sólo algunos medios filtran parte de las heces que saturan las cañerías del estado. Esos medios que arriesgan son dignos de elogio, aunque cada vez son menos. La mafia tiene el suficiente dinero como para comprar también a muchos periodistas que repiten consignas que se elaboran cada mañana en los gabinetes de comunicación de las organizaciones delictivas, de los partidos. Esos “maitines” o reuniones del café tan tradicionales en este país. Después, a las televisiones a intoxicar y maquillar al cadáver podrido de la nación. De la utilización expúrea de las fuerzas de seguridad y los servicios secretos mejor no hablar.

 

 Por todo ello España se parece mucho a un narcoestado, pero sin narco. A un territorio pasto del soborno, el cohecho, la corrupción generalizada, el amiguismo, la opacidad. A un país que solo tiene de europeo su situación geográfica. Por eso algunos escritores vulgares ya no llaman España a este país sino Hezpaña ( de hez, excremento, morralla, escoria). ¿Llegará algún día ese olor a la Europa que mira para otro lado?. Esa es la duda.

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