02 de diciembre, 2015. El presidente de la Cámara Federal de Diputados en Brasil, Eduardo Cunha (PMDB), acoge la solicitud de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT). Este es el comienzo de una especie de “golpe institucional”, es decir, un golpe parlamentario-judicial, sin el protagonismo de militares, que todavía cuenta con la participación activa de los medios, los patrones y sectores reaccionarios de las élites.
Con ello, Brasil pasa a integrar un nuevo “linaje” de golpes contra la democracia. Igual que este, conocemos otros procesos, luchamos juntos, les regalamos solidaridad: Honduras, 2009; Paraguay, 2012; Guatemala, 2015. No se les debe olvidar. Ellos apuntan rutas para pensar el caso brasileño. Así nos dice Jean Tible, académico de la renombrada Universidad del Estado de San Pablo (USP), en un buenísimo artículo en el cual nos explica con detalles el proceso brasileño de ruptura democrática.
Tenemos delante de nosotras/os una cuestión muy compleja. Un golpe articulado entre el Legislativo, los grandes monopolios de comunicación y la Corte Suprema de Justicia. El Legislativo se mostraba, hace mucho tiempo, insatisfecho con los resultados de las urnas y con la mala dinámica de interlocución con el Ejecutivo, además de preocupado con las investigaciones en su contra (y que contaban con el apoyo de la presidencia). Al mismo tiempo, este poder compartía con los medios el compromiso de protección del interés de las corporaciones nacionales e internacionales.
Como en el pasado, los medios trajeron para el campo de apoyo al golpe las clases medianas, sobrecargadas por políticas fiscales y monetarias poco osadas, que insistieron en no enfrentar los poderes económicos de los grandes para hacer una redistribución tributaria más igualitaria, regresiva.
En esto consistió la política de conciliación del proyecto “lulista”, es decir, del PT con Lula, que prometiera un horizonte económico distributivo de “gana-gana”. No una redistribución, pero una distribución que englobaba desde los pobres, con la creación y perfeccionamiento de un coyunto de políticas sociales, hasta la protección aún más fuerte, con participación directa del estado, a la propiedad y a los derechos de lucro acumulación de los más ricos. Este límite siempre estuvo claro mismo en los debates internos del PT, lo que, todavía, no contribuyó para que se vislumbrara la autocrítica partidaria y del gobierno.
Los magistrados de la Corte Suprema tuvieron una vergonzosa participación en el golpe. Igual que en otros momentos (1964, por ejemplo), trabajaron en aparcería con los golpistas de primera hora para construir una imagen de legalidad capaz de neutralizar opiniones negativas por parte de la comunidad internacional y asegurar el reconocimiento del nuevo gobierno. Evidentemente, en esta tarea también participan fuerzas externas interesadas en el golpe. Lo cierto es que, si se acompaña el movimiento de negocios de las grandes petroleras internacionales, bien pronto, será posible darse cuenta de lo que estuve en juego con este golpe. Todo es una farsa, tal cual proclamó el periódico francés Le Monde.
Con todas estas contradicciones, la acusación contra Dilma es débil y absolutamente insustentable. ¿Qué es invocado contra ella? Formalmente, el juicio trata de algunas maniobras fiscales, más o menos ordinarias respecto al manejo presupuestal. Ello lo demuestra una rápida mirada a las cuentas públicas, con base en la cual es posible atestar este tipo de contabilidad en todos – repito, todos – gobiernos democráticos desde la década de 1980. ¿Y qué dicen los congresistas cuando provocados a presentar sus razones y análisis sobre todo este proceso? Dicen que Dilma no consiguió darle un rumbo al país, tampoco alguna perspectiva de salida a la crisis económica. Esto, es decir: Tenemos la aplicación de un tipo de solución parlamentarista a un régimen presidencialista.
Rose de Freitas, la líder del gobierno interino en el Senado, o admitió. Dijo: “no tuvo ese asunto de las ‘pedaladas fiscales’, nada de eso. Lo que tuvo fue un país paralizado, sin dirección y sin base ninguna para administrar.” ¿Entonces no tiene razón la defensa de la expresidenta al argumentar que no se cumplió el debido proceso legal y que, sin embargo el derecho de hablar para los micrófonos del Legislativo, no se logró garantizar a Dilma una defensa plena? ¿Cómo defenderse de acusaciones que no constan en los autos procesuales? En algunas de las sesiones de interpelación de testigos era posible ver el pleno vacío. En el Senado, por ejemplo, de un total de 81 representantes, hubo días de registrarse la presencia de unos 15, quizás, 20, 25 congresistas…
Lo grave del golpe en Brasil tiene que ver con su impacto para la política regional y la geopolítica global; con la amenaza que ronda la continuidad de la integración y de la llamada cooperación sur-sur; con sus consecuencias en términos de los avances del neoliberalismo financista y, por supuesto, con la amenaza a la posibilidad de desarrollo autónomo de los países periféricos; con la pérdida de derechos sociales y el combate a las desigualdades; con la simbología política que moviliza, o sea, a una percepción de instituciones frágiles, a la cual se suma la memoria de los tristes tiempos de dictadura que acreditáramos haber dejado para la revisión histórica.
31 de agosto, 2016. Se llevaba pocos días de cumplir nueves meses del juzgado. Era hora del almuerzo cuando se anunció que, finalmente, se había revocado el mandato presidencial de Dilma. Dos días antes, Dilma se había presentado ante el Senado. Como siempre un tipo honesto, fuerte, segura de que cumpliera su misión sin violar las normas del servicio público. Un poco irónica, habló en una sesión que alcanzó las 13h entre discursos e interrogatorio. Pero su sentencia ya había sido predeterminada por sus jueces. En aquella semana decisiva, antes mismo de la votación final, todos grandes periódicos estampaban portadas que daban por cierto el alejamiento de la presidenta, una cuestión de tiempo…
Mientras tanto, Cunha, aquél que acogió el pedido de impeachment, sigue sin conocer su destino. Justo él quien se vio obligado a retirarse debido a una investigación en marcha que o involucra a acusaciones de que recibió millones de dólares en sobornos. Se espera su juzgado, aún incierto, para el día 12 de septiembre, un lunes, tradicionalmente día deserto en Brasilia… O sea: probable que “lamentablemente” no se logre el “quorum mínimum”. Este señor y su esposa estuve en la cárcel. Volvió a las calles en provisional. Estuvo prófugo. Se ocultaba para no recibir el orden para comparecer a su juzgado. Cobarde. Morirá una muerte política indigna.
04 de septiembre, 2016. Multitudinarias manifestaciones por la democracia, por nuevas elecciones, contra el impeachment. En varias de las grandes capitales del país se pudo observar alrededor de 10 mil personas por acto público. En San Pablo, se estimaron 100 mil presentes. Un bonito y sangrento domingo en la grande selva de piedra brasileña. A partir de órdenes que, muy posiblemente, partieron del Ministerio de la Justicia y contaron con el apoyo del gobierno provincial, la Policía Militar (PM) protagonizó cenas de guerra contra activistas. Violencia estatal desmesurada, agresión pura y simplemente. Muchos heridos, herimientos graves. A la semana anterior, una chica ya había perdido la visión en su ojo izquierdo. Con apenas 19 años, fue alcanzada por un proyectil no letal de la PM. A la vez, 26 encarcelados/as políticos/as. Estuvieron por toda la noche y madrugada presos y totalmente incomunicables sufriendo todos tipos de abusos. Una cualidad de represión digna de un estado de excepción, ¿no?
Discurso de defensa de Dilma Rousseff en el Senado:
Políticos del PT bajo los proyectiles de gas lacrimógeno lanzados por la Policía en São Paulo:
Fotografía de Senado Federal