Al margen de que Cataluña haya sido en esta ocasión el motor, el origen de lo que se puede considerar ya una ruptura “de facto” del marco constitucional, es evidente que la Carta Magna no puede seguir siendo ya nuestra ley de leyes por esa y otras circunstancias. Necesitamos una reforma en profundidad que, como es imposible de sacar adelante en las actuales circunstancias, conduce inexorablemente a un proceso constituyente. Por desgracia España,  país de apaños y remiendos, podría envolverse sobre sí misma y llevar a cabo sólo cambios estéticos.  Ese es el gran peligro de un régimen controlado por los partidos y no por la ciudadanía, por la “nación” política. De ser así veríamos prolongarse unos años más la agonía en la que nos encontramos.

Cataluña será independiente antes o después. Es un hecho imposible de obviar, como lo será Escocia o Quebec algún día. La cuestión es si podemos continuar, durante un tiempo más o menos prolongado, con la unión territorial, algo que nos conviene al conjunto de los españoles, ahora y en el futuro más próximo. Ello será solo posible si el estado, y únicamente el estado, cede y abre el melón constitucional. Entonces Cataluña tendrá que ceder también. Pero si el conflicto se prolonga en el tiempo esto no hará más que traernos más y más dolor colectivo y, por supuesto, hartazgo en España y, sobre todo, en Cataluña. No deberíamos olvidar la alta abstención en reiteradas elecciones catalanas y en la reciente “consulta” o lo que quiera que haya sido esa votación sin censo ni interventores. En cualquier caso no deberíamos despreciar los datos oficiosos del gobierno catalán porque revelan un potente movimiento por la independencia, más fuerte que nunca.

Es cierto que “el problema catalán” lleva abierto, al menos 150 años. Yo creo que es un problema irresoluble, como pensaba Manuel Azaña y buena parte de los políticos progresistas de la II República. Sin embargo siempre se ha conseguido un reacomodo, una cesión, un nuevo pacto (el último ya está roto: Constitución del 78 y estatuto de autonomía). Creo que es posible un nuevo pacto que prolongue el problema hacia delante. Es a lo máximo que puede optar el estado español. Dar una patada hacia delante, contentar a los nacionalistas y al resto de catalanes y continuar todos unidos, muy a pesar de los ultras de aquí y de allí.

Y a fe de las tendencias políticas y las modas, muchos de los que el Domingo votaron Sí-Sí, cambiarán de idea, dejarán el independentismo y abrazarán de  nuevo el nacionalismo. Son ciclos que se suceden al calor de las crisis económicas y sociales y hay que reconocer que la actual es excepcionalmente grave. Pero se puede superar, como ya se ha hecho en numerosas ocasiones, con el diálogo. ¿O acaso el nacionalismo catalán de derechas e izquierdas no estuvo representado en la ponencia constitucional del 78?. Es cierto que el órdago actual es rupturista pero el gobierno central debería de mover ficha y propiciar puntos de encuentro.

Sin embargo, al margen de que Cataluña vaya a seguir en España durante más tiempo o la cuerda se acabe rompiendo de tanto tensionarla, resulta urgente abordar de una vez la reforma territorial del Estado, no para que encaje Cataluña sino para que España tenga cierto sentido como unidad. Veamos:

El reciente proceso de participación celebrado en Cataluña utilizado por unos y otros como arma arrojadiza no hace sino agudizar la enfermedad de un modelo de organización territorial que nació con graves defectos asociados a esa frase que se hizo popular del “café para todos”, un modelo de generalización de las autonomías que ha resultado un verdadero fiasco.

Los errores históricos no siempre son irreversibles. Los cambios territoriales impuestos en la Transición, muchos de ellos bajo el ordeno y mando del compadreo partidocrático, sin apoyo popular real, impusieron un modelo federalizante de autonomías de dos velocidades, una asimetría que ha continuado hasta el presente. Este modelo se revela como mal articulado y lo podríamos tildar de “federalismo vergonzante”, pues no utilizaba la terminología federal pero dejaba la puerta abierta para el vaciamiento de competencias estatales y la acumulación de estas en las autonomías.

De facto, aunque no se pensara en principio, se acabó traduciendo en un modelo federal pero en el que las partes y el todo, España, no acabaron de creérselo, de cerrar el modelo, de asentar un sentimiento de unidad federal, que es en definitiva el federalismo, un proceso de unidad de partes en un todo, si bien lo más habitual es que la federación surja de la anexión de territorios independientes y no al contrario.  

   La idea básica del pacto (eso sí, a espaldas de la ciudadanía) era la de reconocer, en una España descentralizada, la importancia histórica de territorios con unas características nacionales muy acentuadas y que habían gozado de autonomía durante la II República pero sin que se notase mucho, casi de tapadillo.  No olvidemos la pervivencia ahora y entonces más de una España arcaizante y ultranacionalista incapaz de pensar en una nación de ciudadanos y no en una nación autoritaria, origen último del estado español moderno.

  El modelo autonómico actual construido con la cesión de competencias estatales pero sin la supresión de organismos que finalmente se solapan con los nuevos resulta inadecuado e ineficaz. Al final nos encontramos con diecisiete entes autónomos dentro de los cuales el estado sigue manteniendo su administración anterior. Eso no es federalismo, eso es centralismo más federalismo, es decir, es una chapuza. Y las chapuzas se pagan caro, demasiado caro.

  Las autonomías que sentían un fuerte sentimiento nacional en el 78 todavía lo han acrecentado más precisamente por ese intento de disolución en el todo, de no diferenciar claramente desde el principio, sin que por ello tengamos que depositar más recursos o competencias en los territorios llamados históricos ( aunque siempre consideré históricas a todas las regiones españolas).

Es posible que el circo montado por Artur Mas en connivencia con Mariano Rajoy (todavía no nos han aclarado las negociaciones bajo manga que sabemos que se han producido) tenga como objetivo final una reforma federal de la constitución, como ya pronostiqué hace tiempo. Ese 23-F tan repetido de Felipe VI. De no ser así no se comprende la pasividad de Madrid ante el desafío soberanista.  En mi opinión ha quedado claro que había un pacto implícito, desde las impugnaciones al Tribunal Constitucional para declarar ilegal el referéndum hasta el dejar hacer a Mas para que los catalanes independentistas desfoguen su furia contra el Estado. Y no sería de extrañar que hasta el resultado en participación y voto esté arreglado de alguna manera: que salga un gran apoyo a la secesión pero con una abstención muy alta. Todo es posible puesto que no existía un control democrático, algo denunciado incluso por algunos de los participantes en el proceso hacia la independencia.

Pero a pesar de todos estos movimientos en la sombra, o quizás por ello, creo que es urgente un replanteamiento del modelo territorial. Creo que es insoslayable el proceso hacia un modelo federal de verdad, pero con un federalismo que sea completo, no de boquilla, no para seguir igual pero cambiando el nombre, como plantean algunos partidos que se dicen de izquierdas. Ese nuevo modelo deberá distinguir sin privilegiar las naciones (culturales) que componen la nación española y que, de paso, elimine autonomías innecesarias y las obsoletas y decimonónicas diputaciones provinciales. Ello no supondría la desaparición de la nación española en ningún caso. ¿Acaso Estados Unidos, Canadá o México están en peligro de disolución nacional porque hayan reconocido derechos nacionales a las culturas indígenas?. No son casos comparables pero hemos de pensar que dentro de una nación política puede haber otras naciones, políticas o culturales. Esta idea, difícil de asumir fuera de Cataluña y País Vasco, es la clave para evitar malentendidos futuros. No se romperá nada, España como nación y como estado seguirá existiendo, incluso en el caso de que una parte de su territorio se separe. ¿Dejó de existir España cuando Felipe V cedió Gibraltar a Inglaterra?. Es cierto que habría conflicto pero no ruptura de realidades preexistentes. Hay que dejar atrás los dogmas.

La pregunta ahora sería si se puede hacer la reforma, si es viable y en qué sentido se debe de hacer para no volver a repetir la chapuza de la Transición. No deberíamos sentirnos agraviados porque hayan sido los catalanes los impulsores, los agitadores del árbol, por decirlo de alguna manera. Hay que reconocer que el árbol se estaba secando y sus raíces no alcanzaban ya la vitalidad necesaria para salvar el conjunto sin una poda a destajo, algo que por cierto nadie desea (tampoco las fuerzas vivas del catalanismo y la mayoría de los ciudadanos catalanes). En caso de respuesta afirmativa, es decir, de que de verdad Madrid coja el toro por los cuernos y encabece un proceso de reforma constitucional o, si lo queremos un nuevo proceso constituyente, en el ámbito territorial será necesario plasmar una vía nueva hacia un sistema nuevo, llamémoslo federal si queremos, pero de verdad, no vergonzante.

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